En una maniobra que sorprendió al oficialismo, Javier Milei envió otra vez a Diputados el proyecto para crear un nuevo régimen penal juvenil, con la edad de imputabilidad a 13 años, aun cuando el consenso es 14. A las pocas horas lo retiró y trabajará en comisión sobre el que está vigente, enviado en junio de 2024.
El nuevo texto tenía un sólo agregado que se sumará al dictamen: una partida de más de $ 23 mil millones para financiar el encierro de menores que hoy quedan libres.
Como anticipó Letra P, el proyecto final será despacho este miércoles y llegará al recinto al día siguiente. Con el consenso alcanzado hace un año (14 años como edad punible y 15 de cárcel como pena máxima), sería aprobada el jueves con 150 votos.
El debate será coordinado por Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal; y Álvaro Martínez, quien se quedaría a cargo de Justicia, que iba a ser para Sebastián Pareja. La orden del día definitiva tomará el despacho del año pasado y sumará la partida del nuevo proyecto, que nadie esperaba.
Las desinteligencias son cuanto menos extrañas: el proyecto enviado por Patricia Bullrich en 2024 estaba vigente y bien podría tomarse como base. Pero su sucesora, Alejandra Monteoliva, lo reescribió para agregarle partidas y de esa manera llevar alivio a los gobernadores, quienes también negocian cambios en la reforma laboral para no perder plata. Pero finalmente decidió retirarlo.
La plata de Javier Milei
La partida que se agregaría al régimen penal juvenil es de $ 23.739.155.303,08 y se divide en dos tramos: $ 20.607.158.518,00 de la Defensoría de la Nación; y $ 3.131.996.784.28 del presupuesto del Ministerio de Justicia. Estos fondos alcanzan para pagar los gastos que implique el sistema en las cárceles federales, pero la Nación, además, podría ayudar a las provincias, que se llevarán la parte de la inversión.
Esto es así porque los delitos comunes son los más frecuentes entre los menores (robos y asesinatos) y la ejecución de esas penas se lleva a cabo en las cárceles que controlan los gobernadores. Para esos casos, en el nuevo proyecto enviado por Milei se invita a las provincias a adecuar sus regímenes procesales y asegura un "trabajo coordinado con otras áreas y el desarrollo de intervenciones basadas en la evidencia".
Fuentes del oficialismo explicaron a Letra P que el compromiso que asumirá la Nación con las provincias será acotado. "No implica infraestructura, que ya debe estar cubierta por las provincias, que tienen sus institutos de menores. Se dispondrá de personal de asistencia para tratar los casos", señaló una diputada libertaria que sigue la discusión.
El pedido de fondos había surgido de los mandatarios provinciales, mientras que la Casa Rosada veía con preocupación el texto original del proyecto, que no identificaba el origen de las partidas a utilizar. "Eso se podía escribir así con el presupuesto reconducido, en 2024, pero no ahora", explican en La Libertad Avanza (LLA).
La pelea por la edad
El proyecto enviado por Milei y retirado después volvió a generar suspicacias sobre el problema de siempre: la edad mínima de imputabilidad, que en la actualidad es de 16. Bullrich propuso bajarla a 13 en el proyecto original, el consenso con la oposición es de 14, pero la exministra no se rindió y siguió pidiendo sostener su versión.
En los diálogos que hubo entre Rodríguez Machado y la oposición dialoguista quedó claro que no había margen para salirse del acuerdo del año pasado, porque ni siquiera el PRO acepta que la edad sea 13. Lo fundamentó, con estadísticas, el jefe Cristian Ritondo, quien fue ministro de Seguridad bonaerense.
Bullrich insistió y el proyecto que envió su sucesora no corrigió ese detalle, aun cuando agregó un capítulo con partidas. "La edad va a ser 14. Eso no está en discusión", aseguraron fuentes de LLA a Letra P. El debate será el miércoles en comisión. Y el jueves en el recinto.