El gobernador presentó la ley de promoción industrial. Ércole Felippa aseguró que envían “una señal fuerte”. José Manuali reclamó un plan de competitividad.
El cordobesismo puso sobre la mesa una nueva carta para mejorar la competitividad de sus fábricas: el gobernador Martín Llaryora anunció el envío a la Legislatura de una nueva ley de promoción industrial, acordada con la Unión Industrial de Córdoba (UIC), que propone llevar a cero el pago de Ingresos Brutos para las empresas que cumplan determinados compromisos de inversión.
Pero detrás del anuncio tributario hecho en el Día de la Industria hubo otro mensaje, menos explícito y bastante más político. Mientras el Gobierno provincial reivindicó su modelo de articulación con el sector privado, los industriales aprovecharon el escenario para marcarle a la administración de Javier Milei que la apertura y la estabilidad macroeconómica no alcanzan si no se discute, al mismo tiempo, cómo producir en condiciones competitivas.
La frase más significativa salió de una entrevista que Ercole Felippa -presidente de Manfrey, vicepresidente del Banco de Córdoba y vocal de la UIC- le dio a Letra P durante el anuncio. Para el histórico dirigente del sector lácteo, Córdoba está enviando “una señal muy fuerte” al demostrar que el Estado y las empresas pueden sentarse a construir acuerdos.
“Cuando el sector público y el sector privado logran los consensos y un diálogo constructivo, lo que hoy se anunció es precisamente el resultado de ese diálogo”, planteó Felippa.
Y fue más allá. En un contexto en el que la industria atraviesa dificultades, sostuvo que “hoy es una señal muy fuerte la que se está enviando desde Córdoba”.
La señal, explicó, no apunta solamente al sector fabril. También tiene una lectura nacional: “La necesidad de la construcción de consenso como forma de poder construir un país distinto es fundamental. No existe país en el mundo que haya superado crisis, incluso muchísimo más graves que la nuestra, si no fue a través de los consensos de los distintos sectores”.
El proyecto fue presentado por Llaryora junto al ministro de Producción Fernando Sibilla y el presidente de la UIC, José María Manuali. La iniciativa busca unificar y simplificar los regímenes de promoción vigentes y ampliar el universo de empresas que pueden acceder a beneficios fiscales.
Manuali explicó a Letra P que uno de los principales objetivos es que “no va a haber empresa industrial cordobesa que no tenga alícuota cero” sobre la actividad industrial, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la nueva normativa.
La diferencia con el régimen anterior, según explicó el titular de la UIC, estará justamente en el acceso. La empresa podrá ingresar al régimen en función del monto de inversión o mediante un porcentaje de su valor residual contable.
“Queremos que si la empresa hace los trámites que corresponden, sí, lo que se busca es que todos tengan alícuota cero en industria”, sostuvo.
El otro cambio que los industriales consideran clave es presupuestario: el beneficio estará contemplado en el presupuesto provincial, algo que, según Manuali, no ocurría con el régimen anterior.
“Ahora todo el beneficio de la ley está presupuestado, o sea que no va a haber excusas para que una empresa no tenga el beneficio”, remarcó.
El nuevo esquema contempla dos regímenes. Uno simplificado, orientado principalmente a las pymes industriales, y otro general, pensado para proyectos de mayor impacto y para medianas y grandes empresas.
Según explicó Sibilla durante la presentación, el régimen simplificado tendrá como referencia un límite de facturación que inicialmente estaba previsto en $4.000 millones anuales y que, a pedido de la UIC, se elevaría a unos $4.300 millones.
Una pyme que invierta el equivalente al 1,2% de su facturación podrá acceder a la exención total de Ingresos Brutos sobre el proceso industrial durante el período establecido por la ley.
En el caso del régimen general, el gobierno provincial apunta a proyectos de inversión en activos fijos y también a iniciativas vinculadas con industria 4.0, especialmente para empresas medianas.
