La UCR no puede con su alma: hoy borrará con un veto la ley que escribió hace cuatro meses. Siete conversos y ningún jefe. Dos almas, ¿ningún alma?
Elaborar un proyecto de ley, defenderlo públicamente, votarlo y aprobarlo, ponerse al frente de una amplia coalición de partidos y, un par de meses después, dar marcha atrás, traicionar y sumarse al tercio más uno necesario para avalar un veto presidencial de Javier Milei es una secuencia que, salvo una falla grande de la memoria, no registra precedentes.
Sin embargo, es lo que todo indicaba anoche que va a hacer este miércoles un grupo de diputados que, más que a la histórica Unión Cívica Radical (UCR), merecerían pertenecer a otro partido, que podría darse en llamar Unión Cínica Radical o, si se prefiriera, Unión Cínica de Derecha Radical.
El escándalo contribuye a tensar el clima y se completa con la promesa de marchar de los movimientos sociales y de Pablo Moyano, las defecciones de otros dirigentes cegetistas y las amenazas de represión del Gobierno. Se viene un miércoles de alta tensión.
La cuestión se hace más espinosa cuando se atiende al contenido: una módica recomposición de 8,1% de los haberes jubilatorios, reparación parcial de la licuación que les produjo el ajuste de Javier Milei y Toto Caputo, quienes con el veto admiten cuál es el material con el que está construido el equilibrio fiscal del que se ufanan.
El costo del proyecto –se insiste: elaborado por la UCR– es de 0,43% del producto bruto interno (PBI) y ascendería a 0,8% el año que viene. El argumento presidencial sobre la sacralidad del superávit presupuestario, basado en una serie de zonceras aritméticas al parecer convincente para ese grupo de disidentes del radicalismo y de las que –se suponía– eran sus propias convicciones, no se sostiene.
El jefe de Estado considera "derechos adquiridos" los regímenes especiales como los que benefician a las empresas tecnológicas instaladas en Tierra del Fuego, sostiene exenciones tributarias para unicornios como Mercado Libre, reduce impuestos al sector más rico de la población, alienta la evasión y la fuga por considerarla cosa de "héroes" y premia a estos con un blanqueo gratuito que es una burla para los contribuyentes cumplidores. Para comparar magnitudes, por las mencionadas canaletas de la plutocracia en vigor se van alrededor de 4 puntos porcentuales del PBI.
Mientras, ese mandatario es el mismo que vetó un alivio de 18.000 pesos para adultos mayores estragados por una inflación agravada por su decisión de devaluar más allá de toda medida, una canasta de precios mucho más desfavorable que la del IPC del INDEC –hoy se conocerá el de agosto, algo menor al 4%–, la quita masiva de medicamentos cubiertos por el PAMI y hasta la eliminación de créditos porque –Diana Mondino dixit– "es casi seguro que se van a morir".
En ese proyecto convergen, sin derecho al retorno si el Tribunal de Ética del partido cumpliera con lo que sugiere, los tránsfugas de la Unión Cívica Radical, quienes acaso puedan finalmente fundar la Unión Cínica.
La UCR parece destinada a doblarse o a romperse, esta vez por obra de por lo menos siete legisladores.
Cinco de ellos cruzaron el Rubicón, se supone que sin pasaje de retorno, al reunirse ayer, sonrientes, con Milei en la Casa Rosada, comprometiendo su cambio de lealtades: de los jubilados al Presidente sin escalas. Se trata del cordobés Luis Picat, el neuquino Pablo Cervi, el misionero Martín Arjol y el tucumano Mariano Campero. También fue de la partida José Federico Tournier, cercano al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y perteneciente a un partido aliado en esa provincia, aunque parte del bloque radical.
El grouchomarxista Campero, dueño de todo tipo de convicciones, incluso contrapuestas, y desconocedor de que los panqueques se comen con la boca cerrada, se convirtió merecidamente en tendencia.
Por si lo anterior fuera poco, el Gobierno hizo una vez más cosas de casta. Nombró a otro radical, el entrerriano Pedro Galimberti, en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande para que sea reemplazado por la macrista Nancy Vallejos. Y también premió al radicalismo cordobés, sin que por ahora se sepa a cambio de qué, al poner a Pablo Yannibelli como interventor de la Universidad Nacional de Río Tercero.
Así las cosas, la Casa Rosada confía en tener 90 votos de bloqueo.
Por lo menos desde la disputa entre Hipólito Yrigoyen y Marcelo Torcuato de Alvear, un siglo atrás, la UCR parece tener dos almas: una nacional-popular o progresista –más recientemente, alfonsinista–; la otra liberal-oligárquica. Pese a la enorme cantidad de fracturas que el partido ha sufrido en el camino, parece no terminar de dirimir ese enfrentamiento. Acaso ya no tenga ninguna.
