Diana Mondino
TélamLetra P disparó –o más probablemente reflejó– este martes un debate inevitablemente sordo pero intenso en el mundillo diplomático. La descripción de un diseño de relaciones exteriores erróneamente centrado en dogmas y no en los intereses nacionales expuso la existencia de un magma que hierve bajo los pies de Diana Mondino.
Tras un debut deficitario, la canciller, economista de profesión, tiene el deber de entender y aprender en tiempo récord lógicas y códigos que le fueron ajenos durante toda su vida. Por lo pronto, bastaría con que no siga metiendo los dedos en enchufes ajenos y de alto riesgo.
Delicadas consideraciones de seguridad nacional están en juego por más que quienes deben encargarse de advertirlo estén en otra.
Despidos mayores que los previstos, castigos a diplomáticos valiosos dados más por la ideología que por criterios de mérito y el mal trato que denuncia parte del personal no diplomático conforman un ambiente enrarecido en La Casa. En lo político, las ofensas a Luiz Inácio Lula da Silva, el desdén por las relaciones con Brasil y China, el portazo pegado en las narices de los presidentes del grupo BRICS, la vocación elitista y antilatinoamericana –propia de la Argentina decimonónica que evoca con nostalgia Javier Milei –, un macartismo que atrasa décadas y la decisión de alinearse –¿quién hace semejante cosa hoy en día?– con Estados Unidos, Israel y el "mundo libre" constituyen agravios a los intereses crediticios, comerciales y de infraestructura del país. El Gobierno busca petróleo en una salina.
Por decisión de Milei y, según dijo Mondino, "falta de tiempo", Argentina salió del grupo de potencias emergentes BRICS; ese daño ya está hecho. Lo preocupante es que, dadas las señales conocidas, otros daños están en las gateras, a saber:
Si lo anterior ocurriera, el gobierno paleolibertario metería los dedos en tres de los enchufes geopolíticos de mayor voltaje de la actualidad: la disputa en el mar de China, el conflicto entre la OTAN y Rusia en Europa del Este y la guerra en Gaza, en torno a la cual se agolpan poderes regionales como Irán y sus milicias aliadas.
En el último caso, ¿otra vez tropezaría el país, cuya estructura de inteligencia es deficitaria, con piedras conocidas? ¿Pondría absurdamente en riesgo la seguridad de la sociedad al meterse, sin nada que ganar, en el radar de organizaciones terroristas?
Por favor, no.
Este medio advirtió también sobre un giro en ciernes respecto de la soberanía de las Islas Malvinas, cuya reivindicación impone la Constitución Nacional a los diferentes gobiernos. Sin embargo, hay ya algo que sale del terreno de las hipótesis e ingresa en el de las realidades.
El proyecto de ley ómnibus y suma del poder público remitido por Milei al Congreso implica, más allá del suicidio inducido del Poder Legislativo, importantes cambios en materia de pesca. El mismo desregula la actividad de modo de quitarles a las empresas argentinas el privilegio de explotar los recursos ictícolas dentro de la zona económica exclusiva que se extiende hasta la milla 200.
Sin embargo, lo que para el Gobierno es simplemente quitar una prebenda tiene otras implicancias. La liberación de esas explotaciones para empresas extranjeras permitiría, por ejemplo, que firmas que pescan en torno a las Malvinas –con permiso de las autoridades de la colonia británica– no tuvieran restricciones para hacerlo en aguas que sí están bajo control nacional. El país se quedaría así sin una herramienta de presión en pos de su reclamo de soberanía.
A las quejas del sector pesquero nacional se sumaron los gobernadores patagónicos e intendentes como el de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.
Por otro lado, ¿qué se gana? ¿Algún dólar extra en cuanto a la venta de licencias? Si es así, podría ser mucho más lo que se perdiera, dado que la eliminación de la obligatoriedad de descarga en los puertos nacionales habilitaría la actividad de enormes buques factoría –chinos, españoles y de otras banderas–, lo que contribuiría a la pérdida de empleos que las compañías nacionales estiman en miles. Además, ¿quién y cómo controlaría que sus capturas se ajusten a los permisos y no se depreden, como a fines de los años 90, los recursos?
Aunque Mondino levante la voz y se indigne cuando se la consulta sobre el tema, el patrón se repite: el dogma desregulador supera con creces al interés nacional.
También hizo ruido la divulgación de la denuncia penal por violencia de género de Lucila Valente contra quien hasta poco hace era su pareja, Mariano Vergara, nuevo subsecretario de Asuntos Latinoamericanos y miembro de la mesa chica de Mondino. La mujer incluso posteó fotos de sus lesiones en Twitter.
Ante la consulta de este medio sobre un eventual desplazamiento de Vergara, en la Cancillería se limitaron a señalar que se trata de "un tema privado y que está judicializado". "Esa es la única declaración de nuestra parte por el momento", añadieron. No hay, todo lo indica, ninguna acción en vista.
Durante su gestión, Felipe Solá creó la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género, que constituye un área de negociación y de articulación, incluso con el resto del Estado. Mas allá de esto, existe en la Cancillería un protocolo de violencia y un punto focal de género.
Esto último depende de la Dirección de Personal y Recursos Humanos y fue reactivado como producto del reclamo de la Red de Diplomáticas Argentinas, que inclusive generó un manifiesto. A su vez, los sumarios los sigue llevando adelante la Dirección de Sumarios Administrativos. ¿Se activará ese mecanismo en el caso de Vergara, más allá de la negativa de Mondino?