Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora: el manejo de las protestas sociales abre una brecha en la Región Centro.
Maximiliano Pullaro se desmarcó del Protocolo Antipiquetes de Patricia Bullrich y contó que le “dolió” la represión de ayer protagonizada por la policía de su par cordobés Martín Llaryora, que intentó disipar una manifestación en contra del decretazo de Javier Milei y terminó con incidentes y seis detenidos. “Me angustia mucho la protesta de la gente y me dolió la represión de ayer en Córdoba”, dijo el gobernador de Santa Fe.
En declaraciones al programa “Informados”, por Radio Eme, conducido por los periodistas Mario Galoppo y Karina Bolatti, Pullaro -sin mencionarlo directamente- marcó diferencias con la aplicación del Protocolo Antipiquetes de la ministra de Seguridad en Santa Fe. "No voy a reprimir la protesta social cuando no cruce los límites, aunque tampoco permitiré que me corten la autopista o el ingreso a un puerto”, avisó, sin embargo: “Igual, una protesta de 10 mil personas es imposible que no corte una calle".
Las declaraciones de Pullaro se llevan el foco de atención porque, en una movida, se permite una crítica velada para Llaryora, otro gobernador de la zona núcleo con el que intenta buscar coincidencias especialmente en materia económica y productiva, y en este tema en particular marca diferencias con Bullrich, una de sus socias más importantes en la lucha contra el narcotráfico: no solo hicieron campaña juntos, sino que hace pocos días la ministra llegó a Rosario para lanzar el pomposo “Plan Bandera”, que supone un desembarco de fuerzas federales en la ciudad y una reforma del comando unificado.
En la entrevista, el mandamás santafesino insistió con las críticas al decretazo de Javier Milei. “El presidente sacó los votos pero eso no lo legitima a tomar medidas tan determinantes, se necesita mucho consenso”, sostuvo Pullaro, para quien la reforma es “incorrecta e inconsulta”: “No es correcto votar a libro cerrado un DNU con 300 leyes”, amplió.
Como contó Letra P, el gobernador encontró puntos a favor y en contra dentro de la normativa que el presidente de la nación intenta imponer, pero no coincide para nada con los métodos -habla de “debilidad constitucional”- y cree que son esos métodos los que impedirán que el decretazo se aplique, ya sea por intervención judicial o porque el Congreso lo rechace.