Cuestionan el proyecto de las empresas DF, Live Nation y la curia. Alertan que fue declarado Monumento Histórico Nacional y su intervención está prohibida.
Las organizaciones Basta de Demoler y Fundación Ciudad les reclamaron al gobierno nacional y al de la Ciudad de Buenos Airesque frenen el proyecto de demolición del icónico estadio Luna Park, en manos de la Iglesia porteña, debido a que su intervención está "prohibida" porque en 2007 fue declarado Monumento Histórico Nacional y está protegido por el Decreto N° 123/2007.
A través de cartas dirigidas a la Comisión Nacional de Monumentos, presidida por Mónica Capano, y al gobierno porteño, las fundaciones expresaron su "preocupación y alarma por la perspectiva de demolición de las instalaciones del estadio", pidieron que se respete la normativa vigente y que se detengan las obras proyectadas.
El reclamo de la sociedad civil se suma a las fuentes empresarias que manifiestan su preocupación por el avance del preacuerdo con el productor Diego Finkelstein y su socia internacional Live Nation, que implicaría la “cuasi demolición” del edificio mítico de Corrientes y Bouchard.
Asimismo, le solicitaron a la titular del organismo que "adopte los cursos de acción necesarios para dar cumplimiento a lo ordenado por la ley que rige su actividad -incluyendo la competencia concurrente con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, emergente de la Ley N° 12.665- con relación al proyecto de intervención del monumento histórico nacional".
Las fundaciones sostienen que la demolición sería ilegal, ya que el Luna Park está protegido por el Decreto N° 123/2007. También solicitaron información sobre las gestiones de los actuales propietarios, la empresa Luna Park Stadium S.A., para modificar o demoler el estadio a través de la concesión a DF Entertainment (del argentino Diego Finkelstein) y la multinacional norteamericana Live Nation Entertainment Inc, advirtiendo que cualquier intervención requiere aprobación oficial.
En rigor, las autoridades de las ONG sostienen que para llevar adelante estas tareas, la empresa deberá pedir autorización a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como adelantó Letra P, pese a que el Luna Park tiene protección patrimonial e histórica de la Ciudad, las fuentes consultadas aseguraron que el contrato de concesión firmado por la Iglesia "autoriza a demolerlo si los nuevos concesionarios consiguen los permisos de las autoridades para tal fin”.
"Por haber sido declarado Monumento Histórico Nacional y estar ubicado en un Área de Protección histórica, existen una serie de restricciones y limitaciones que se deben respetar en caso de querer modificar el Luna Park, por lo que no es legalmente posible modificar su volumen, estructura interior, estilo y fachadas, mucho menos demolerlo", señalaron.
Además, exigieron que el gobierno porteño explique qué medidas adoptará para preservar este patrimonio. Según las organizaciones, hasta la fecha no han recibido respuestas a sus cartas enviadas en noviembre y diciembre.
El Luna Park es propiedad de Stadium Luna Park S.A., empresa de la que son accionistas por partes iguales el Arzobispado de Buenos Aires y la Institución Salesiana, y aprobó por unanimidad el 16 de octubre pasado la entrega en concesión del estadio a DF Entertainment y a la empresa que es su controlante, Live Nation Entertainment Inc. Por contrato, Diego Finkelstein será el gerenciador del nuevo proyecto y el responsable de negociar la demolición y las nuevas obras con el Estado, a pesar de que cualquier gestión referida al edificio debe realizarla por ley su propietario, es decir, la Iglesia.
Por contrato, la fecha de entrega del Luna Park al gerenciador fue acordada para el 2 de enero próximo para comenzar con las actividades previas a la demolición. El plazo de la concesión acordado es de 20 años, sumados a otros 20 de prórroga: es decir, 40 años en total.
La inversión inicial a cargo de Live Nation Entertainment Inc. y DF Entertainment para la obra es de USD 34 millones. El acuerdo incluye la demolición del actual edificio y la construcción de uno nuevo con capacidad para 13 mil personas, dos niveles adicionales y estacionamiento subterráneo.
"A cambio, la Iglesia recibirá inmediatamente el pago de un millón de dólares como prima por la firma del contrato, y un millón de dólares por año a lo largo de los 40 años de concesión", señalaron las organizaciones en el comunicado.