El Presidente tensiona las instituciones. DNU, el papel del Congreso y el rol del Poder Judicial. Hablan constitucionalistas y la política. Inversiones y encuestas.
El viernes, a última hora, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, sobreseyó por inexistencia de delito a Javier Milei y a su hermana, Karina Milei, en la investigación por la presunta estafa vinculada con la criptomoneda $LIBRA. Horas más tarde, el Presidente llamó a “quemar en la hoguera” a periodistas que impulsaron la investigación. Lo aplaudieron con ganas unas 450 personas, funcionarios de gobierno y empresarios que pagaron 200 mil dólares el cubierto en la cena de la Fundación Faro.
Después de una simulación de movimientos judiciales, sin que el Presidente hubiera sido siquiera llamado a indagatoria, la causa $LIBRA entró en su fase terminal a mediados de julio, cuando Milei firmó el decreto de la designación de Ana María Cristina Juan, esposa de Martínez de Giorgi, como jueza federal de Hurlingham. Fue parte de un paquete con el que el Ejecutivo alcanzó la designación de 166 jueces, fiscales y defensores en el último año. Una cifra récord de nombramientos diseñada con eficacia brutal por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que selló el reparto de cargos en acuerdos con todos los sectores políticos para que las designaciones salieran sin inconvenientes.
El Presidente descargó su furia contra el periodismo y cruzó otro límite cuando arengó a la agresión física. Posiblemente, tampoco suceda nada. Hay prácticas dañinas para las instituciones republicanas y la democracia que se naturalizaron en los años del gobierno libertario y que llaman a preguntarse si ya seremos la rana hervida o todavía se puede saltar de la olla.
“Ustedes son los que ponen en riesgo las inversiones. Ustedes no cumplen con la ley votada por el Congreso. Nadie viene a invertir a un país que no cumple con la ley. Es un país africano, bananero. No se cumple con la ley acá y la Justicia actúa de manera cómplice”, disparó Miguel Pichetto desde su banca en la Cámara de Diputados, en la sesión en la que la oposición intentó, sin éxito, rechazar el DNU 70/2023, el andamiaje jurídico fundacional del gobierno de Milei, vigente desde diciembre de 2023.
Pichetto hacía referencia a la ley de financiamiento universitario, sancionada por el Congreso, vetada por Milei, ratificada por el Poder Legislativo y suspendida en su ejecución por el Presidente con la excusa de que los legisladores no identificaron debidamente la fuente de financiamiento. Su cumplimiento quedó enmarañado en Tribunales y terminó, esta semana, congelado con un nuevo favor al Gobierno de los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán.
“Se están viviendo características de un estado predemocrático, con bajo nivel de institucionalidad, violencia institucional por no poner en marcha las leyes que el Congreso ha votado, dilaciones judiciales y grave riesgo del funcionamiento del sistema democrático. Hay un deterioro que no tiene precedentes. Es un país al margen de la ley”, le dice Pichetto a Letra P con una cita a Carlos Nino, asesor constitucional de Raúl Alfonsín.
El oficialismo se defiende con la letra de la ley en la mano. Sostiene que el veto es una herramienta institucional y remarca, con razón, que el DNU 70/2023 se sostiene sobre la ley 26.122, sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner y defendida en ese entonces por Cristina Fernández de Kirchner. Si todavía sigue vigente con fuerza de ley es porque parte de la oposición decidió avalarlo y porque la Corte Suprema de Justicia, integrada solo por tres miembros, ignoró hasta ahora todos los planteos de inconstitucionalidad. Es decir, se mantiene por omisión en el accionar de los otros actores del sistema republicano.
“Cuando ellos van a la Justicia para bajar un capítulo de la reforma laboral es república y cuando vamos nosotros resulta que están en riesgo las instituciones”, apuntan en La Libertad Avanza y remarcan que el Gobierno está “cubriendo los cargos en la Justicia que los demás no cubrieron".
