El paquete que impulsa Pullaro quedó a la espera del debate en la cámara alta. Cambios en los procesos penales y el sistema penitenciario.
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, destacó el avance legislativo del paquete para avanzar contra la violencia y el delito impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, que obtuvo a principios de noviembre la aprobación en la Cámara de Diputados provincial.
El funcionario aseguró que las reformas apuntan a fortalecer la capacidad de respuesta estatal, agilizar las investigaciones y limitar el accionar de las organizaciones criminales. Para Cococcioni, la aprobación de las iniciativas representó un paso fundamental en la estrategia provincial.
El funcionario remarcó que la Legislatura santafesina acompañó más del 90% de la propuesta oficial y sostuvo que los cambios buscaron fortalecer la actuación estatal frente al delito y simplificar los procedimientos judiciales.
“Las leyes que impulsó el gobierno son la peor noticia para las organizaciones criminales”, afirmó el ministro. El paquete incluyó modificaciones procesales, nuevas facultades para las fuerzas de seguridad, herramientas de inteligencia y cambios en el régimen penitenciario para internos considerados de alto perfil.
De acuerdo al análisis de Cococcioni, uno de los cambios más relevantes es la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial previa en situaciones de urgencia excepcional. La iniciativa contempló la intervención de un fiscal y, en determinados casos, una revisión judicial de oficio dentro de las 24 horas. El objetivo es agilizar la respuesta ante determinados hechos delictivos.
Otra modificación incorpora los juicios en rebeldía, un mecanismo que permite avanzar con procesos penales cuando el acusado se encuentra ausente, bajo determinadas condiciones legales y con garantías para su derecho de defensa. La medida busca evitar que la incomparecencia de una persona imputada paralice indefinidamente una causa.
El paquete también amplía la participación de las víctimas y los querellantes en distintas instancias del procedimiento. A su vez, incorpora el procedimiento monitorio en materia contravencional, que permite resolver determinadas faltas sin un debate oral previo y establece un plazo de 60 días para presentar una oposición.
La cuarta y quinta herramientas están vinculadas con los testimonios anticipados y la protección de quienes aportan información. La regulación contempla mecanismos como la Cámara Gesell y las declaraciones de testigos cuya integridad física puede estar en riesgo, con el propósito de preservar pruebas y evitar situaciones de vulnerabilidad.
Entre las nuevas atribuciones para las fuerzas de seguridad, en la Casa Gris destacan la posibilidad de solicitar el número de identificación internacional de equipos móviles (IMEI) de los teléfonos celulares. El mecanismo apunta a verificar el origen de los dispositivos y dificulta su robo, circulación y comercialización ilegal.
La séptima herramienta contempla facultades para intervenir inmuebles vinculados con actividades ilícitas. La modificación busca ampliar las posibilidades de actuación estatal sobre espacios relacionados con el delito y sumar alternativas para enfrentar las estructuras criminales que utilizan determinados lugares para desarrollar sus operaciones.
La octava reforma introduce cambios en el sistema de inteligencia preventiva. Su finalidad busca fortalecer la capacidad del Estado para anticipar situaciones delictivas y mejorar la información disponible para las decisiones en materia de seguridad. La iniciativa también busca reforzar la coordinación de las tareas de prevención.
La novena modificación alcanza al régimen provincial de recompensas. El cambio busca fortalecer los mecanismos de colaboración ciudadana y facilitar la obtención de datos relevantes para el esclarecimiento de delitos. De esta manera, el paquete suma una herramienta para mejorar las investigaciones y avanzar sobre las organizaciones criminales.
La décima iniciativa establece un régimen penitenciario agravado para internos que representen una amenaza grave para la seguridad pública. Entre las condiciones especiales de detención se incluye el aislamiento individual y la suspensión de visitas, con intervención y revisión judicial.
Cococcioni defendió especialmente esta modificación al advertir sobre la capacidad de determinados presos para continuar con actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios. El propósito busca limitar sus posibilidades de comunicación y organización con estructuras criminales que operen fuera de las cárceles.
“Incluye aislamiento pleno y supresión de las visitas”, explicó el ministro al describir el alcance de la propuesta. Según la perspectiva del Ejecutivo provincial, las restricciones apuntan a impedir que los internos de alto perfil impartan órdenes, coordinen delitos o mantengan vínculos operativos con organizaciones del exterior.
El Ministerio de Justicia y Seguridad consideró que las reformas tendrán un impacto conjunto sobre distintos eslabones de la política criminal. Por un lado, las modificaciones ampliarán las herramientas para actuar frente a delitos complejos. Por otro, los cambios procesales permitirán reducir demoras y concentrar recursos en investigaciones de mayor relevancia.
“Muchas cuestiones tienen que ver con más herramientas para luchar contra el delito y, al mismo tiempo, con tener un Estado más eficiente que resuelva rápidamente conflictos menores y se concentre en casos importantes”, sostuvo Cococcioni.
Tras la aprobación de la Cámara de Diputados, el proyecto quedó pendiente de tratamiento en el Senado. Si la cámara alta acompaña las modificaciones, el Gobierno de Pullaro contará con un nuevo conjunto de instrumentos legales para profundizar su estrategia en Rosario y el resto de Santa Fe.
Para el ministro, el resultado legislativo representa un avance en la dirección que había trazado la gestión provincial. La expectativa del Ejecutivo quedó centrada en conseguir el respaldo de los senadores -donde Unidos tiene amplia mayoría- y consolidar un esquema que, desde la perspectiva oficial, combina mayor capacidad de respuesta estatal, investigaciones más ágiles y controles más estrictos sobre las estructuras criminales.
"El resultado está, tenemos las herramientas y las vamos a utilizar", aseguró el ministro.
