Del cierre a la reforma, de la reforma a la decadencia. Así podría titularse la película si se hiciera cine sobre la deriva de los registros del Automotor en los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Al igual que en otras áreas clave, el oficialismo apela a títulos catástrofe ante la incapacidad de administrar al Estado. Mientras tanto, sordos lobbies oír se dejan en la carrera subterránea por un negocio millonario.
La Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) estuvo históricamente vinculada, por despecho o conveniencia, a la opacidad y al supuesto manejo, pocas veces probado, como una caja de financiamiento político. Producto de esa historia, durante la campaña electoral, Milei relacionó a los registros con la "casta política" y prometió eliminar la dirección que depende del Ministerio de Justicia y, por lo tanto, los sellos e impuestos que se cobran por sus trámites.
Sin embargo, en el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que está pendiente de ser tratado en el Senado, el Presidente moderó su propuesta y apuntó a reformar el sistema mediante un “registro remoto, abierto, estandarizado y accesible”. En otras palabras, lo que era la eliminación del sistema pasó a convertirse en una reforma que tiene como objetivo principal la digitalización de los trámites, no su supresión.
Donde hay una necesidad, hay un negocio
El ideólogo de la digitalización del Estado es Federico Sturzeneger, el exfuncionario macrista que supo ganarse la confianza de Milei presentando un megaplan de reforma del Estado que encandiló al jefe libertario. El problema del plan es que, además del costo social del ajuste estatal, parte de pragmatismos y premisas poco compatibles con la realidad de los organismos.
Sturzeneger vendió la idea de cambios rápidos y sencillos a través de procedimientos informáticos que romperían la estructura de los registros y abarataría los costos de gestión. La realidad es que el sistema funciona hoy como asociación entre el Estado (vía la DNRPA) y el sector privado, encarnado por los titulares de los registros, elegidos desde 2003 por concurso público, en un esquema que se completa con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), un ente cooperador que maneja la venta de formularios oficiales impresos en la Casa de la Moneda y se los provee a los encargados de los registros.
El funcionamiento de ese circuito administrativo ya avanzó en la digitalización de la mayoría de los trámites, lo que generó suspicacias en torno a la insistencia oficial sobre el tema. El panorama pareció aclararse cuando el presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri participó de varias reuniones con "especialistas informáticos" que, en realidad, eran técnicos de la empresa NTT Data.
La compañía española es conocida popularmente como Everis, el nombre con el que operó durante 25 años hasta que en 2021 cambió su denominación. Como una de las principales empresas proveedoras de servicios informáticos, suele disputar el nicho estatal y privado local con Indra, otra TIC ibérica que prestó servicios en las últimas elecciones nacionales. Atentos a esto, en la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona optaron por conformar un comité de especialistas para evitar imposiciones externas y, al mismo tiempo, cumplir con lo encomendado por el Presidente.
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Crisis de caja
Más allá de la comunicación oficial de la semana pasada, el entorno del ministro de Justicia mantiene silencio sobre la obligada marcha atrás que tuvo que dar Cúnero Libarona en la actualización de las tasas de los registros, que le dio una nueva estocada al sistema.
El 16 de abril, el Boletín Oficial oficializó un aumento de entre un 100% y 300% de los aranceles de 43 trámites y una suba de los ingresos que perciben los titulares de los registros, que estaban frenados desde octubre del año pasado.
Hoy, el costo de transferencia representa, como tasa registral, entre un 1,5% y 2,5% del valor del auto, pero de esa tasa el 70% de los fondos va como contribución al Ministerio de Justicia. Así, el cuestionado sistema funciona y le provee a ese organismo más de 30.000 millones de pesos mensuales, mientras que los registros, que vienen reclamando una actualización, sostienen que, del 7% que se calcula que se tributa en tasas al momento de transferir o adquirir un auto, los titulares de los registros perciben sólo un 1,5%. El resto son impuestos que dependen del Estado nacional o de estados provinciales.
"Con el congelamiento y la caída de las ventas de autos, nadie quiere un registro. De hecho, se produjeorn más de 20 renuncias desde que asumió este gobierno y la cosa va a ponerse peor. Se va a ver perjudicado el servicio de manera real", advierte un exfuncionario que fue tuvo despacho en el ministerio en tiempos del macrista Germán Garavano.
Danza de nombres de Javier Milei
En el estribo de sus primeros seis meses, poco y nada se ha avanzado en la reforma de lo que el Presidente planteó como uno de los nichos financieros de la "casta política", al punto de que aún no fue designado el titular de la Dirección Nacional y la danza de nombres sigue abierta.
Uno que sonó para esa oficina es Rodrigo Puértolas, un abogado que fue funcionario del gobierno de Alberto Fernández como jefe de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, bajo el mando de Matías Kulfas primero y de Sergio Massa después. Militante del PJ porteño, desarrolló su actividad profesional vinculada a asociaciones de consumidores y realizó demandas contra diferentes terminales automotrices por cobros indebidos, algo que generó resistencia en el gobierno ultraderechista.
La otra opción que se hizo fuerte en las últimas semanas es la de Porfirio Carreras, un abogado reconocido del sector. Alter ego del escribano Mariano Durán, el creador del sistema de registros del Automotor y de la Ley de Entes Cooperadores, es uno de los hombres con ascendencia en la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor, uno de los organismos satélite del mundo de los registros.