En medio de ese conflicto, tiene como conductores a dos hombres que, en su enfrentamiento, conducen poco. Uno es el presidente partidario, el senador Martín Lousteau; otro, el jefe de la bancada de la Cámara Baja, Rodrigo de Loredo.
El primero no se baja de la mejora para los jubilados, mientras que el segundo cita a Mendieta y grita: "¡Negociemos, don Inodoro!".
La Argentina está hoy desgarrada en torno a su enésima grieta, trazada en torno a la figura divisiva de Javier Milei. En ese contexto, pensar en una alternativa de coalición, inevitablemente moderada, es tan complejo como indispensable, pero el radicalismo se sustrae, con sus juegos pequeños, de esa responsabilidad. A no ser que entienda que ya no existe rol histórico que justifique su existencia.
Ocurre que la defección de los siete no es la primera que le cabe al partido o a sectores de él.
Sólo por citar hechos recientes, cabe recordar que una mayoría de los diputados radicales viene de acompañar la sanción de un proyecto del macrista Alejandro Finocchiaro para declarar "servicio estratégico esencial" a la educación, lo que redundaría en la limitación del derecho de huelga de los docentes. Si esto vulnera un derecho constitucional o no puede ser materia opinable, pero no lo es que la UCR viene de movilizar a una parte importante de la sociedad en defensa de la universidad pública, para luego arreglar con el Gobierno una actualización del presupuesto de funcionamiento y dejar a la deriva a los trabajadores docentes y no docentes, quienes experimentan en lo que va de la actual administración una pérdida salarial del 77% y a quienes, encima, se les quiere recortar la posibilidad de reclamar.
¿Más? Desde ya, aunque de modo más sutil. El grueso de los legisladores de la UCR, excepciones aparte, viene de facilitar la aprobación de la ley Bases y, con ella, del abusivo RIGI. El voto favorable y la introducción de enmiendas –que el 20% de las inversiones se destine al desarrollo de redes de proveedores locales, por caso–, permitió que el Presidente, reglamentación mediante, las diluyera. Si el proyecto era "escandaloso", como dijeron Lousteau y otros críticos, llama la atención que hayan dejado abierta semejante puerta en lugar de decantarse por el rechazo.
Ahora, los tránsfugas proveto dicen buscar beneficios en el Presupuesto 2025, que el primer mandatario presentará personalmente –algo inusual– en el Congreso el domingo al –también inusual– horario de las 21. Sin embargo, salvo Corrientes, provienen de provincias en las que gobiernan otros partidos…
Más allá del misterio recién mencionado, es sabido que el Gobierno no suele cumplir con sus promesas de fondos y que trata a amigos y a enemigos con el mismo rigor. Esto explica las complicaciones que encuentra para actuar un dialoguista como Guillermo Francos, quien acaba de pasar por una internación atribuida por ciertas informaciones a un cuadro de estrés producido por sus choques con el jefe de Gabinete blue Santiago Caputo.
¿Qué pretende conseguir en este contexto el sector de la Unión Cínica Radical, o la Unión Cínica de Derecha Radical, que aclaremos, no incluye a todos los miembros de la UCR?
Es obvio que acepta compartir con el Presidente el costo político de un veto impopular, que afecta directamente al 20% del padrón electoral y, por vía indirecta, a los hijos, nietos y amigos de los jubilados, además de a la parte de la ciudadanía que se niega a que el ajuste se realice en favor de los poderosos y a expensas de los débiles. Los responsables sabrán por qué les vale la pena.
¿Será, acaso, que como el PRO, el partido percibe que buena parte de su electorado se ha ido con La Libertad Avanza, hoy dominante en el espectro derechista, y que por eso le conviene acompañar? Es posible, pero cabe preguntarse qué pretende conseguir un grupo que, a plena luz del día, vota contra sus propias propuestas, revierte sus propios votos y baja las últimas banderas que podía levantar, las de la transparencia, la república, la división de poderes, los jubilados y la educación pública, por la que se interesa de modo intermitente y sólo cuando se tocan sus intereses más directos.
Letra P pretende ser una fuente diaria de información e interpretación política y económica. Sin embargo, el análisis a veces no llega lo suficientemente lejos. Es probable que sea el caso de esta edición, tal vez insatisfactoria para dar cuenta de semejantes defecciones y de cualquier noción de coherencia y fidelidad a los contratos electorales.
Otras posibles motivaciones requerirían preguntas y respuestas que este medio, en este momento, no está en condiciones de brindar y deja a tu criterio.