El cordobesismo respalda el núcleo del proyecto oficialista por el negocio del bioetanol. Activa un bloque de contención con Santa Fe para proteger a las pymes.
El gobernador de Córdoba busca cambios en la letra chica de la nueva ley de biocombustibles
Bio4 es una de las productoras de biocombustibles más importante de Córdoba
El PJ de Córdoba fijó postura ante la nueva ley de biocombustibles que comenzó a discutirse en comisión en el Senado. La tropa de Martín Llaryora respalda en términos generales la iniciativa impulsada por Javier Milei, pero anticipa que acompañará los cambios que reclama el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para proteger a las plantas pyme de biodiésel.
La posición combina varios intereses que el gobierno mediterráneo considera estratégicos. Por un lado, la provincia mantiene desde hace años una agenda de promoción de los biocombustibles y reclama elevar los porcentajes de corte obligatorio para ampliar el mercado interno. Por otro, busca sostener la alianza política y productiva que comparte con Santa Fe en defensa de las economías vinculadas a la industrialización del agro.
"En términos generales estamos de acuerdo con el proyecto, porque le abre una oportunidad enorme a Córdoba para desarrollar el bioetanol", resumió a Letra P un diputado del bloque cordobesista, que sabe que la convivencia en el Congreso se irá tensando cada vez más después de la ofensiva contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que tuvo a Juan Schiaretti como vocero encumbrado del enojo.
La iniciativa que impulsa la Casa Rosada a través de Patricia Bullrich propone elevar del 12% al 15% el porcentaje de bioetanol en las naftas y llevar del 7,5% al 10% la mezcla obligatoria de biodiésel en el gasoil. Además, incorpora otros combustibles renovables, como el biometano y los combustibles sostenibles para aviación.
Córdoba llega a esa discusión con una posición propia. La senadora Alejandra Vigo presentó un proyecto que también propone elevar el porcentaje de corte de los combustibles renovables, pero con una implementación gradual para el biodiésel hasta alcanzar el 15% mediante incrementos semestrales. Para el bioetanol, fija el mismo objetivo del 15%.
El punto que más interesa al cordobesismo es la posibilidad de habilitar esquemas provinciales para aumentar los porcentajes de mezcla por encima de los mínimos nacionales.
En el Panal, como se conoce a la casa de gobierno de Córdoba, consideran que la provincia cuenta con una ventaja competitiva construida durante años alrededor del maíz y del bioetanol. La infraestructura desarrollada, las inversiones privadas y los acuerdos impulsados para instalar surtidores específicos aparecen como antecedentes de una estrategia que necesitaba un nuevo marco legal para explotarse al tope de su capacidad.
"Si Córdoba decidiera avanzar hacia cortes más altos, tiene condiciones para hacerlo. Hay tecnología, producción y acuerdos en marcha", explicaron en la bancada cordobesista.
Aunque valoran el proyecto oficial, la bancada cordobesista coincide con varios de los planteos que Santa Fe viene haciendo durante las últimas semanas.
Como contó Letra P, la principal preocupación pasa por el mercado del biodiésel. Pullaro advirtió que el texto, tal como fue presentado, podría favorecer a las grandes compañías integradas que controlan simultáneamente la producción de materia prima y de combustible, en detrimento de las plantas pequeñas y medianas que históricamente abastecieron el mercado interno.
En ese punto Córdoba decidió acompañar. "No podemos dejar solos a los santafesinos con la situación que atraviesan las plantas integradas y no integradas", resumieron en el bloque que responde a Llaryora.
La discusión atraviesa a dos de las provincias que concentran buena parte de la producción nacional de biocombustibles, aunque con perfiles diferentes. Mientras Córdoba tiene en el bioetanol de maíz uno de sus principales activos industriales, Santa Fe reúne cerca del 80% de la producción nacional de biodiésel y una importante red de pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector.
Por eso, más que una disputa entre provincias, la negociación apunta a encontrar una síntesis que permita ampliar los cortes obligatorios sin alterar los equilibrios productivos construidos durante los últimos años.
La discusión comenzó este miércoles en un plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto del Senado. Allí expusieron representantes de petroleras, productores, cámaras empresarias y especialistas del sector, en una audiencia que volvió a dejar al descubierto una coincidencia general sobre la necesidad de modificar el régimen vigente, aunque persisten diferencias respecto de la participación que deben tener las grandes compañías y las pymes en el mercado interno.
La audiencia también dejó expuesta otra tensión. Representantes de YPF defendieron el proyecto oficial y sostuvieron que elevar el corte de biodiésel por encima del 10% podría generar dificultades operativas y mayores costos para el sistema de refinación y comercialización de combustibles.
Del otro lado, referentes de la industria de los biocombustibles reclamaron porcentajes más ambiciosos, cuestionaron las restricciones planteadas por las petroleras y pidieron reglas que eviten una mayor concentración del mercado.
La discusión recién empieza, pero en el entorno de Llaryora ya tienen una definición tomada: acompañar una ley que amplíe las oportunidades para el bioetanol cordobés sin resignar la protección de las pymes que reclama Pullaro para el biodiésel santafesino.