Las peleas complican la negociación por los pliegos judiciales. Denuncias cruzadas y pulseada entre empresarios, jueces y espías. El Banco Nación, bajo la lupa.
Javier Milei perdió el control de su Gobierno. La interna entre Karina Milei y Santiago Caputo no da tregua, alimentada por carpetazos y operaciones cruzadas. La fragilidad presidencial abrió una pelea por el poder real, con jueces, empresarios y referentes libertarios peleando a cara descubierta. La oposición busca nutrirse de este desorden, pero por ahora sin ofrecer un propuesta clara.
El Presidente parece un testigo de su propio caos: este viernes usó sus redes para denostar a periodistas involucrados en presuntas operaciones de prensa empujadas desde la embajada de Rusia. La investigación fue difundida por periodistas argentinos que prestan servicios a Open Democracy, una plataforma de medios del Reino Unido.
Milei atacó a la prensa que habría colaborado con el Kremlin -sabiéndolo o no- para esconder dos escándalos que complican su gestión: las propiedades no declaradas de Manuel Adorni y la filtración de la cartera de créditos del Banco Nación, que convirtió en propietarios a funcionarios y diputados libertarios. Estos episodios serán discutidos a los gritos en la sesión del miércoles en la Cámara baja, en la que el Gobierno convertiría en ley la reforma de la ley de glaciares.
La narrativa libertaria está en juego: si hay corrupción y privilegios, Milei, en el mejor de los casos, sería un presidente más. Y sin un blindaje de poder en la Justicia, el ocaso del libertario puede estar a la vuelta de la esquina.
Para evitarlo, Karina Milei, Lule y Martín Menem, junto al flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques, empezaron a enviar al Senado propuestas para completar las 300 vacantes en la justicia federal. Los primeros nombres alcanzaron para mostrar fisuras en la Corte y una fuerte presión del establishment.
El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, pagó caro que su hijo, Emilio Rosatti, haya sido incluido por Mahiques como uno de los candidatos a jueces. Sus pares del máximo tribunal, Juan Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, firmaron una acordada para cambiar la modalidad de selección de los magistrados: proponen que la entrevista final realizada en el Consejo de la Magistratura tenga una incidencia mínima.
Rosenkrantz y Lorenzetti expusieron su idea el lunes en la Corte, justo mientras se conocía que el tercer cortesano tenía a su hijo como candidato a juez en Santa Fe, en el listado que acababa de llegar al Senado. Rosatti no había firmado la acordada sobre los concursos por su condición de presidente de la Magistratura, pero pronto se supo que eran excusas.
El miércoles, cuando reunió a los miembros de la Magistratura para definir el temario de la reunión que habrá el jueves 16, Rosatti evitó incluir la propuesta de sus colegas para cambie el protocolo de selección de jueces. “Es un tema muy sensible: nos tenemos que tomar tiempo”, se evadió el santafesino, ante una propuesta del consejero César Grau.
Sólo hubo acuerdo en avanzar con la destitución de los jueces Antonio López (Mar del Plata) y Pablo Ramiro Díaz Lacava (La Pampa). Son dos casos obscenos que le sirven a Rosatti para ganar tiempo: el bonaerense tiene denuncias por antisemitismo, avaladas recientemente por la DAIA; mientras que el pampeano está acusado por maltratos por sus pares. Hasta le pusieron una perimetral.
Rosatti tiene motivos para evitar la discusión que quieren imponer sus dos compañeros de trabajo: su hijo, Emilio, terminó en cuarto lugar en los exámenes, pero la entrevista lo dejó primero. Se ve que es bueno para responder preguntas.
La reunión de la Magistratura tuvo otro dato de color: el silencio de Jimena Latorre, la voz y los ojos de Mauricio Macri en el cónclave. Los consejeros creen que el expresidente negocia con los cortesanos una acordada para habilitar las reelecciones y sostener a su exfuncionaria en la mesa.
El problema para Rosatti vino unas horas después, cuando los principales grupos de poder del país se expresaron a favor de la acordada que no quiso firmar. Se pronunció el Grupo de los Seis, que agrupa a las principales cámaras empresarias del país. También se expresaron a favor de minimizar las entrevistas para los futuros magistrados el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).
La Asociación Empresaria Argentina (AEA), el corazón del establishment nacional, integrado por enemigos declarados de Milei, renovó sus autoridades esta semana y estuvo a la sombra de las maniobras de la dupla de cortesanos. En el Congreso recuerdan que Rosenkrantz llegó a ser juez de la Corte después de tener como clientes a la mayoría de los asociados a esa poderosa entidad.
