Profesionales de la provincia de Buenos Aires reclaman asistencia a la entidad con patrimonio millonario que se va por la canaleta de dietas institucionales.
El directorio de la Caja de Previsión Social de la Abogacía de la provincia de Buenos Aires se ve sacudido por una denuncia pública a raíz de la presunta malversación de fondos que administra la institución que próximamente tendrá su correlato en la sede del fuero Penal de la capital bonaerense.
Varios aportantes a la Caja señalaron que la entidad paga mensualmente cifras millonarias en concepto de viáticos y salarios, "mientras se pagan jubilaciones de hambre a los abogados". En la actualidad, un letrado pasivo recibe un haber previsional que en la mayoría de los casos no supera los trescientos mil pesos.
La Mesa Ejecutiva de la entidad previsional está presidida por Daniel Burke. En las vicepresidencias se anotan Marcelo Daniel Díaz y Gerardo Rafael Salas. El secretario es Héctor Manuel Dias, la prosecretaría está al mando de María Fernanda Huerta. La tesorería es responsabilidad del platense Pedro Martín Augé y su segundo es Adrián Pablo Manuel Riva.
El directorio está integrado por 35 personas: Ariel Leonadro Vaccaro (Avellaneda-Lanús); Luis Guillermo Álvarez (Avellaneda-Lanús); Juan Carlos Acosta (Azul); Guillermo Eduardo Pérez Cambet (Azul); Nerina Santarelli (Bahía Blanca); Horacio Fahey (Dolores); Lisandro Daniel Benito (Junín); Pablo Miguel Rasuk (Junín); Gustavo Daniel Lorenzo (La Matanza); Andrés Horacio Ayale (La Matanza); Gabriel Alejandro Picón Robredo (La Matanza); Silvia Fernanda Isasmendi (La Plata); Bruno Salomone (La Plata); Arturo Ángel Vilar (Lomas de Zamora); Ricardo José Maredo (Lomas de Zamora); Luis Osvaldo Rech (Mar del Plata); Fabián Gerardo Portillo (Mar del Plata); Patricia Gloria Leva (Mercedes); Domingo De Paola (Mercedes); Carlos Darío Cura (Moreno-Gral. Rodríguez); Cristian Edgardo Callegari (Morón); Adrián Sergio Cetrángolo (Morón); Alejo Manuel Ramallo (Necochea); Pablo Javier Linares (Pergamino); Pablo Ovidio Fernández (Quilmes); Mirta Edith Fraile (Quilmes); Diego Cortes Guerrieri (San Isidro); Sara Martha Calahonra (San Isidro); Ricardo Martín Magnano (San Martín); Mónica Elizabeth Gaete (San Martín); Víctor Manuel M. Di Salvo (San Martín); Eduardo Luis Ocariz (San Nicolás); Viviana Vanesa Picia (San Nicolás); Hugo David Palomeque (Trenque Lauquen) y Juan Pablo Ytalia (Zárate-Campana).
La Comisión Revisora de Cuentas, sector encargado de controlar los gastos, está conformada por Horacio Walter Verdeja (La Plata); Francisco Santiago Repetto (Dolores); Andrea Cristina Espíndola (Zárate-Campana); Juan Fermín Lahitte (San Isidro) y Mario Oscar García (Trenque Lauquen).
Por último, las vocalías están en manos de José María Bogliolo (Azul); Adelina Loianno (Lomas de Zamora); Mario Erminio Mariani (Pergamino); Alberto Justino Rivas (La Matanza); Gerardo Salort (Quilmes); Eduardo Eleodoro Vázquez (San Nicolás); Adriana Laura Vives (Necochea); Natalia Poleggio (Mar del Plata); Karina Verónica Bivona (Junín); Alberto Julián Farinati (Morón); Jorge Alberto Ludovica (Mercedes); Eduardo Horacio Menna (Bahía Blanca); Alfonso Salvador Napoletano (Moreno-Gral. Rodríguez); Gustavo Enrique Velesquen Saenz (San Martín) y Alejandro Daniel Zimerman (Avellaneda-Lanús).
El manejo de los fondos en esa caja previsional profesional es materia recurrente en cada elección de autoridades en los colegios de la abogacía de cada departamento judicial de la provincia de Buenos Aires.
Este tema fue abordado por el abogado libertario Marcelo Peña, referente de Javier Milei en la capital bonaerense, quien en una entrevista con el diario digital 0221.com.ar de la ciudad de La Plata señaló: “Tomando en cuenta el altísimo costo de las cuotas anuales obligatorias y ello en relación a que cobres una ridícula jubilación generaría la sospecha que en nuestra Caja de Previsión Social habría faltante de dinero por irregulares manejos que fue permitida por la última gestión”.
Peña tiene en su agenda de trabajo solicitar “una auditoría de las cuentas de los últimos 10 años y una denuncia penal por presunto fraude”. Además, “una pericia exhaustiva del sistema informático y los procedimientos contables para verificar se determine cuál fue el ‘origen y aplicación’ del dinero de la institución”.
Otro de los puntos “es el excesivo cobro de viáticos, más de cinco millones de pesos para gastos de traslado, resulta ridículo, debe ser ad honorem o donado por los directores para los noveles matriculados”.
Peña fue más allá en su mirada y planteó la importancia de “examinar las cuentas de la Caja, los aportes de los profesionales en procesos sucesorios, y que se examine la correspondencia entre los recibos registrados contablemente por pagos de aporte en los juicios y los respectivos expedientes judiciales para darle una respuesta al colega sobre si nuestra Caja de Previsión es transparente con los números hace falta comprobar ‘la funcionabilidad y eficiencia del sistema informático’, así como para establecer los motivos por los cuales no existiría, al parecer, un doble control en la facturación pues existiría en su caso sospecha fraude y una manipulación informática de larga data del sistema informático de la Caja el cual he comprobado en otras investigaciones penales que se emitían ‘facturas mellizas’, y la última gestión del Movimiento Innovador hizo la vista gorda”.
Esta situación no es nueva. En plena pandemia, cientos de abogadas y abogados bonaerenses solicitaron la asistencia de la caja previsional. El tema fue ampliamente reflejado en una nota de Letra P, bajo el título Caja de Abogados bonaerense: timba financiera sin asistencia a afiliados.
Esto que ocurre en la Caja de Previsión Social de la Abogacía se replica en otras instituciones similares. Las cajas previsionales de profesionales son el único sistema jubilatorio privado, ajeno a la administración y control estatal. Manejan mensualmente sumas de dinero varias veces millonaria con laxos controles internos. Rinden cuenta una vez al año, generalmente, ante colegas del mismo espacio político. Un sistema con futuro incierto.