Cómo impacta un posible rediseño de la BUP sobre la estructura de la competencia electoral y los factores que ordenan la decisión del votante.
Santa Fe: una nueva Boleta Única para un nuevo equilibrio institucional
La discusión sobre la reforma del sistema electoral en Santa Fe no ocurre en el vacío ni surge como una iniciativa aislada. Llega como un eslabón más de un ciclo de reformas iniciadas por un cambio institucional de fondo: la reforma constitucional provincial modificó, entre otras instituciones, el régimen municipal y el modo de integración de la Cámara de Diputados.
La reforma cambió la regla para el reparto de las bancas, alterando un rasgo histórico del sistema santafesino que buscaba equilibrar pluralidad y gobernabilidad: desde la próxima elección, los 50 escaños se asignarán por sistema D’Hondt configurando un nuevo diseño que fortalece la representación proporcional, amplía el peso de las minorías y consolida una cámara más abierta al pluralismo.
Ese desplazamiento tiene un valor democrático evidente porque mejora la correspondencia entre votos y bancas y reduce la sobreprima mayoritaria que, históricamente, favorecía al ganador, pero al mismo tiempo reabre una pregunta institucional legítima en un sistema de claros rasgos presidencialistas a nivel provincial: cómo encontrar un equilibrio razonable entre representación plural y capacidad de gobierno, cuando la Constitución provincial, al igual que la propia ciudadanía, sigue depositando en el Poder Ejecutivo la expectativa principal de conducción, decisión y respuesta.
La eventual reforma de la Boleta Única de Papel (BUP) no debería interpretarse, por lo tanto, únicamente como una modificación del instrumento de votación. En términos más precisos, lo que está en discusión es cómo impacta ese rediseño sobre la estructura de la competencia electoral y sobre los factores que ordenan la decisión del votante, una vez que la reforma constitucional ya modificó el régimen de representación legislativa y el equilibrio institucional entre pluralidad y gobernabilidad.
La Boleta Única por categoría, vigente en Santa Fe desde 2011, tuvo efectos claros. Separó materialmente cada tramo de la elección, debilitó el arrastre entre categorías ejecutivas y legislativas y facilitó la fragmentación del voto. Esa fue, en buena medida, su virtud inicial. El elector dejó de enfrentarse a una boleta partidaria integrada y pasó a resolver, una por una, sus decisiones para gobernador, diputados, senadores, intendentes y concejales.
En ese contexto, el voto partidario perdió centralidad relativa y ganaron peso otros factores: el conocimiento del candidato, sus atributos personales, su imagen, su trayectoria o su perfil ideológico. La categoría diputados, en particular, dejó de depender tan directamente de la candidatura a gobernador y empezó a funcionar con incentivos propios. Así, buenos desempeños en la categoría ejecutiva, incluso en fuerzas competitivas, no siempre tuvieron correlato en la lista legislativa.
Ese cambio “del lado de la demanda” tuvo efectos sobre la oferta electoral. La disputa por la gobernación redujo más rápidamente la cantidad de competidores, mientras la categoría diputados conservó mayor amplitud relativa. No porque la Boleta Única haya multiplicado las listas legislativas, sino porque volvió viable competir por representación parlamentaria sin necesidad de sostener una propuesta ejecutiva provincial. La consecuencia fue una competencia por las bancas más desacoplada, más abierta a candidaturas apoyadas en nombres conocidos, perfiles propios o nichos ideológicos específicos, y menos subordinada al desempeño del tramo ejecutivo.
Con quince años de recorrido y cuatro elecciones provinciales, uno de los efectos más visibles del diseño vigente es que redujo los incentivos para construir una propuesta provincial completa y volvió racional, para algunas fuerzas, concentrarse solo en la cámara baja, donde el acceso parece más cercano y donde los atributos personales pueden rendir electoralmente sin necesidad de presentar una vocación real de gobierno. Desde esa lógica, la categoría diputados tendió a transformarse en una arena parcialmente autónoma que, sumada a los cambios institucionales introducidos por la reforma constitucional, puede condicionar en algunos escenarios la capacidad del Poder Ejecutivo de llevar adelante su plan de gobierno.
