Después de que la UCR impidiera que el Senado pudiera constituir una comisión para investigar el LibraGate, el bloque del partido centenario en Diputados está dispuesto a frenar proyectos similares. Por esa decisión, en la Cámara baja aún no hay mayoría para que sean aprobados la semana próxima, cuando empiecen las sesiones ordinarias.
Aun con este escenario favorable, Javier Milei no debería confiarse: los radicales bonaerenses Karina Banfi y Fabio Quetglas anunciaron que pedirán impulsar una agenda anti corrupción, con reformas a ley de ética pública y mayor autonomía a la Oficina Anticorrupción. Cualquiera de estos debates obligaría a retomar la discusión sobre el LibraGate, justo lo que no quiere el Gobierno.
Como anticipó LetraP, este martes el tema será parte de una reunión de la comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja. Uno de los expositores será Lucas Siri, el empresario cripto que desconoció la procedencia de los fundadores de $LIBRA, la moneda virtual que promovió el Presidente y provocó oscilaciones en su cotización que derivaron en denuncias de estafa.
En Diputados, el proyecto para presentar una comisión investigadora fue enviado por Democracia Por Siempre, el radicalismo crítico. Unión por la Patria pidió un juicio político, pero está dispuesto a avalar la creación de la comisión, al igual que el trío de Encuentro Federal que también pidió a Milei en el banquillo: Natalia de la Sota, Esteban Paulón y Mónica Fein. En DPS planean pedir una sesión para el martes 11 de septiembre, con los proyectos de su bloque de y de EF, con la certeza de tener la ayuda peronista. Necesitan de la UCR.
Los dilemas de la UCR
Luego del fracaso del intento del Senado de armar una comisión preparatoria, con seis radicales que se dieron vuelta a último momento, referentes de la UCR blue en Diputados advirtieron que no bajarán los brazos. "Ni el encubrimiento oportunista, ni con el extremismo K. Queremos una comisión investigadora democrática. Diputados, por favor, actuemos a conciencia", posteó Mariela Coletta, de DPS y cercana al senador Martín Lousteau.
En esa bancada hicieron los sondeos y no hubo caso: si la UCR no hay como llegar a 129 votos para emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales a tratar el proyecto de resolución que crea una comisión investigadora. "No nos contestó nadie. Ni Julio Cobos, que había dicho que estaba de acuerdo. Tampoco recibimos respuesta de Mario Barletta, que ahora tiene un monobloque", se lamentó una negociadora del radicalismo crítico.
Esta bancada también puede tener fisuras internas: Melina Giorgi responde al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien en el Senado logró el voto en contra de la comisión de Eduardo Galaretto. Sí creen posible sumar votos de EF, como el de Nicolás Massot, quien pidió interpelar a funcionarios del Gobierno.
Pero sin radicales no es fácil que la oposición abra el recinto y en el bloque conducido por Rodrigo De Loredo no hay ánimos de enfrentar a Milei. Lo protegen los gobernadores y el sexteto de diputados que se define oficialista, conocidos como Radicales con peluca.
La única embestida
En la bancada radical de Diputados no llegan sólo buenas noticias para el Gobierno. Banfi y Quetglas no se quedaron de brazos cruzados: enviaron un pedido de acceso de información a Milei, a quien le reclaman explicar de qué se trata el plan que tenía la cripto $Libra para financiar emprendimientos privados, según el tuit publicado por el jefe de Estado, que provocó la suba de la cotización y luego su caída abrupta.
Además, la dupla bonaerense, cercana al senador Maximiliano Abad -quien votó a favor de la comisión investigadora- quiere saber cuál era su vínculo de Milei con Hayden Mark Davis, Ceo de Kaiser Venures; Julian Per, Ceo de Kip Protocol; y Mauricio Novelli, de la consultora NW Professional Traders, indicado como el nexo entre el Presidente y los empresarios que impulsaron la fallida moneda digital.
Banfi y Quetglas solicitaron además impulsar un paquete de proyectos para sumar transparencia en la gestión y evitar otro LibraGate. Incluye una reforma a la ley de ética pública, para detallar el alcance de las conflictos de intereses; regular la autonomía de Oficina Anticorrupción, derogar el DNU 780/2024, que imita el acceso a la información; y convocar a representantes de la sociedad civil a formar parte de estas reformas.
Fuentes del radicalismo reconocen que si en marzo o abril Milei no puede enderezar en la justicia el LibraGate, tal vez la comisión investigadora sea un camino inevitable en Diputados. En el Senado, mientras tanto, el autor del proyecto caído, el radical fueguino Pablo Blanco, anunció que volverá a la carga la semana que viene, cuando empieza un período ordinario y el Congreso hace borrón y cuenta nueva. Necesita dictaminarlo en comisión para que llegue al recinto. No será fácil.