El recinto fue eco del reclamo de autoridades municipales por demoras y fallas en el sistema de salud que afectaron a afiliados en la provincia.
La Legislatura de Córdoba aprobó el pasado lunes 20 de abril de 2026 un proyecto que solicitó la renuncia de Eduardo Frayre al frente del PAMI local, en medio de una crisis sanitaria marcada por demoras, falta de turnos y múltiples quejas de afiliados.
La iniciativa fue impulsada por el legislador Dante Rossi durante la sexta sesión ordinaria del 148° período legislativo. El planteo apuntó a las dificultades que enfrentaron los jubilados para acceder a consultas médicas y prestaciones dentro del sistema.
El proyecto advirtió que, incluso cuando se otorgaron turnos, muchos afiliados no lograron concretar la atención debido a la saturación de los servicios. Esta situación impactó de forma directa en la calidad de vida de los beneficiarios.
El texto expuso problemas estructurales en la red de prestaciones del PAMI, entre ellos deudas con farmacias y clínicas privadas, escasez de medicamentos y falta de vacunas en determinados casos. Estos factores agravaron la cobertura sanitaria en la provincia.
A ese escenario se sumó un paro de médicos de cabecera que se extendió durante 72 horas, en el marco de reclamos salariales. La medida afectó la continuidad del servicio y profundizó las dificultades en la atención.
Durante la sesión, presidida por la vicegobernadora Myrian Prunotto, representantes de distintos bloques coincidieron en señalar la gravedad del cuadro que atravesó el organismo en el territorio cordobés.
El proyecto sostuvo que la falta de respuestas por parte de las autoridades locales del PAMI impactó sobre miles de jubilados en la provincia de Córdoba, lo que motivó el pedido formal de dimisión de Eduardo Frayre.
La declaración aprobada por la Legislatura de Córdoba no tuvo carácter vinculante, aunque expresó una fuerte señal política sobre la conducción del organismo.
En ese contexto, el planteo buscó visibilizar la crisis en el acceso a la salud y aumentar la presión para introducir cambios en la gestión local, en medio de crecientes reclamos por mejoras en las prestaciones.
