Con los gobernadores en pie de guerra, el cordobesismo busca demostrar que la Nación se financió con las provincias. Los impuestos, el telón de fondo.
Martín Llaryora habló sobre la difusión del falso video creado con IA por Rodrigo de Loredo.
Foto: archivoLos gobernadores están a punto de dar una batalla central en el Congreso por más fondos. Este jueves abrió con un contundente pedido del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora: “Esperamos que los senadores defiendan los intereses del pueblo. Nosotros seguimos defendiendo nuestra provincia y a los cordobeses”.
La senadora cordobesista Alejandra Vigo se cuenta dentro de la cruzada de las provincias unidas por los Aporte del Tesoro Nacional (ATN) y el retorno del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La integrante del bloque PRO, Carmen Álvarez Rivero, anticipó que “rechazará todos los proyectos de la oposición”. Al cierre de esta nota, Luis Juez todavía mantenía su postura en reserva.
Con el escudo que les otorga la unidad a los gobernadores, Llaryora cambió los modos. En el Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial, sostiene que no arriarán la bandera del diálogo. Sin embargo, empiezan a mostrar los dientes con el objetivo de desarmar, antes de la campaña, la acusación que más molesta a los gobernadores: la de degenerados fiscales.
La expresión intenta presentar a los jefes de las provincias como dispendiosos en sus gastos que corrigen con altos niveles de presión impositiva.
Este es un punto sensible para el cordobesismo, que empieza a observar que ya no son sólo las voces locales las que pegan en ese flanco, sino que actores filolibertarios suman presión. La pulseada con Mercado Libre, de Marcos Galperin, que retiró sus oficinas de Córdoba, es un ejemplo concreto.
Llaryora y sus pares proponen la guerra concreta en el Senado, pero sobre todo en el campo de la construcción del relato. Propusieron juegos de lógica, que tanto le gustan a Milei, para tratar de interpelarlo y mostrarle que usarán las razones de la política cuando de recursos se trate.
La tropa llaryorista le propone la construcción conocida como modus ponens, para plantear la guerra argumentativa: si devolver a las provincias los recursos que les pertenecen por ley y que les son retenidos unilateralmente pone en jaque el superávit, entonces el superávit se logra con el esfuerzo de las provincias.
“¿Dónde está el esfuerzo de la Nación? Se cae la mentira de que las provincias son degeneradas fiscales”, atacan la presunta falacia de atribución los Aristóteles del cordobesismo que, anticipan, que si el reclamo por los fondos no prospera por las vías institucionales, acudirán a la Justicia.
En términos directos, la contraargumentación busca resaltar los esfuerzos de las provincias para sostener el repliegue del Estado nacional en el mantenimiento de servicios esenciales como la salud, la educación y la inversión en obras de infraestructura. La insistencia en este punto será crucial en el marco de la campaña. El cordobesismo se anticipa porque sabe que la tropa libertaria machacará con la presión fiscal de las provincias.
Más allá de las batallas argumentativas que marcarán la jornada de este jueves, los gobernadores apoyan su reclamo en números concretos. Estos admiten menos lecturas que en el campo de la retórica.
En concreto, las provincias sostienen que el proyecto de ley de distribución de los ATN tiene un costo fiscal para el Tesoro nacional de 0,03% del PIB. Es decir, unos $253.000 millones. En tanto, con la eliminación de los tres fideicomisos financiados por el ICL el impacto sería del 0,08% del PIB o de $714.000 millones.
De esta manera, los gobernadores sostienen que la meta fiscal de Milei con estas reformas supondría un impacto en el PBI del 1,49%; por debajo del 1,60% del objetivo que plantea la Casa Rosada y aún por encima del 1,30% que pide el Fondo Monetario Internacional.