El gobernador Martín Llaryora y su equipo económico mantienen en reserva su posición sobre el super IVA de Toto Caputo, el ministro de Javier Milei que quiere estimular la competencia impositiva entre las provincias. Sin embargo, en los pasillos del Ministerio de Finanzas de Córdoba insisten con la idea de la coparticipación invertida.
El cordobesismo propone discutir una nueva matriz tributaria, una suerte de sinónimo al pacto fiscal. Argumentan que el gobierno de la Nación ya no presta servicios ni hace obras y, por ende, son las provincias y los municipios las jurisdicciones que asumen esas responsabilidades.
La propuesta de Córdoba
La idea que pica en el Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial, tiene como parada final a las provincias como agentes de recaudación y a la Nación como beneficiaria de la coparticipación. Desde la mirada local, invertir la lógica de redistribución de los recursos redundaría en una mayor disponibilidad de fondos para las gobiernos locales e impuestos más bajos.
“Lo venimos diciendo hace rato”, le restan el carácter de novedad al asunto en una jornada que reunió en Paraná a gobernadores de distintas extracciones políticas y con posiciones para todos los gustos con respecto al gobierno libertario. El objetivo de Axel Kicillof, Maximiliano Pullaro, Rogelio Frigerio, Sergio Ziliotto, Nacho Torres y Raúl Jalil fue amasar un nuevo pacto fiscal y analizar las últimas ideas libertarias.
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Los gobernadores reunidos en Paraná analizaron el super IVA de Toto Caputo. Martín Llaryora no fue de la partida.
Como contó este martes Letra P, en la Jornada de Desarrollo Productivo que organizó en Paraná el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el sexteto variopinto se mostró a favor de una reforma tributaria sin deponer la exigencia de mayores recursos para las provincias. Llaryora no disiente en la cuestión de fondo, pero hace equilibrio entre las formas. En especial porque pesa la convicción de que será un debate largo y profundo, que no exige respuestas rápidas.
Ante la consulta sobre su ausencia en la cumbre de gobernadores en la capital entrerriana, en el Panal respondieron que ya tuvo su reunión con Ignacio Lamothe, el mandamás del CFI, en la sede de Buenos Aires. Con la foto y el parte de prensa de rigor anunciaron que acordaron líneas de créditos por $10.000 millones para fortalecer el desarrollo productivo.
Martín Llaryora y su juego selectivo
En el plano político, Llaryora mide los movimientos que hace junto a sus pares y los limita a aquellos que se ajustan a la agenda de irrenunciables cordobesistas: la obra pública como factor de desarrollo, el pedido de la quita de las retenciones al campo y el reclamo por los fondos que adeuda la ANSES a la Caja de Jubilaciones.
El trasfondo se inscribe en las tensiones propias de un gobierno que se define como opositor a Milei, que prometió gobernabilidad conforme a la tradición institucionalista del distrito y un electorado compartido.
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Martín Llaryora e Ignacio Lamothe en el CFI
También juega la política doméstica. El tema impositivo es un punto sensible en las relaciones entre el oficialismo y la oposición local. El diputado radical Rodrigo de Loredo aprovechó el contexto de la baja temporal de los derechos de exportación al campo -que había tenido a Llaryora como temprano fogonero- para presionar por el alivio distributivo local.
En el marco de esas hostilidades, la imagen de Llaryora perdió un par de puntos que logró recuperar después. En el Panal, cinturearon el conflicto que tuvo episodios de alto voltaje en la Legislatura y dieron por cerrada la pelea al comprobar el alto cumplimiento de los contribuyentes.
Sin embargo, esta pelea de largo aliento que promete Toto Caputo -que exalta la presión fiscal de las provincias, pero omite el aumento de las responsabilidades de los gobernadores con sus habitantes- exige movimientos calculados.