Para Patricia Bullrich y su equipo, la búsqueda de nietos y nietas robados durante la última dictadura es “un capricho político”. En línea con el desprecio con el que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel se refirieron siempre a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, la ministra de Seguridad se negó a aportar información solicitada a la cartera por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), el organismo técnico que desde el Poder Ejecutivo trabaja hace más de 30 años para encontrar a los más de 500 bebés apropiados durante el genocidio.
"No vamos a exponer datos personales de los miembros de nuestras fuerzas por caprichos políticos de un organismo militante", se titula el comunicado que la cartera que dirige Bullrich distribuyó a primera hora de la mañana del lunes a través de sus cuentas oficiales en redes sociales. Allí informó que, a través de una nota, Bullrich y su jefe de Gabinete, Carlos Manfroni –que proviene del riñón de la vicepresidenta–, rechazaron aportar “datos personales” de efectivos de las fuerzas que dependen de ese ministerio en “70 expedientes” remitidos por la CONADI.
La nota fue presentada formalmente el domingo por la tarde. La CONADI viene solicitando la información rechazada desde hace tres meses. El pedido es mucho más amplio que esos “70 expedientes” a los que se refiere el violento comunicado de Bullrich y está enmarcado en el funcionamiento que el organismo sostiene desde su creación, hace más de tres décadas, con el objetivo de investigar posibles casos de apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado.
Rechazo a la respuesta de Patricia Bullrich
Para la ministra y su jefe de Gabinete, las solicitudes “infundadas” de información que realiza la comisión están “fuera de lugar” y son “exorbitantes”. Manfroni es un abogado que compartió con Villarruel la dirección del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, la ONG desde la que la vicepresidenta cabalgó su negacionismo plagado de ataques a organismos de derechos humanos y sus referentes.
En su estrategia mediática, Bullrich buscó justificar su postura en el resguardo del derecho a la identidad y a la protección de datos personales de las fuerzas de seguridad.
Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MinSeg/status/1795090592935956573&partner=&hide_thread=false
Desde el desembarco de La Libertad Avanza en el Gobierno, el de Bullrich es el segundo rechazo a aportar información que recibió la Comisión. En febrero pasado el ministerio de Defensa respondió con un rechazo con los mismos argumentos que Seguridad –protección de los datos personales de efectivos de las fuerzas armadas, carácter no judicial del ente requirente– a uno de los tantos pedidos de información. La cartera que conduce Luis Petri, no obstante, no hizo del tema una estrategia de posicionamiento violento y público contra el organismo, como sí pareciera haber elegido la cartera de Bullrich.
“Organismo militante”, descalificó Bullrich a la CONADI, que suele solicitar información a varias áreas del Estado en el marco de sus funciones. Fue creada en 1992 a instancias del Estado argentino en cumplimiento con la Convención Internacional por los derechos del niño y por iniciativa de Abuelas de Plaza de Mayo, que por entonces lleva a cabo en soledad la búsqueda de sus nietos apropiados.
Son hoy 133 los hallazgos que han logrado desde su fundación, en 1977; se calcula que hay otros 300 hombres y mujeres –de entre 40 y 47 años en la actualidad– que aún desconocen su origen. La CONADI intervino en muchas de las restituciones emanadas de la búsqueda de las Abuelas. También trabajó en la confirmación de que varias de las mujeres que fueron secuestradas embarazadas durante la última dictadura fueron asesinadas antes de dar a luz.
Dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y dirigido por Claudia Carlotto, el equipo que compone la comisión trabaja dentro de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos. El secretario del área, Alberto Baños, es, de hecho, su presidente. No se trata de un ente jurídico o penal, sino técnico. Sus investigaciones están concentradas primordialmente en el entrecruzamiento de datos para coordinar tareas con Abuelas de Plaza de Mayo y el Banco Nacional de Datos Genéticos. La persecución penal en el marco de la búsqueda de nietos y nietas apropiados la encabeza la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños y Niñas durante el Terrorismo de Estado, a cargo del fiscal federal Pablo Parenti.