“Argentina tiene una situación de maltrato institucional hace muchas décadas. Hay muchas situaciones que son inéditas, pero también hay continuidades. Por poner un ejemplo, la manipulación de ternas en el Consejo de la Magistratura alcanzó una magnitud nunca vista, pero se monta sobre una situación anterior. El punto que me parece preocupante y novedoso tiene que ver con la falta de cumplimiento de la ley y la retórica antidemocrática que subyace. No recuerdo a un gobierno que se jacte de no cumplir la ley”, dice Sebastián Guidi, doctor en Derecho de la Universidad de Yale.
Para explicar la situación argentina, Guidi introduce un concepto acuñado por el jurista Mark Tushnet, constitutional hardball, una estrategia política que consiste en utilizar los mecanismos legales y los vacíos de la Constitución de manera agresiva. De esta manera, se respeta la letra de la ley, pero se destruye el espíritu de las normas o la tradición democrática. Implica jugar al límite con el reglamento. “El problema es que, si todos juegan a no colaborar con el sistema, el sistema se termina rompiendo”, apunta Guidi.
La posible ruptura del sistema pareciera no ser un tema que perturbe al Presidente, a quien inspiran autores que no reivindican el valor de la democracia, como Murray Rothbard, o aun más, que admira fervientemente a los tecnomagnates que consideran que la democracia es incompatible con la libertad, como Peter Thiel. Todo sucede mientras, en paralelo, la sociedad argentina mantiene su valoración positiva de la democracia, como indican todas las encuestas. La última de Latinobarómetro indica que Argentina es el país de la región que más la valora.
“La institucionalidad está en el punto más bajo desde 1983 debido al ejercicio autocrático del poder por parte de este gobierno, que está utilizando mecanismos de excepción constitucional para conformar un orden jurídico propio y autónomo de la Constitución. Milei le ha generado un daño al funcionamiento institucional y al valor de la democracia que no sé si va a ser reversible. Hay un sector de la sociedad para el cual la democracia no tiene ningún valor definitivo”, apunta Andrés Gil Domínguez, doctor y posdoctor en Derecho Constitucional, docente de la Universidad de Buenos Aires.
Al ampliar el mapa, Gil Domínguez da un paso más y se pregunta si “el sistema del orden constitucional está en crisis o se extinguió y está en proceso de que venga otra cosa”, tanto en América Latina como en el resto del mundo, en plena convulsión por la insatisfacción democrática, que le abrió paso a la irrupción de las ultraderechas.
“En Argentina, el Poder Ejecutivo se transformó en un primus inter pares, un poder superpoderoso al que están subsumidos los otros poderes. Tenés una Corte Suprema que nunca declaró inconstitucional la ley 26.122, entonces con que una sola de las Cámaras del Congreso guarde silencio, un DNU mantiene efecto jurídico. Hay falta de controles institucionales, los funcionarios no van al Congreso, la Bicameral de DNU no controla los decretos, no existen las interpelaciones, el Presidente no cumple las leyes, se autoriza el ingreso de tropas extranjeras por decreto”, apunta el constitucionalista Diego Armesto, que señala como punto de quiebre para las democracias occidentales la toma del Capitolio, en 2021, en Washington.
La mayoría de los especialistas coincide en que la degradación institucional es parte de un proceso que lleva años, pero que está ahora en su punto más crítico. El presidente de la fundación Poder Ciudadano, Martín D'Alessandro, hizo hace pocas semanas una descripción detallada, a raíz a la publicación del índice de Percepción de la Corrupción que confecciona anualmente Transparencia Internacional para 182 países. Argentina se ubica recién en el puesto 104. Consiguió en 2026 su peor resultado en diez años.
