El próximo domingo 24 de septiembre se celebrarán las elecciones provinciales en Mendoza y la lista que encabeza el aspirante a la gobernación Omar De Marchi carga con una mochila a cuestas en su intento de vencer al postulante favorito, el senador radical Alfredo Cornejo. Es que el compañero de fórmula del diputado del PRO, Daniel Orozco, recibió una doble denuncia que afecta las expectativas electorales del frente "La Unión Mendocina". El intendente de Las Heras fue acusado por fraude mediante la facturación con cooperativas y además por encubrimiento de una denuncia por presunto abuso sexual.
La Justicia mendocina investiga ambas causas contra el jefe comunal, quien fue denunciado por una exempleada municipal por encubrimiento, coacciones, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, luego de una serie de escuchas que fueron entregadas al organismo judicial.
Causa cooperativas
En Las Heras, ubicada en el centro de la provincia de Mendoza, hay cerca de 30 cooperativas de trabajo vigentes que facturan su prestación de diversos servicios al municipio, de acuerdo a documentos oficiales. La mayoría de ellas fueron creadas bajo el mandato de Orozco, quien designó durante su segundo período a Osvaldo Oyhenart, subsecretario de Políticas Sociales del municipio, para gestionar y administrar estas entidades.
Oyhenart es un hombre de amplia experiencia en el Estado. Referente de la Unión Cívica Radical, fue secretario de Gobierno de la ciudad de Mendoza, pero tras la fractura del oficilaista Cambia Mendoza, renunció a su cargo de presidente del radicalismo del departamento y se mantuvo junto a Orozco en La Unión Mendocina. Desde su llegada a la subsecretaría de Políticas Sociales del gobierno local a fines de 2019, 24 cooperativas fueron creadas y registradas.
Mediante dos de estas asociaciones dirigidas por el yerno de Oyhenart, Juan Pablo Pandolfi, según registros oficiales, se habrían cobrado y facturado al municipio $7,18 millones desde marzo de 2020 hasta mayo de 2022, a través de la Asociación Civil Productiva y Comunitaria Las Heras (Aprocum) y "Abriendo Senderos", creadas el 23 de diciembre de 2019. Además, según documentación interna de la comuna, la cooperativa de recicladores de residuos "Manos a la Obra", vinculada al funcionario radical, le habría facturado a la comuna $38,3 millones de pesos.
A partir de una denuncia realizada por una empleada municipal por probable coacción y delitos contra la integridad sexual, Oyhenart reconoce en un audio que maneja "una cooperativa", que se puede cobrar sin trabajar a través de esa entidad y propone maniobras de falsificación de identidades. A partir de estas escuchas, la Justicia inició una causa penal de oficio a cargo del fiscal de Delitos Económicos Flavio D'Amore, quien decidió imputar formalmente a Oyhenart, Pandolfi y al presidente de la cooperativa Adrián Alejandro Pérez por fraude al Estado en su modalidad de estafa contra la Municipalidad de Las Heras, por la suma de $35,5 millones.
Además, ordenó citar a declarar a funcionarios y exfuncionarios que tenían conocimiento de estas contrataciones, lo que incluiría a la secretaria de Gobierno Janina Ortiz, pareja del intendente Orozco, citado por firmar los decretos para dichos depósitos.
El encubrimiento
La empleada municipal que denunció el abuso sexual por el que el exfuncionario Franco Cortez fue imputado tras el análisis de una serie de audios presentados, afirmó que su caso fue encubierto y que fue intimidada para que nunca formalice la denuncia. El testimonio de un exfuncionario revela que Orozco y Ortiz sabían lo que había ocurrido.
Los testimonios aportados por la propia víctima y otros testigos apuntan a revelar que tanto el intendente Orozco como Ortiz conocían el abuso sexual y que no tomaron ninguna medida para proteger la víctima. Por el contrario, encubrieron el caso en una larga cadena de complicidades.
La empleada denunció a ambos funcionarios por encubrimiento, coacciones, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo hizo con un escrito de 48 páginas presentado por sus abogados Ramiro Villalba y Josefina Ferro el domingo último. La denuncia ya se convirtió en expediente judicial y recayó en la Fiscalía de Delitos No Especializados de Gabriel Blanco.
La prueba presentada en esta nueva denuncia es una recolección de testimonios incriminatorios que ya se produjeron y que están en los expedientes de coacción contra ambas empleadas, y en el caso por el abuso sexual en el que está imputado Cortez, integrante de una familia allegada de Janina Ortiz.
