El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli consiguió ser reelecto como presidente de la comisión de Justicia con el respaldo de sus colegas de Juntos por el Cambio, que hace un mes le habían frustrado el primer intento de continuar, al dejarlo sin cuórum. En aquella oportunidad, el bloque opositor no quiso asistir cuando sus integrantes se enteraron que el Frente de Todos no tendría a todos los suyos. Era fácil saberlo: en cada despacho hay una pantalla que informa los senadores que están presentes en el palacio.
Este miércoles cambiaron la actitud y ayudaron con la presencia de Guadalupe Tagliaferri (PRO), Pablo Blanco y Eduardo Vischi (UCR), quienes votaron como vice de la comisión a la tucumana Beatriz Ávila, del PRO.
No fueron los dos exoficialistas que integran la comisión: Edgardo Snopek y Edgardo Kueider. En febrero, junto a María Eugenia Catalfamo y Carlos Espínola abandonaron el Frente de Todos y armaron el bloque Unidad Federal con la cordobesa Alejandra Vigo.
Parrilli era una de las figuras más resistidas por los cuatro exFdT, por su ímpetu para imponer una agenda de leyes que se aprobaban con mayoría ajustada en el Senado y luego quedaban cajoneadas en Diputados. No podrá repetir ese ritmo este año, porque la comisión de justicia sólo podrá funcionar con ayuda de la oposición.
El primer debate
Parrilli no se quedó quieto y convocó a una reunión el próximo jueves para iniciar el tratamiento de la ley para combatir el lavado de activos. Es un reclamo del Grupo de Acción Financiera, el GAFI, que amenaza con bajar la calificación de Argentina si este proyecto no está sancionado antes de septiembre. En Diputados, el tratamiento de este proyecto expuso las diferencias en Juntos por el Cambio: mientras que el PRO lo apoyaba y hasta trabajó en su última redacción, la Coalición Cívica presentó un dictamen propio y logró arrastrar a la mayoría de los radicales.
Fue aprobado con 111 votos oficialistas y 96 rechazos, la mayoría de JxC, que de todos ayudó con sus ausencias. Si se levantaban de sus bancas, no había cuórum. El PRO logró que eso no ocurriera e intentará en el Senado que la ley se sancione. A sus candidatos presidenciales no les convence asumir con una baja calificación del GAFI.
El proyecto finalmente aprobado actualiza las terminologías del Código Penal para combatir las nuevas estructuras de lavado de activos y la financiación del terrorismo; suma sujetos obligados, como las personas jurídicas que custodien valores (profesionales independientes) y aumenta las multas de 300 mil pesos a $12 millones, con un índice de actualización por salario mínimo, vital y móvil para que no vuelva a desactualizarse.
Se crea un registro nacional de beneficiarios finales para concentrar en la AFIP la información de sociedades que puedan participar del lavado de activos; y otro de proveedores de servicios virtuales, que deberá supervisar la Comisión Nacional de Valores (CNV) y tendrá la misión de seguir el rastro de las criptomonedas, uno de los activos predilectos para esconder activos.
También suma atribuciones a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo local encargado de combatir el lavado. Se le otorga autarquía funcional y financiera, personería jurídica propia y se mejoran las audiencias públicas para seleccionar personal, que seguirá seleccionado por el gobierno de turno.
Aquí está la principal resistencia de Elisa Carrió, quien propuso a través de sus diputados que la UIF pueda querellar en las causas judiciales y que sus integrantes sean elegidos por un concurso público regulado por una comisión ad hoc con predominio de jueces.
Además, proponían que fuera integrada por dos miembros de la Corte Suprema, dos del Consejo de la Magistratura elegidos por dos tercios, dos de la Procuración y otros por el Ministerio de Economía, la Cancillería y el Banco Central.
Estas propuestas no fueron tenidas en cuenta por el oficialismo. El debate en el Senado sumará otro conflicto: entre las últimas modificaciones, se obliga a las autoridades de la UIF a comparecer ante la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, que es la encargada de controlar la tarea de los espías. Tiene reuniones secretas por reglamento y actualmente está dominada por el oficialismo y presidida por Leopoldo Moreau.
