El senador peronista advirtió que el proyecto de Bullrich no tiene los votos para aprobarse y acompañó el planteo de la Casa Gris para proteger a las pymes.
Maximiliano Pullaro sumó un aliado clave en el Congreso para empujar cambios en la nueva ley de biocombustibles. El senador por el peronismo de Santa Fe, Marcelo Lewandowski, cuestionó el proyecto que impulsa Patricia Bullrich, advirtió que no tiene los votos para avanzar como está y alineó su postura con los reclamos del oficialismo provincial.
“Coincidimos con el gobierno de la provincia, que tomó intervención en el tema. Manejan el mismo concepto que nosotros”, sostuvo.
En diálogo con Radio 2 de Rosario, Lewandowski planteó que el debate por la nueva ley de biocombustibles quedó reducido a una pulseada por el corte obligatorio, cuando el sector podría abrir una agenda mucho más amplia para Santa Fe y la Argentina.
“Tenemos grandes oportunidades, como el combustible para los aviones, pero estamos discutiendo si aumentamos el porcentaje de mezcla o no. Es como una discusión analógica en un mundo digital”, ejemplificó.
Aun con esa mirada de largo plazo, el senador advirtió que la discusión inmediata pasa por evitar que el proyecto de Bullrich abra el mercado interno a las grandes aceiteras integradas sin garantizar una protección para las pymes del biodiésel.
Según la lectura de Lewandowski, el riesgo no está sólo en quién se queda con el negocio, sino también en el efecto territorial de esa apertura: Santa Fe concentra cerca del 80% del biodiésel nacional y muchas plantas no integradas funcionan en localidades pequeñas, donde sostienen empleo y movimiento económico difícil de reemplazar.
En ese contexto, el experiodista deportivo destacó el proyecto de la senadora salteña Flavia Royón, exsecretaria de Energía de la Nación, una de las iniciativas que buscaba ordenar el régimen de biocombustibles con una mirada cercana a los planteos provinciales.
Ese texto convive con el de Provincias Unidas, que ingresó por Diputados y que en Santa Fe consideran más alineado con los intereses de la provincia. Entre ambos proyectos hay diferencias y matices, pero comparten el intento de preservar un lugar para las pymes no integradas del mercado del biodiésel, un punto clave que une a justicialistas y radicales de la bota.
Como contó Letra P, la Casa Gris acercó al Senado un paquete de cambios para modificar el proyecto de Bullrich y preservar a las pequeñas empresas del biodiésel. El planteo incluye subir el corte obligatorio al 15% desde la vigencia de la ley, con una posible suba posterior al 20% si el precio local compite contra el gasoil importado.
El reclamo más sensible es la reserva del mercado de biodiésel: Santa Fe pide que el 40% quede garantizado para las plantas no integradas y que el 60% restante se abra a la competencia entre todas las empresas.
En ambas porciones, la provincia propone licitaciones públicas y transparentes, precios surgidos de la competencia y un tope del 14% por grupo económico para evitar posiciones dominantes.
La lista se completa con tres puntos: limitar a la Secretaría de Energía para que sólo pueda modificar los cortes ante una emergencia de desabastecimiento y por un máximo de 90 días, garantizar acceso a la soja para las pymes a precios vinculados a la paridad de exportación e incorporar al RIGI los proyectos relacionados con biocombustibles de más de U$S 200 millones.
Con esos ítems sobre la mesa, Lewandowski cree que todavía hay margen para colar modificaciones durante el tratamiento legislativo. Su lectura es simple: si el oficialismo tuviera los votos para aprobar el proyecto de Bullrich tal como ingresó, ya lo habría hecho.
Para el senador santafesino, el texto no reúne el mismo acompañamiento que otros proyectos impulsados por la Casa Rosada, incluso entre legisladores que en otras discusiones votaron junto al oficialismo.
En el medio también juega la presión de los grandes grupos petroleros, que miran con recelo cualquier aumento del corte de biodiésel y bioetanol.
Así, la discusión quedó convertida en un polvorín dentro del Senado: las aceiteras integradas buscan entrar con más fuerza al mercado interno, las petroleras resisten una mayor mezcla obligatoria y las provincias intentan que la reforma no deje sin margen a las pymes que hasta ahora abastecían el mercado.
En ese cruce de intereses, el objetivo de Pullaro y el peronismo santafesino es el mismo: que el proyecto no salga con la letra original e incorpore medidas de protección para el entramado productivo del biocombustible.