La evidencia muestra que tanto la oferta ejecutiva como la legislativa tendieron a reducirse tras la derogación de la Ley de Lemas, pero no al mismo ritmo. En la categoría gobernador, la elección general pasó de 11 candidaturas en 2007 a cuatro en 2023. En diputados provinciales, la tendencia es la misma, aunque más lenta: de 12 listas en la elección general de 2007 se bajó a seis en 2019 y 2023.
La secuencia muestra, por lo tanto, dos movimientos simultáneos: concentración de la oferta en ambas categorías y desacople progresivo entre ellas. A medida que se concentró la oferta para gobernador, la competencia por diputados fue adquiriendo una dinámica relativamente más autónoma.
Esa evolución se advierte en un dato concreto: la proporción de listas legislativas vinculadas a una candidatura ejecutiva fue disminuyendo de manera sostenida. En 2007, 11 de las 12 listas legislativas estaban asociadas a una candidatura a gobernador. En 2011, esa proporción cae a seis sobre nueve. En 2019 y 2023, solo tres de las seis listas de diputados compitieron también por la gobernación.
Si ese es el diagnóstico, la eventual reforma intenta modificar precisamente los factores que hoy ordenan una parte de la competencia. Un rediseño de la Boleta Única para acercarla a modelos más integrados por partido o con casillero de “lista completa” se asimilaría más a lo que proponen otras provincias de similar cultura política, pero generaría incentivos distintos a los naturalizados en los últimos 15 años.
Allí donde hoy la BUP por categoría invita a una elección segmentada y facilita el voto cruzado, una boleta más integrada tendería a fortalecer la marca partidaria y la asociación entre el tramo ejecutivo y el legislativo dentro de cada nivel de gobierno. Eso puede reducir la fragmentación del voto, hacer menos probable que el elector elija una alternativa para gobernador y otra para diputados, y devolver centralidad a la oferta política global de cada fuerza. El resultado esperado es una mayor sintonía entre la elección ejecutiva y la legislativa.
Algunas propuestas, sin embargo, no apuntan solo al comportamiento del votante. También buscan reordenar el cálculo estratégico de los partidos. Si para competir por diputados una fuerza debiera presentar además candidatura a gobernador, o si superar el piso en la categoría ejecutiva arrastrara automáticamente la proclamación de la lista de diputados, el mensaje sería claro: la representación legislativa provincial debe conservar un vínculo razonable con una propuesta de gobierno para toda la provincia.
Desde la teoría electoral, ningún instrumento de votación es neutral. Cada diseño fortalece algunos factores del voto y debilita otros. La Boleta Única por categoría favorece un elector más libre para fragmentar su decisión, pero al mismo tiempo debilita el peso de los partidos políticos y del plan de gobierno como organizadores de la oferta, reduce el arrastre del Ejecutivo sobre el Legislativo y facilita la autonomía de candidaturas parlamentarias. Una boleta más integrada, en cambio, puede reforzar la identificación partidaria, ordenar mejor la competencia y alinear más la representación legislativa con la disputa por el gobierno.
Por eso la discusión actual no debería plantearse como una disyuntiva entre “más pluralidad” o “menos pluralidad”. La propia Constitución ya movió el sistema hacia una representación más proporcional y plural al eliminar la prima mayoritaria. Lo que ahora se discute es cómo reordenar la competencia electoral dentro de ese nuevo marco.
Las fuerzas políticas, por supuesto, aprenderán rápido las nuevas reglas. Siempre lo hacen. Si durante más de una década aprendieron a competir en un sistema donde la categoría diputados podía independizarse cada vez más de la gobernación, una modificación de la boleta, de los requisitos de oficialización o de los criterios de proclamación volverá a alterar los incentivos.
En definitiva, lo que cambiaría sería la forma en que se estructura la competencia dentro de cada nivel y los factores que pesan más en la decisión electoral, donde un esquema más integrado tendería a fortalecer la sintonía entre gobernador y diputados, e intendente y concejales, desplazando parte de la fragmentación hacia la relación entre niveles antes que dentro de ellos.
En ese sentido, la discusión de fondo no es solo cómo se vota, sino qué tipo de competencia, qué tipo de oferta y qué combinaciones de factores del voto se quiere incentivar en el sistema político santafesino, garantizando al mismo tiempo pluralidad, representación, gobernabilidad y autonomía del elector.
