Integrante de una familia con historia dentro de la UCR, contó con el respaldo de Maximiliano Pullaro. La intervención de Carolina Losada y de Romina Diez.
El juez de Rosario, Florentino Malaponte.
El Senado aprobó el pliego de Florentino Malaponte, el juez elegido por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para ocupar una vocalía de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. La designación coronó una negociación política que acercó a La Libertad Avanza y Unidos.
La aprobación del pliego puso fin a una larga espera para completar uno de los tribunales federales más importantes de Santa Fe. La vacante llevaba una década sin resolverse después de concursos, postulaciones que no prosperaron y nombres que quedaron en el camino durante distintas administraciones nacionales.
Detrás de la llegada de Malaponte a la Cámara Federal hubo algo más que una decisión sobre un cargo judicial. Su postulación funcionó como una pieza dentro del vínculo que Milei construyó con los gobernadores que mantienen canales de diálogo con la Casa Rosada, como es el caso de Maximiliano Pullaro.
El gobernador de Santa Fe había dejado en claro que no quería que la vacante fuera ocupada por un magistrado con una postura permisiva frente al delito. Para Pullaro, el perfil de quien llegara a ese tribunal tenía una importancia especial por el papel que la Justicia Federal juega en las causas contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La elección de Malaponte encajó dentro de esa expectativa. El juez tenía un antecedente que pesaba a su favor: había sido fiscal de homicidios de Rosario cuando Pullaro estaba al frente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Ese antecedente favoreció su candidatura.
La candidatura tuvo distintos impulsores dentro de Unidos y La Libertad Avanza. Una de las principales dirigentes que impulsó el nombre de Malaponte a los despachos nacionales fue la senadora Carolina Losada, quien transmitió que el juez contaba con respaldo político en Santa Fe.
La legisladora radical mantuvo además un canal directo con Mahiques. El ministro de Justicia le anticipó la decisión antes de que el pliego fuera remitido al Congreso, una señal del lugar que había adquirido la postulación dentro de la negociación.
Dentro de La Libertad Avanza existían dirigentes que habían promovido otras alternativas para ocupar la vocalía. Entre los nombres que circularon estuvieron los de Marcos Peyrano y Froilán Ravenna, abogados con presencia en el ámbito jurídico de Rosario y vínculos con el espacio libertario.
La definición tomó otro rumbo con la intervención de la diputada Romina Diez. La dirigente, cercana a Karina Milei, conocía a Malaponte y terminó respaldando su candidatura. Ese movimiento ayudó a ordenar la posición de un sector de La Libertad Avanza que hasta entonces no tenía una postura uniforme.
El entendimiento tuvo una contraparte más amplia. La Casa Rosada necesitaba avanzar con la cobertura de vacantes judiciales en las provincias, mientras los gobernadores dialoguistas reclamaban que el Gobierno nacional atendiera esas necesidades antes de acompañar otros proyectos y postulaciones.
El pliego de Malaponte quedó incluido en un paquete de 45 candidaturas enviado por el Ejecutivo al Congreso. La aprobación del Senado terminó de cristalizar un acuerdo que tuvo como protagonistas a dirigentes nacionales, referentes libertarios y sectores de Unidos.
Para la Casa Rosada, representa otro avance en la negociación con un gobernador que, pese a mantener autonomía política, sostiene canales abiertos con el oficialismo nacional.
El nuevo integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario pertenece a una familia con una fuerte tradición política radical. Los Malaponte construyeron buena parte de su trayectoria en el barrio Saladillo y tuvieron una presencia sostenida en la política de Rosario.
El antecedente más relevante es el de su abuelo, Eugenio Malaponte, un abogado que fue concejal, diputado y convencional constituyente. En 1963 llegó a la vicegobernación de Santa Fe acompañando en el binomio a Aldo Tessio. Su padre, Daniel Malaponte, también fue concejal de Rosario.
Mientras Florentino desarrollaba su carrera judicial, la familia Malaponte tampoco perdió presencia en la política santafesina. Su hermano Martín fue candidato a concejal dentro de Unidos, mientras que su primo Eugenio compitió por una banca en el Concejo Deliberante con el respaldo de Amalia Granata.
Florentino Malaponte tomó otro camino y desarrolló su carrera en la Justicia. Su paso más significativo antes de llegar a la magistratura fue su desempeño como fiscal de homicidios, una función que lo colocó frente a investigaciones de alto impacto y le permitió conocer de cerca la problemática criminal de Rosario.
En esa etapa tuvo contacto con expedientes relacionados con organizaciones delictivas y causas de fuerte repercusión pública. Entre ellas estuvo la investigación por el homicidio de Gustavo Pérez Castelli, suegro del narcotraficante Luis Medina.
Concursó para acceder a la magistratura y fue designado juez de primera instancia. Desde ese lugar intervino en causas sensibles, como la denuncia por abuso sexual infantil que involucró al experiodista y actual concejal libertario Juan Pedro Aleart.
Con la aprobación del Senado, Florentino Malaponte completó el recorrido que comenzó con su postulación y desembocó en uno de los tribunales federales de mayor relevancia de Santa Fe. Su llegada a la Cámara no sólo resuelve una vacante histórica: también deja expuesto el acuerdo político que permitió que un juez con respaldo de Unidos y aceptación dentro de sectores de La Libertad Avanza alcanzara el cargo.
