El gobernador avanza con una estrategia que combina presión judicial y política. El paso a paso para forzar internas o abrir la puerta a una intervención.
Gustavo Sáenz dice que no se reconoce peronista ni forma parte orgánica del PJ, pero el gobernador de Salta está en el centro de la disputa por el control del partido en su provincia. Tras la intervención de la Justicia en Jujuy, el saencismo replica movimientos para llevar la interna al terreno judicial para forzar una definición a su favor.
Luego de la validación judicial de los nuevos interventores designados por la conducción nacional que responde a Cristina Fernández de Kirchner y la presentación de un cronograma para la normalización, el saencismo trabaja sobre una secuencia calculada que combina decisiones judiciales, respuestas políticas y una lectura estratégica del momento del peronismo.
Después de haber logrado “meter una cuña” en Jujuy, la dirigencia cercana al gobernador ensaya en Salta una maniobra de mayor escala, dado que busca disputar el Partido Justicialista desde adentro, pero con la Justicia como campo de batalla.
Todo comenzó con la resolución de la Secretaría Electoral que, a fines de marzo, formalizó el recambio de interventores del PJ salteño. Por decisión de la conducción nacional y fruto del acercamiento entre CFK y Juan Manuel Urtubey, Pablo Kosiner y Nora Cannuni, reemplazaron a Sergio Berni y María Luz Alonso. En ese mismo reconocimiento, el juzgado introdujo una condición clave y en un plazo de cinco días obligó a los nuevos interventores a presentar un cronograma electoral para la normalización del distrito.
La exigencia no fue menor. Un cronograma electoral implica algo más que una hoja de ruta: supone fechas concretas, etapas definidas y, sobre todo, una convocatoria efectiva a elecciones internas.
En rigor, se trata de una herramienta que le permite a la Justicia controlar el proceso y garantizar que la intervención tenga un horizonte cierto. Lo que la vuelve el corazón del conflicto en el que los peronistas que responden al gobernador vienen resistiendo desde hace tiempo.
Kosiner presentó un informe de gestión que incluyó el cronograma. En el documento se describe una serie de acciones previas a la convocatoria, como la evaluación integral del padrón, la incorporación de nuevos afiliados, la estimación presupuestaria del proceso electoral, el dictado del reglamento interno, la designación de la Junta Electoral y una ronda de consultas con los distintos sectores del peronismo en los 23 departamentos y 60 municipios de la provincia.
Recién al final aparece una fecha tentativa de los comicios, dispuestos para el 25 de octubre de 2026.
Desde el saencismo aseguraron que el problema no es sólo el plazo, sino el lenguaje. “Nos proponemos”, “estimamos a priori”, “podría llevarse a cabo”. Advirtieron que el informe está construido sobre hipótesis, no sobre decisiones. En términos jurídicos, dicen, carece de ejecutividad; pero en términos políticos, abre un flanco.
Lo que para la conducción nacional puede ser una estrategia de ordenamiento, para el saencismo es la confirmación de una maniobra dilatoria para ganar tiempo, reconstruir la estructura partidaria, evitar impugnaciones futuras y, eventualmente, conservar la lapicera para los tiempos electorales que obliguen a tomar decisiones.
Ahí entra en escena Esteban Amat Lacroix, una pieza clave del entramado local alineado con Sáenz, que preside la Cámara de Diputados de Salta y fue el titular desplazado del distrito cuando la conducción nacional definió la intervención. Mediante una presentación en la Justicia, cuestionó el informe de los interventores e intentó desarmarlo punto por punto.
Según entiende, lo presentado no constituye un cronograma electoral, sino una planificación interna sin efectos jurídicos. Es, dice en el escrito, un “cumplimiento meramente formal y defectuoso” de la orden judicial. Pero el argumento central va más allá de la forma porque Amat también cuestiona el tiempo político de la intervención. Recordó que la medida en la provincia se dio en 2025 por un plazo de un año, con vencimiento en mayo de 2026. Sin embargo, el cronograma de Kosiner proyecta las elecciones para octubre de ese mismo año, es decir, varios meses después de finalizada la intervención.
Para el saencismo, ese desfasaje no es técnico, sino político. Varias fuentes del sector le aseguraron a Letra P que Urtubey, a través de Kosiner, solo intenta extender de hecho una intervención que, por definición, debería ser transitoria. Y así, ganar tiempo.
A partir de ahí, el escrito escala en su pedido. No solo solicita que se desestime el cronograma, sino que exige la convocatoria inmediata a elecciones internas con fecha cierta. En ese sentido, advirtieron que si eso no ocurre, están dadas las condiciones para avanzar hacia una intervención judicial del PJ salteño.
La reciente intervención judicial en el PJ jujeño, definida por el juez Eduardo Hansen, sobrevuela ahora en la vecina provincia de Salta. En Jujuy, la vía judicial terminó siendo el mecanismo que reordenó la interna peronista, hasta ahora, poniendo en jaque el manto de protección con el que gozaba La Cámpora y habilitando una nueva correlación de fuerzas con la senadora Carolina Moisés a la cabeza. Como si eso fuera poco, el interventor es un hombre de confianza de Sáenz, Ricardo Villada.
Lo mismo busca impulsar el saencismo en Salta con una estrategia que busca correr el eje de la política partidaria hacia los tribunales, donde el poder territorial puede encontrar nuevas formas de incidencia.
Lo cierto es que lo que está en juego es el control del peronismo salteño en un contexto de reconfiguración nacional que replica en el norte la vieja pelea que protagonizan Urtubey y Sáenz. Sucede que con un PJ nacional atravesado por tensiones internas y un escenario político fragmentado, llevando a que el dominio de las estructuras provinciales se vuelve clave.
Para Sáenz, avanzar sobre el PJ no es solo una cuestión partidaria, sino que significaría consolidar poder político en la región y volverse la cara del nuevo peronismo sin ser peronista, según sus propias palabras. Para eso, la vía judicial aparece como una herramienta cada vez más central.
