El funcionario judicial consolidó un lugar central en la persecución del delito urbano: balaceras, barras y el combate al microtráfico, parte de su legajo.
Franco Carbone quedó en carrera para convertirse en juez federal de Garantías de Rosario luego de que el ministro de Justicia, Juan Mahiques, enviara su pliego al Senado. El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe ganó notoriedad por encabezar investigaciones tras la entrada en vigencia de la Ley Provincial de Microtráfico (Ley 14.239).
Esa modificación, que trasladó a la Justicia santafesina una competencia que hasta entonces correspondía exclusivamente a la Justicia Federal, fue clave en la carrera de Carbone, quien inició su recorrido como secretario de Fiscalía en la sede judicial de Villa Constitución. Tras superar los concursos de antecedentes y oposición, fue designado fiscal adjunto en 2019. En 2023, la Legislatura de Santa Fe ratificó su cargo como fiscal titular.
Abogado de carrera judicial y de alto perfil público, intervino en causas vinculadas con homicidios, balaceras y organizaciones criminales. Integró la Unidad de Balaceras de Rosario, el equipo especializado en la investigación de extorsiones, ataques armados e intimidaciones públicas.
Desde allí intervino en causas por balaceras contra colectivos, amenazas a servicios de emergencia y otros expedientes de alto impacto vinculados con la violencia urbana. Impulsó investigaciones contra integrantes de la barra brava de Newell's Old Boys por amenazas y extorsiones y promovió causas por corrupción policial que terminaron con la imputación y prisión preventiva de efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Policía de Santa Fe, acusados de filtrar información a organizaciones criminales.
La implementación de la Ley Provincial de Microtráfico marcó un punto de inflexión en la carrera del funcionario judicial. La fiscal general, María Cecilia Vranicich, lo designó como uno de los integrantes del equipo encargado de diseñar e implementar la estrategia de persecución del narcomenudeo en la provincia.
Durante 2024 encabezó numerosas causas en Rosario con apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI). Las pesquisas incluyeron inteligencia criminal, análisis de redes sociales, intervenciones telefónicas y allanamientos simultáneos para desarticular organizaciones dedicadas a la comercialización de estupefacientes.
Uno de los procedimientos de mayor repercusión fue la primera utilización en Santa Fe de la figura del agente revelador, incorporada tras la reforma del Código Procesal Penal. La operación permitió concretar una compra controlada de droga y derivó en múltiples allanamientos contra una organización que operaba en el oeste rosarino.
En distintas intervenciones públicas, Carbone sostuvo que el microtráfico debía analizarse no sólo como un delito de venta de estupefacientes, sino también como uno de los principales factores que alimentaban las disputas territoriales y la violencia armada en los barrios de Rosario.
Ese enfoque fortaleció la articulación entre el fiscal y el Ministerio de Justicia y Seguridad durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Con frecuencia participó de conferencias de prensa junto al ministro Pablo Cococcioni y autoridades policiales para informar los resultados de allanamientos, derribos de búnkeres y quema de droga secuestrada.
A fines de 2025 fue designado jefe de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, creada por la Fiscalía General para centralizar las investigaciones sobre narcomenudeo en toda la provincia. La estructura quedó integrada por 11 fiscales y una coordinación especializada con sede en Rosario.
Además de su trabajo en el ámbito provincial, Carbone mantuvo una coordinación permanente con fiscales federales cuando las causas permitieron detectar organizaciones criminales de mayor escala. Esa cooperación quedó reflejada en la investigación contra la organización narcocriminal transnacional encabezada por Brian Bilbao, en la que el Ministerio Público Fiscal de la Nación destacó el aporte de la unidad especializada.
Dentro del MPA, el fiscal fue considerado un funcionario con fuerte presencia en los operativos y una marcada orientación hacia la investigación patrimonial y la inteligencia criminal. Su gestión quedó asociada a la aplicación práctica de la desfederalización del narcomenudeo en Santa Fe y al objetivo de vincular la persecución del microtráfico con una estrategia integral para reducir la violencia urbana, un recorrido que impulsó su proyección hacia la Justicia Federal.
Voceros del Gobierno de Santa Fe expresaron a Letra P su conformidad con la propuesta impulsada por la administración nacional para designar a Carbone como juez Federal, aunque evitaron confirmar si la Casa Rosada consultó previamente a la gestión provincial sobre el perfil del fiscal.