Sibilla lo presentó como un cambio de paradigma sobre un único marco normativo, con menos burocracia y mayor previsibilidad. Y lo definió como “la ley de promoción industrial más importante del país”.
El nuevo presidente de la UIC valoró la estabilidad macroeconómica, el orden fiscal y la integración de Argentina al mundo, tres banderas centrales de la administración nacional. Pero inmediatamente después advirtió que la competitividad no puede reducirse a la apertura comercial. “Necesariamente tenemos que ampliar la mirada”, planteó Manuali.
Y enumeró los factores que, desde Córdoba, la industria considera determinantes: carga tributaria, costo laboral, salarios, infraestructura, energía, financiamiento y las condiciones en las que producen los competidores internacionales.
“Una economía más abierta necesita necesariamente una agenda integral de competitividad”, afirmó. El ejemplo elegido fue el gas. Manuali recordó que Argentina tiene reservas y potencial para disponer de energía competitiva internacionalmente, pero que la industria vuelve a sufrir restricciones y fuertes aumentos de costos durante el invierno.
“No podemos tener un país rico en energía y al mismo tiempo tener industrias que no saben si van a contar con el gas necesario para producir”, cuestionó.
La UIC, de ese modo, acompañó el anuncio provincial pero evitó convertirlo en un cheque en blanco: Córdoba puede bajar impuestos industriales, pero los empresarios reclaman que Nación resuelva el resto de la ecuación competitiva.
Felippa, que conoce desde adentro la negociación entre empresarios y Estado, puso el foco en el alcance efectivo del beneficio. Según explicó, el régimen anterior alcanzaba aproximadamente al 10% de la industria cordobesa. La aspiración de la nueva ley es llevar esa cobertura al 100% de las industrias que cumplan las condiciones.
Para el empresario lácteo, el momento económico obliga justamente a reforzar el trabajo conjunto. “Queremos que, a pesar de las dificultades, porque la economía actual nos pone esta dificultad, igual se pueda, trabajando en conjunto, resolver cuestiones que por sí solo la industria no puede hacer”, sostuvo.
Y ahí aparece nuevamente la frase que atraviesa todo el acto: Córdoba busca mostrar que el Estado y el empresariado pueden construir una agenda común incluso en un contexto de caída de actividad y presión competitiva.
El gobernador tomó esa misma idea y la convirtió en el eje político de su discurso. Llaryora reivindicó el diálogo con los industriales y contrapuso esa dinámica con la lógica de confrontación política.
“El diálogo lleva a acuerdos. El diálogo lleva a no insultarnos, a no herirnos, a poder generar un espacio de trabajo en conjunto. A no construir grietas”, sostuvo.
Y agregó una definición que funciona casi como síntesis del modelo que el Gobierno cordobés pretende exhibir frente a Nación: “Las grietas construyen trincheras. Y nosotros hemos podido construir en todo este tiempo puentes”.
Para Llaryora, la nueva ley es producto de esos puentes y pretende convertir a Córdoba en una referencia nacional en materia de promoción industrial. “Nosotros, esta ley que vamos a generar en conjunto, va a ser la más potente lejos de Argentina”, aseguró.
La apuesta oficial es que la rebaja tributaria se transforme en inversión, empleo y mayor capacidad productiva. La apuesta empresaria es que el beneficio no quede atrapado en la burocracia y efectivamente llegue a las fábricas.
Y la lectura política que dejó el Día de la Industria fue todavía más amplia: mientras Milei apuesta a ordenar la macro y abrir la economía, e insiste con destratar al sector productivo, Córdoba intenta mostrar que también hay otro camino para construir competitividad: bajar impuestos, facilitar inversiones y sentar al Estado y a los empresarios en la misma mesa.
Felippa lo resumió desde el lugar menos habitual para un mensaje político, el de un empresario: “Hoy es una señal muy fuerte la que se está enviando desde Córdoba”.
