Juan Grabois trabajó para juntar las firmas del documento "La Patria no se vende", que reunió a todos los sectores de Unión por la Patria en rechazo a las políticas de Milei.
Atento a las conversaciones que el oficialismo lleva adelante con la oposición dialoguista para aprobar el proyecto de ley ómnibus que impulsaJavier Milei, el dirigente Juan Grabois advierte que los representantes de Unión por la Patria (UP) en el Congreso “no pueden entrar en el mercado persa” de la negociación y deben ocupar el lugar de oposición que les dio el electorado.
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“Los que metieron diputados en la lista de UP y conforman el bloque tienen que ser la representación política del conjunto”, dice Grabois ante la consulta de Letra P sobre si podría haber legisladores del bloque que conduce Germán Martínez dispuestos a acompañar la ley que envió el Gobierno.
El líder del Frente Patria Grande formó parte de la mesa de UP que se reunió el jueves en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, con el gobernador Axel Kicillof como anfitrión. El encuentro tuvo como objetivo la organización de la movilización convocada para este miércoles en rechazo a las políticas del Gobierno y, también, la definición de la estrategia del peronismo frente a la ley ómnibus y al polémico decreto de necesidad y urgencia 70/23.
El encuentro contó con la presencia de referentes de la CGT, la CTA, la CTA Autónoma, organizaciones sociales y gobernadores que participaron de manera presencial y virtual. Mientras Kicillof y el riojano Ricardo Quintela se pusieron al frente de la convocatoria junto con el fueguino Gustavo Melella, no pasó desapercibida la ausencia de los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), que parecieran haber avanzado en diálogos más amistosos con la Casa Rosada.
Esa deserción abrió el interrogante sobre qué harán en el Congreso los legisladores que responden a los mandatarios. Por eso, Grabois advierte que quien entre “al mercado persa de la discusión artículo por artículo incumplirá el mandato de rechazar todo el paquete de reformas” que, a su juicio, le encomendó la ciudadanía cuando votó al peronismo.
De a poquito, lamiendo las heridas y procesando los propios errores, ampliando nuestro campo y escuchando otras voces, nos estamos reorganizando; mientras tanto, tenemos el deber de hacer respetar la Constitución y el Estado Social de Derecho frente a la deriva autoritaria del… pic.twitter.com/ZdNaTtKAXj
“Es una trampa para la política entrar en negociaciones sectoriales que terminan siendo prebendarias”, dice Grabois, que advierte que, como oposición política, UP tiene “la obligación” de votar en contra de todo lo considere “malo para el país”. “Nosotros representamos lo contrario y tenemos la convicción de que todo el paquete de medidas, sumado a la devaluación del 118% que duplicó la inflación y probablemente la triplique, el protocolo contra la protesta social, el DNU y la ley ómnibus es un programa corporativo, antinacional, antipopular y antifederal y tenemos que enfrentarlo con intransigencia”, apunta.
Grabois fue uno de los dirigentes que trabajó para conseguir la firma del documento que se publicó el domingo 14 bajo el lema “La Patria no se vende”, con el que todos los sectores que forman parte de UP manifestaron su rechazo total a la ley ómnibus y al DNU y llamaron a respaldar la marcha convocada por la CGT.
Convocamos a la movilización del 24 en la idea de la defensa de los derechos laborales, la indemnización por despido, los convenios colectivos, la seguridad social, el derecho al reclamo al social , todos atacados por el #DNUpic.twitter.com/6MVL99gaD9
“La política tiene un rol, que es la representación del conjunto. Con las herramientas que nos da la Constitución, nosotros tenemos que bloquear lo que consideramos que es la destrucción del estado social de derecho, que después va a ser muy difícil de revertir. Eso se va a expresar en la calle”, agregó.
Por último, Grabois advirtió un aumento del malestar social y aseguró que, “a fine de febrero o marzo”, se verán las consecuencias de las primeras medidas económicas. “Se va a expresar en toda su brutalidad el primer tramo de un programa de confiscación de la propiedad privada de los trabajadores formales, informales o jubilados, que son sus salarios, sus ingresos y los pocos ahorros que tienen, a través de la licuadora de la devaluación, que no fue compensada con aumentos salariales ni jubilatorios. Es una licuadora de la propiedad privada de las mayorías populares en beneficio de 20 corporaciones”, dijo.