El portavoz abrirá canales de participación para que el pueblo premie y castigue a la prensa acreditada en la Casa Rosada. ¿Quién lo califica a él?
Manuel Adorni, vocero de Javier Milei.
NAEl brote de democracia participativa que afecta a Manuel Adorni será, seguramente, garantía de que no tendrá problemas en someterse al juicio de las audiencias para que decidan si responde bien a las preguntas de la prensa o debe ser reemplazado por otro funcionario.
Como informó este viernes Pablo Lapuente en Letra P, el portavoz de Javier Milei diseña un sistema de control del ejercicio del periodismo que convertirá a Balcarce 50 en la casa de Gran Hermano, que vendría a ser él.
A través de una resolución que cocina para ser servida en las próximas semanas, los periodistas que participan de sus conferencias de prensa podrán ser evaluados por el público a través de un chatbot: según considere que preguntan bien, regular o mal, podrán ser nominados y expulsados de la siguiente ronda. Lapuente al 9009, por ejemplo.
"Estoy buscando un esquema donde la gente pueda decidir quién se va y quién se queda, como un Gran Hermano periodístico", lanzó hace unos días el vocero lo que entonces parecía una ironía. Ahora no tanto. El argumento de la iniciativa: "Que la ciudadanía pueda evaluar a los periodistas en su desempeño como profesionales de la comunicación", le dijeron a este portal fuentes de Balcarce 50.
La idea podría ser interpretada como la intención del Gobierno de controlar a la prensa a partir de un sistema que, por no contar con el respaldo de ningún tipo de legislación legitimada por los mecanismos institucionales del Estado de Derecho, sería permeable a una manipulación maliciosa en favor de la selección de periodistas amigables. Un mecanismo de censura inspirado en Donald Trump, que decidió elegir personalmente quién puede hacerle preguntas y quién no, podría denunciar alguien que no conociera a Manuel, vocero de la libertad.
Descartada esa hipótesis descabellada, sí cabría señalar que no hay en todo el plexo normativo de la Nación un solo articulo ni un solo inciso que establezca que la prensa, integrada en su mayoría por representantes del sector privado -vaca sagrada del pensamiento libertario-, deba ser sometida a mecanismos de evaluación capaces de derivar en castigos que restrinjan su trabajo.
Tampoco las leyes argentinas contemplan mecanismos de evaluación vinculante sobre personas designadas para ejercer cargos públicos, como Adorni. Sólo quienes han accedido a puestos de responsabilidad mediante el voto popular están a tiro del juicio del soberano a través de las elecciones.
Ni siquiera el desempeño de quienes integran el Poder Judicial, uno de los tres que conforman el sistema republicano, es juzgado de forma directa por la ciudadanía, que lo hace a través de sus representantes en los consejos de la Magistratura.
Con todo, embargado por el espíritu de la democracia participativa, es una fija que Adorni no tendrá ningún inconveniente en que ese sistema de evaluación de la prensa que pregunta que está diseñando sea utilizado, también, para que las audiencias califiquen sus respuestas como buenas, mala o regulares y, en caso de recibir notas bajas, que determinen su reemplazo por otro funcionario en la siguiente conferencia de prensa. El sistema debería contemplar, en caso de la reincidencia en respuestas consideradas de baja calidad, su sustitución definitiva.
O sea, digamos.
Fin.