El Tribunal Superior decide la suerte del intendente que perdió la mayoría por una fuga radical. Si se votan autoridades de nuevo, el PJ tendrá el poder.
El intendente de La Calera, Fernando Rambaldi, está en una encerrona política y judicial.
Fuente: Facebook RambaldiEl conflicto político e institucional desatado La Calera tiene prácticamente fuera de funcionamiento y como campo de batalla al Concejo Deliberante de esa populosa ciudad del Gran Córdoba. La parte de la bancada que todavía responde al intendente Fernando Rambaldi convocó a sesionar este viernes para que el cuerpo legislativo retome su funcionamiento, pero no lo logró.
La movida que encabezó la concejala oficialista Sofía Fernández se dio en el mismo momento que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) decide a quién corresponde legítimamente la presidencia del cuerpo.
La disputa la protagonizan la propia Fernández, nominada presidenta del Concejo en sesión preparatoria en diciembre pasado; y Analía Marcos. La radical de origen mestrista rompió Juntos por La Calera y se acomodó en las filas de la oposición dominada por el PJ que controla la familia Rufeil. Como Rambaldi perdió la mayoría, en una caótica sesión de febrero, se pergeñó una movida para que la escapista del oficialismo ascendiera como máxima autoridad.
Lo concreto es que este jueves el TSJ le ordenó nuevamente a Fernández se abstenga de ejercer cualquier función como presidenta del Concejo, ya que esa condición es justamente motivo de disputa legal.
El oficialismo había puesto en marcha una estrategia propia para suplir el virtual vaciamiento de bancas que motorizó la oposición, ahora mayoritaria con cuatro bancas peronistas, más la radical Marcos y que, en la práctica, había dejado al Concejo sin cuórum para sesionar.
A instancias de la concejal Fernández, incorporaron al cuerpo e hicieron jurar a la concejala siguiente en la lista proclamada del oficialismo, para suplir a Marcos, dada sus sucesivas inasistencias.
Así funcionaron un par de sesiones y este jueves el oficialismo pretendía profundizar ese mismo camino. Para ello, convocó a asumir, esta vez, a cuatro concejales suplentes del oficialismo. Tenían expectativas de que al menos dos se presentaran a jurar.
Esa estrategia se fundaba en el artículo 141 de la ley 8.102 de municipios y comunas, que en su capítulo referido a vacancias temporarias, fija que “en caso de licencia o ausencia que excedan de cuatro sesiones consecutivas de un concejal, miembro de la comisión o miembro del Tribunal de Cuentas en ejercicio, el presidente del Cuerpo convocará para cubrir la vacante, en forma temporaria, al candidato del partido al que perteneciera aquél, que siga en el orden de la lista”.
Como para la Justicia aún no está claro quién preside el Concejo, el TSJ abortó la sesión.
Se abre así un nuevo escenario en el que el Concejo Deliberante está paralizado de hecho y donde todas las miradas se orientan a definiciones judiciales sobre la cuestión de fondo.
EL TSJ ya anticipó que debe haber un nuevo llamado del Concejo a sesión para elegir sus autoridades, con la presencia de un veedor judicial.
Eso implica que si la alianza opositora se mantiene firme, como todo parece indicar que ocurrirá, Marcos será repuesta como presidenta y el intendente Rambaldi se quedará sin Concejo Deliberante, con el cuórum y la mayoría en manos de la oposición. En ese sentido, está en una encerrona a la que no se le ve salida posible.
Por eso la reacción del oficialismo apunta ahora a impugnar las actuaciones del TSJ y pedir la nulidad de todo el proceso. “No nos han garantizado el derecho a defensa y están afectando la autonomía municipal. En La Calera se está impidiendo el normal funcionamiento de un poder del Estado, como es el Concejo Deliberante”, se quejó la concejal Fernández.