El candidato presidencial, Javier Milei, deberá volver a interrumpir su campaña para, en su rol de diputado de La Libertad Avanza, ser árbitro de una votación en el Congreso sobre uno de los temas que más lo enervan, la ley de alquileres sancionada en 2020, que considera una de las causales de la escasa oferta de propiedades.
En una sesión prevista en la Cámara baja para el 10 de octubre, se definirá cuál de las versiones para modificar la norma prevalece: si la aprobada el 23 de agosto en Diputados, que es impulsada por Juntos por el Cambio y permite precios libres; o la corrección que hizo el oficialismo en el Senado el último jueves, con un límite para los aumentos.
Como ninguna de estas posturas tiene una mayoría garantizada para ser sancionada, será decisivo lo que hagan los extremos de la grieta, que son LLA, liderada por Milei; el Frente de Izquierda y el Partido Socialista. Ninguno de estos bloques quiso tomar una postura cuando el tema se debatió en Diputados, pero en este caso, por tener la definición en sus manos, ya reciben presión de las fuerzas que dominan los recintos. La tropa libertaria es buscada por JxC, mientras que el FIT y el PS es tentado por el Frente de Todos, que apuesta además a sumar a los partidos provinciales para construir una nueva mayoría.
El primer debate será el miércoles en un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto, donde cada bloque tendrá que definir cuál de las dos versiones del proyecto prefiere, las únicas opciones que se admiten cuando una iniciativa de ley vuelve con modificaciones desde la Cámara revisora. No se permiten reescrituras.
Como las fuerzas con menos representación en el recinto no integran las comisiones, podrán estirar su decisión hasta el día de la sesión, cuando podría haber un resultado recién al último minuto. Aún así, las autoridades del FdT quieren acelerar el debate. "Lo peor es seguir esperando", coincidían, sin importarles demasiado el tablero de la votación.
Se trata de un tema tan álgido, que los referentes legislativos de todas las bancadas ni siquiera tienen claro si es conveniente poner el cuerpo a una nueva legislación que después no tenga los resultados esperados. De hecho, fue lo que pasó con la ley actual, surgida en Diputados en 2019 con respaldo de todas las fuerzas políticas y sancionada en el Senado, en plena pandemia. El proyecto de JxC aprobado en agosto baja el plazo de los contratos de tres a dos y permite actualizarlos cada cuatro meses con los valores negociados entre las partes, sin límites. La norma actual fija un tope a través de un índice que combina la inflación y la variación salarial medida por el Ministerio de Trabajo (RIPTE).
En el Senado, el Frente de Todos logró una mayoría con cuatro exmiembros de su bancada que migraron en febrero (Edgardo Kueider, Carlos Espínola, Guillermo Snopek y María Eugenia Catalfamo) y el gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien ignoró que los dos diputados de su fuerza política habían votado la reforma de JxC.
La versión finalmente aprobada en la Cámara alta, que ahora debe tratarse, sostiene los contratos a tres años, permite actualizaciones a seis meses y fija un tope para los aumentos con otro índice. Optaron por el Casa Propia, que toman en cuenta el menor índice entre la variación salarial medida por el Indec y la inflación.
En este escenario, el panorama quedó abierto. El Frente de Todos tiene 118 diputados propios y si logra reeditar la conversión de los rionegrinos que hubo en la Cámara alta -que son habituales aliados del oficialismo en todos los temas-, alcanza 120, a nueve de una mayoría. Necesita a los cuatro de izquierda y otros cuatro del interbloque federal que el 23 de agosto no quisieron votar el proyecto de JxC, pero ayudaron a dar el cuórum para que se tratara.
Son los dos socialistas (Enrique Estévez y Mónica Fein); a los que se suman Alejandro Topo Rodríguez (cercano a Roberto Lavagna) y la cordobesa Natalia de la Sota, quienes después de las primarias se sumaron a la campaña presidencial del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. El FdT, además, precisa convencer a Rolando Figueroa, gobernador electo de Neuquén.
Es un misterio lo que harán la dupla de misioneros, que responden al vicegobernador Carlos Rovira y fueron aliados fijos del Gobierno. Uno de ellos, Carlos Fernández, votó el proyecto opositor en agosto. El otro, Diego Sartori, no fue. En el Senado, la rovirista Magdalena Solari Quintana no participó de la votación. JxC no tiene garantizado poder ratificar su texto, porque lo aprobó con 125 votos, entre ellos los dos rionegrinos que no ahora revisarán sus posición. Sólo tuvo la ausencia ese día del radical chaqueño Gerardo Cipolini.
Para acercarse al triunfo, el frente de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica necesita atraer a Milei y a sus dos aliadas, Victoria Villarruel y Carolina Piparo. En agosto, este grupo ayudó con el cuórum, pero votó en contra de todos los proyectos en discusión, porque sostienen que los alquileres no deben tener regulación específica. No la hubo hasta 2020, cuando el único parámetro era el Código Civil.
Claro que esta oportunidad, si Milei y sus dos diputadas repiten la estrategia podrían permitirle al FdT sancionar su nuevo proyecto con tener un voto más y ser acusados de impedir que haya precios libres para alquilar. En agosto hubo una negociación liderada por el jefe de la UCR Mario Negri y Piparo, que tampoco dio resultados rápidos. Hasta el día anterior a la sesión, no estaba definido qué haría La Libertad Avanza. Esta vez, sus movimientos serán decisivos.