Las exposiciones comenzaron en un clima marcado por denuncias de "irregularidades" y el rechazo a una cautelar de una ONG. Habrá más presentaciones judiciales.
La audiencia pública sobre la reforma de la ley glaciares comenzó a las 10 en Diputados y ya tuvo sus primeros cortocircuitos: la oposición presentó una impugnación por considerar que estará cercenada la libertad de expresión; mientras que La Libertad Avanza, a cargo de la organización del evento, celebró un fallo judicial que desestimó una denuncia para suspender las jornadas.
"No voy a leer ni la impugnación ni el fallo", se presentó el diputado libertario Nicolás Mayoraz, a cargo de coordinar las audiencias junto a su par José Peluc. Es así porque presiden las dos comisiones a cargo: Asuntos Constitucionales; y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. El inicio de las exposiciones fue accidentado: hubo un intento de pugilato entre un diputado libertario y otro peronista.
Como anticipó Letra P, Peluc y Mayoraz decidieron que las audiencias se realicen en dos jornadas, con no más de 200 expositores por día. La primera, este miércoles, en forma presencial; y la segunda, el jueves, por zoom. Los seleccionados fueron los primeros anotados par cada provincia. Las ponencias continuarán hasta la medianoche de cada día.
Hay más de 100 mil anotados y casi la totalidad tendrá dos opciones para dejar su huella: enviar una ponencia escrita o subir un video a la página de YouTube de Diputados. La decisión fue impugnada por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Sabrina Selva y Gabriela Estévez (Unión por la Patria); María Inés Zigaran y Juan Brügge (Provincias Unidas).
En la impugnación presentada, los diputados opositores plantearon que la audiencia resulta inválida por "graves irregularidades en la metodología" que "restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)".
Sostuvieron también que la metodología implementada contradice el acuerdo del plenario de las comisiones realizado hace 15 días. Esta postura tomó fuerza cuando Mayoraz definió que las ponencias no duren más de cuatro minutos, uno menos de lo previsto originalmente.
Ambas normas son las que obligaron a convocar a la audiencia pública después de la aprobación del Senado, donde la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, ignoró esta obligación. En el Gobierno temieron que esa omisión nutra a una judicialización a una eventual ley, pero no quisieron prolongar los debates más de la cuenta.
El Gobierno tiene expectativas de tener la ley: si se replican los acuerdos de la cámara alta, en Diputados habría una mayoría, aunque muy justa y con riesgos de caerse si algún diputado revisa sus posiciones. El plan de La Libertad Avanza es dictaminar el 31 o el 7 y sesionar esa semana.
Mayoraz festejó el fallo del juzgado en lo contencioso administrativo federal 5, que rechazó una impugnación de ONGs "El artículo 75 del acuerdo de Escazú exige tiempo suficiente para que la ciudadanía pueda interiorizarse del tema. Se cumplió: la inscripción de miles de personas es la prueba más contundente", celebró el santafesino en su cuenta Twitter.
También destacó el acceso a la información, la diversidad de modalidad de participación, el federalismo; la publicidad y la difusión. "Los que quisieron boicotear este proceso fracasaron", posteó. En la oposición aclararon que hay más presentaciones judiciales y otros tribunales podrían fallar de otra manera.
La reforma fue promovida por los gobernadores de provincias mineras y tiene como principales detractores al grueso del peronismo -respaldan los de distritos mineros- y a provincias patagónicas. Modifica la ley sancionada en 2010, que protege los glaciares y los periglaciares, como se denomina el ambiente que los rodea y actúa como "regulador del recurso hídrico". Con este cambio, las provincias tendrán potestad plena para definir cómo preservar estas zonas, aunque sin afectar la provisión de agua.
Ocurre que la norma vigente, permite a la justicia prohibir una inversión si considera que no contribuye "a la biodiversidad, a la fuente de información científica y atractivo turístico". La reforma deja esas evaluaciones en las provincias.
Por pedido de la UCR del Senado, el proyecto permite al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) a realizar estudios técnicos-científicos, en caso de que un glaciar no cumpla sus funciones previstas, según la notificación de una provincia.
La primera tanda de oradores fue, en su mayoría, contraria a la reforma y advirtieron sobre la posibilidad de generar faltantes de recursos hídricos si se explotan las zonas de periglaciares. “En mi pueblo, de siete días, tenemos agua cuatro; la destrucción de los glaciares es la destrucción de nuestras reservas de agua. El pueblo es el que los va a recordar y juzgar”, inició la audiencia Marcelo Alberto Arteaga.
La exdiputada de la Coalición Cívica y docente, Marta Maffei, fue otra de las primeras voces contra la reforma: "Es una norma regresiva respecto a la legislación vigente. Bajo una fachada de federalismo, se habilita a la discrecionalidad para que cada provincia disponga sobre el agua y los glaciares".
Se presentó también el premio nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, llegó acompañado de Eduardo Valdés (Unión por la Patria) y tomó la palabra. "El agua no es una mercancía, es un derecho humano". Mientras que el glaciólogo Gabriel Carrera, advirtió sobre errores de redacción: dijo que "ambiente periglaciar" es una categoría difusa y debería reemplazarse por ambiente periglaciar.
La secretaria de ambiente y cambio climático de La Pampa, Vanina Basso, dijo que su provincia "rechaza la modificación de la Ley de Glaciares, porque sin agua no hay presente ni futuro y defenderla es nuestra responsabilidad”. Es uno de los distritos más afectados, porque se abastece del recurso hídrico de Mendoza.
Las ponencias se realizan en la sala principal del Anexo C, la más grande de la cámara. A diferencia de los plenarios tradicionales, no hay mesas laterales y los miembros de las comisiones pueden seguir las exposiciones sentados en butacas, ubicadas como si fuera una platea preferencial.
En las inmediaciones del palacio hay un férreo operativo de seguridad, con quejas por inscriptos que dicen haber sido citados, pero no integran la lista de personal de seguridad. Como cada miércoles, personal de gendarmería se encuentra frente al palacio desde temprano.
Este formato tampoco evitó incidentes durante la audiencia: los diputados Sebastián Pareja (La Libertad Avanza) y Mario Manrique (Unión por la Patria) casi se toman a golpes de puño y sus pares debieron separarlos. El sindicalista peronista no soportó que el armador libertario exigiera fuera de micrófono que los oradores respeten el tiempo. Se fue hasta su silla y casi terminan a los empujones.