D'Alessandro dijo en la cena anual de Poder Ciudadano que pareciera que el Gobierno traza políticas “para ampliar la impunidad”, por ejemplo, buscando reducir la cantidad de juzgados con capacidad para investigar la corrupción de los funcionarios, con las leyes de inocencia fiscal, la reforma política que va en contra de las buenas prácticas globales sobre transparencia en los fondos de campaña, gasto exponencial en agencias de inteligencia sin ninguna rendición de cuentas y el aval “sistemático a mentiras y dilaciones, para ocultar enriquecimientos a todas luces sospechosos en el ejercicio de la función pública”. “No parece casual, entonces, que según el último informe sobre inversiones de la OCDE, la Argentina haya caído al último lugar de la región en recepción de inversiones extranjeras”, apuntó.
¿Puede esa situación espantar a los inversores? Depende. Nada pareciera detener a las empresas del sector minero y petrolero, grandes beneficiadas del modelo económico mileísta. La única inquietud de los inversores consiste en saber si un eventual cambio de gobierno afectará las condiciones del RIGI. “A nadie le importa en absoluto la cuestión institucional o si Milei gobierna por DNU, mientras les garanticen su rentabilidad”, reconoce un operador que trabaja para el sector energético.
Diferente es la situación de otras empresas, en particular extranjeras, que objetan prácticas tales como la falta de transparencia en las licitaciones públicas, que terminan con las concesiones siempre en manos de los mismos grupos económicos con vínculos con la política local, como es el caso del Grupo Neuss, Mauricio Filiberti o José Luis Manzano. “Cuando ves que las empresas extranjeras, que tienen cuestiones de compliance bastante estrictas, se terminan corriendo es porque hay un problema”, dice un asesor local de empresas extranjeras.
Queda claro que la vara de esas otras empresas, en su mayoría extranjeras, no es la misma con la que el sector empresario midió a gobiernos de otro sesgo ideológico. Guillermo Francos, exjefe de Gabinete de Milei, defiende la decisión inicial del Gobierno de sentar las bases de su administración con un DNU. “Se intentó generar confianza en el mundo y se generó un flujo importante de capitales. Había que utilizar todos los recursos constitucionales que se tuvieran para eso. Era el principio del gobierno. La oposición tuvo todas las chances de voltear el DNU y no lo hizo”, le dice el exfuncionario a Letra P.
En el sector privado admiten que “preferirían que el Gobierno consiguiera leyes en el Congreso”, pero no vieron el DNU fundacional como un problema, aunque introducen un matiz que explica algunas dudas actuales. “Se entendió que los primeros dos años no había número en el Congreso para aprobar algunas leyes. Se esperaba que después de las elecciones de medio término eso cambiara con acuerdos políticos. Pero se demoró demasiado”, apunta un hombre que trabaja para empresas de peso en el sector privado.
La pregunta que surge hacia adelante es cantada. ¿Se le autorizaría lo mismo a un gobierno con otra orientación ideológica? “A Milei se le permiten muchas cosas en parte por el contenido. No creo que el Poder Judicial vaya a ser tan permisivo con un DNU 70/2023 con otro contenido. La cancha está inclinada”, resume Guidi.
Hoy todas las instituciones son objeto de reproche social. De acuerdo con la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, el 25% está satisfecho con el desempeño del Poder Ejecutivo, mientras que el Poder Judicial tiene solo el 16%, igual que la Cámara de Diputados.
¿Qué pasa cuando el sistema se rompe? En Argentina todo voló por el aire en 2001. Con la crisis económica y financiera también se rompieron los partidos políticos. Las instituciones también gozaban de desprestigio social. El “que se vayan todos” alcanzó al presidente, el Poder Legislativo y Judicial.
Pero la sociedad era otra y fue el mismo sistema el que proporcionó la salida. “Hubo una Asamblea Legislativa que eligió a Eduardo Duhalde. Los jueces también actuaron. Duhalde llamó a elecciones anticipadas cuando fue lo del Puente Pueyrredón. Todos buscaban salir de la crisis económica financiera y de partidos, pero no del sistema. El sistema funcionó, permitió que no nos desintegráramos”, recuerda Gil Domínguez. ¿Dónde estará la salida si ahora el sistema falla?
