La diputada Frade, de la Coalición Cívica, hizo una presentación en la Justicia. Juan Doe, Furiase, la diputada Villaverde y otros, en la mira.
Juan Doe, Juan Pablo Carreira en el DNI.
La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó una denuncia penal para que se investigue si hubo irregularidades y conflicto de intereses en el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación a funcionarios y legisladores de Javier Milei.
La solicitud llega en el peor momento de La Libertad Avanza, con el escándalo protagonizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, golpeando en la línea de flotación del Gobierno, que aún sostiene al funcionario pese a que crece el pedido en el electorado para que renuncie.
En los últimos días se difundió que Juan Pablo Carreira, conocido como Juan Doe, director de Comunicación Digital y encargado de la Oficina de Respuesta Oficial; Felipe Nuñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Toto Caputo; Federico Furiase, exdirector del BCRA y secretario de Finanzas; Emiliano Mongilardi; Pedro Inchauspe y los diputados libertarios Mariano Campero, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni recibieron créditos por entre 100 y 500 millones de pesos del Banco Nación.
En la presentación a la Justicia, Frade señaló que “en orden a la profusa información pública aparecida en distintos medios gráficos, radiales y televisivos; en relación con miles de créditos otorgados por el Banco de la Nación Argentina, que podrían ser fruto de actividades irregulares y aún delictivas; es que vengo a peticionar se provea impulso de la presente investigación penal”.
Los legisladores Campero y Bongiovanni rechazaron la acusación y señalaron que no recibieron tratos preferenciales y cumplieron con los requisitos para acceder a ese préstamo.
Frade señaló que, de acuerdo a la información que surgió, Carreira recibió 113 millones, Inchauspe y Núñez obtuvieron 510 millones de pesos cada uno y Furiase 376 millones de pesos. En la lista figuran Bongiovanni, con $ 322 millones, y Campero -preso por entrar a Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar- con 340 millones.
Frade pide en su denuncia “librar Oficio al Banco de la Nación Argentina y/u orden de presentación, a fin de obtener los “legajos crediticios” completos de los nombrados en la presente y todo otro funcionario público y/o legislador.
También “obtener las Actas de Directorio mediante las que se aprobaron las operaciones para con los beneficiarios” y solicitar al cuerpo de peritos contadores de la Justicia Nacional “la determinación de existencia o no de perjuicios económicos para el Banco otorgante, de cualquier naturaleza”.
También pidió que el Banco Nación informe “si existieron en el otorgamiento condiciones preferenciales, sea en tasas, plazos o condiciones de acuerdo con la práctica corriente del Banco”.
También pide que se determine si hubo “violación a la Carta Orgánica y manuales de procedimientos para créditos” y si existió “alguna relación jerárquica o, de alguna otra naturaleza entre el otorgante y los beneficiarios”.