El funcionario del Tribunal de Cuentas de la Provincia, órgano bajo el control del juecismo, será citado a declaración indagatoria en los próximos días. Allí podrá conocer qué prueba en su contra tiene el juez Carlos Ochoa y, eventualmente, dar las explicaciones que considere necesarias.
Una vez cumplida esa instancia, podrían conocerse más detalles de la imputación que pesa sobre su cabeza. De momento, lo que se sabe es que las sospechas no tienen que ver con un perjuicio al PAMI propiamente dicho. Y no mucho más.
Todo se empezó a destapar el miércoles de la semana pasada, cuando Gendarmería allanó el despacho del dirigente radical en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, donde ejerce como director, y su vivienda particular en General Cabrera, ciudad que gobernó.
Un spin off del escándalo del PAMI de Río Cuarto
Si bien esta nueva pesquisa en torno al PAMI de Río Cuarto es una suerte de spin off del expediente por sobrefacturación contra la obra social, el encuadre de una y otra investigación es en principio muy diferente.
En el caso original, que el Juzgado Federal caratuló como defraudación y asociación ilícita, sospechan de una estafa de $600 millones contra la delegación de Río Cuarto, a través de maniobras con las que inflaban la facturación por las prestaciones que daban, evadiendo los controles.
En el marco de esa pesquisa, estuvieron detenidos los directivos del centro de rehabilitación Ethical, Pablo Adzich y Gonzalo Lima, el empleado de la firma Lucas Kurilowich y el exdirector médico de PAMI, Víctor Genesio. Otras dos prestadoras quedaron imputadas, aunque no pasaron por la cárcel.
Marcos Carasso imputado
Marcos Carasso está investigado en el marco de una causa por defraudación al PAMI de Río CUarto
El avance de aquella primera línea de indagación, de la que el juez Ochoa viene tirando desde mediados del año pasado, derivó ahora en una nueva hipótesis, que tiene al cabrerense como centro de interés.
En operativos de alto perfil, los allanamientos en su casa y su despacho habrían permitido el secuestro de documentación y otros elementos con valor de prueba. Fuera del ámbito judicial, en la esfera política, cayeron como baldazo de agua fría.
Una bomba en la UCR de Juárez Celman
La pesquisa judicial cayó como una bomba en General Cabrera, el pago chico del exdiputado, donde todavía intentan digerir la noticia. Quienes conocen el paño definen la reacción del radicalismo local con dos palabras: “hermetismo” y “silencio”.
Otras referencias partidarias de la zona, incluso aquellos que tienen diferencias con él, tampoco dan crédito a lo que oyen. Lo único que los diferencia es que estos últimos lo manifiestan públicamente.
Igual, a todos les parece extraña la situación. También les llama poderosamente la atención cómo se multiplican los medios y cuentas que amplifican en el mundo digital las desgracias del aliado de Juez. Especialmente, porque la usan para pegarle a su padrino político y a Rodrigo De Loredo., quien en un streaming dijo que él no es lo mismo que el jefe del Frente Cívico ni La Libertad Avanza.
La UCR del sur de Córdoba mira para otro lado
Independientemente de eso, en el radicalismo del sur de Córdoba tienen un buen concepto del cabrerense. Sin embargo, se despegan. Aclaran que el excandidato a vicegobernador no participa desde hace tiempo en las actividades partidarias.
De hecho, dentro del mapa político de Córdoba, lo ubican lejos de la UCR y mucho más cerca de La Libertad Avanza, a partir de su acuerdo con Juez. Aseguran que, pese a ser más cauto en su posicionamiento público, es filolibertario en un 100%.
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Marcos Carasso, Juan Jure, Luis Juez, Guillermo Cavigliasso y Mario Negri en los festejos electorales de General Cabrera
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Por eso, algunos referentes provinciales del partido entienden el caso como una catástrofe ajena. En todo caso, tienen buenas relaciones personales con el presidente de la UCR de Juárez Celman, pero -dicen- sus problemas judiciales son ahora un dolor de cabeza para el juecismo; no para ellos.
Luis Juez también intenta desmarcarse
Lo curioso es que también el juecismo busca despegarse del caso. Pese a que uno de los allanamientos ordenados por el juez Ochoa tuvo como escenario el despacho del radical en el Tribunal de Cuentas, sostienen que el escándalo no golpea a ninguno de los propios.
“Ni siquiera le conocíamos la profesión. No sabíamos que es kinesiólogo y que tiene una empresa del rubro de la salud”, repiten en plan exculpatorio.
Y agregan: “Cuando vimos que no involucraba a uno de los nuestros, decidimos no averiguar más”.
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El ultrajuecista Beltrán Corvalán preside el Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba
Sin embargo, no todos lo toman con tanta calma en el juecismo. Otros, en cambio, ensayan versiones conspirativas, donde el allanamiento en el Tribunal de Cuentas no es un hecho inocente.
Por el contrario, subrayan que la Justicia Federal decidió meterse en el bastión de poder juecista por excelencia, justo cuando más fuerte empezaron a jugar desde allí contra el gobierno de Martín Llaryora.
“Esto aparece cuando empezamos a ir con los tapones de punta con la observación de gastos. Además, sospechamos porque se le da muchísima difusión a través de medios vinculados al llaryorismo”, apuntan.
La lupa de la Justicia impacta en la política
La investigación de la Justicia federal pega de lleno en la política provincial. Marcos Carasso fue intendente de General Cabrera desde 2015 hasta 2021, cuando asumió como diputado para terminar el mandato de Juez, que saltó al Senado.
Presidente del Comité Provincia de la UCR desde 2021, hoy preside el Circuito Departamental Juárez Celman. Su referencia interna histórica fue Mario Negri.
Carasso 3
Los allanamientos y la imputación a Marcos Carasso dejan en un lugar sumamente incómodo a su partido, la UCR, y a sus aliados, empezando por Luis Juez.
En 2023, integró fórmula con Juez, como candidato a vicegobernador, y hoy se desempeña como director en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba.
PAMI, un dolor de cabeza trasversal
Más allá de todo, el PAMI de Río Cuarto es una fuente inagotable de problemas para libertarios y radicales; los que lo conducen hoy y los que lo hicieron en el pasado.
Leonardo Farina, director actual de la UGL 36, es consciente de la amenaza. También lo es Gabriel Abrile, su jefe político, que tiene un acuerdo con el armador y jefe del bloque libertario en Diputados, el cordobés Gabriel Bornoroni.
La gran incógnita es qué más puede surgir de la causa que se sigue a partir del escándalo en el PAMI de Río Cuarto.