Mahiques envió al Congreso dos listas de jueces en la semana: el lunes llegó la primera, con 36 aspirantes; pero unos días después la amplió hasta llegar a 59 pliegos totales, que esperan tratamiento en el Senado. Por los tiempos administrativos, las audiencias serían a fines de mes y la sesión para aprobarlos en mayo, antes del Mundial de fútbol. Para el ecosistema legislativo, en esa fecha podría dar inicio a una relación más tensa entre Milei y sus aliados. Tal vez por eso, los pliegos que pedían los partidos provinciales recién llegarán en el segundo semestre.
Por eso las pensiones para no quedar fuera de la tanda de pliegos fueron intensas. En la segunda tanda de expedientes apareció el hijo Rosatti y otros nombres polémicos como Ana Cristina Juan, propuesta como jueza de Hurlingham. Es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la investigación por la criptomoneda $LIBRA.
El caso de Juan fue extraño: no estaba incluida en el mensaje firmado por Mahiques el lunes y figuró en el listado que finalmente llegó al Senado. Fue una de las marcas del pacto de Karina Milei con la familia judicial. También se sumó al listado el candidato a juez de Garantías de Santa Fe, Walter Rodríguez. Hubiera sido un papelón que Rosatti fuera el único pliego de esa provincia.
Otro premio fue para el juez Julián Ercolini, bastión de Comodoro Py y recordado por pelearse casi a piñas con Alberto Fernández, después de la elección presidencial de 2019, cuando el entonces ganador de esos comicios les pidió un freno a las causas por corrupción. María Julia Sosa, secretaria del magistrado, fue propuesta como jueza en La Plata.
Patricia Bullrich tuvo su festejo: fue incluido como candidato a juez en la cámara penal económica Alejandro Catania, quien instruyó causas por contrabando durante el gobierno de Macri y nunca le trajo problemas.
Mahiques tiene sus intereses. Con amparo de Karina Milei, aspira a ser candidato a procurador general, para lo que necesita dos tercios del Senado. Precisa del voto de la totalidad de los aliados del Gobierno en el recinto.
Santiago Caputo tiene otro plan: quiere la procuración para Ariel Lijo, el juez que no pudo llegar a la Corte y por estos días instruye la investigación contra Adorni. Es otra de las discusiones que llegará después del mundial de fútbol.
El listado de candidatos a cubrir vacantes en la justicia dejó marcas de la interna del Gobierno, cuya debilidad les permite a los actores con presencia en el poder real de Argentina pelearse a cielo abierto por cada porción del Estado.
Un caso emblemático es el Jaime Stiusso, histórico hombre de contrainteligencia, quien fue eyectado Cristina Fernández Kirchner de la entonces AFI hace una década y se dedica a vender servicios personales. Caputo le pidió ayuda y, desganado, el afamado espía envió a su antigua oficina al octogenario Alberto Magaldi.
A Stiusso le iba bien en la actividad privada: uno de sus clientes particulares sería una importante empresa que afronta causas por evasión impositiva y logró que su situación forme parte de la ley Bases.
Por esas tareas, una leyenda repetida en Comodoro Py es que Situsso prefiere dejar vacantes las sillas de la Cámara Penal Económica, que toma casos de evasión impositiva y contrabando, porque se lleva bien con los camaristas que ofician de subrogantes.
Mahiques envió dos aspirantes a ocupar esos cargos (Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway), un desafío al legendario espía. El ministro armó las listas con los Menem, quienes tienen la fantasía de remover al titular de la SIDE, Cristian Auguadra, que reporta a Caputo. Se sabe: la dupla riojana acusa a Caputo por la filtración de fotos de familiares en los medios. La bicameral puede investigar si la SIDE participó de esas operaciones o de otras similares contra Adorni.
El asesor presidencial no se las hace fácil: envió al Señor 5 de gira a Estados Unidos y difundió un comunicado de una reunión con el titular de la Central Intelligence Agency (CIA), John Ratcliffe, que luego fue borrado.
La gira estadounidense será una de las preguntas que Auguadra reciba de la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, que será presidida por el diputado Sebastián Pareja, cercano a Karina Milei. Menem le negó ese cargo al jefe del PRO, Cristian Ritondo y, a cambio, le cedió la comisión de seguridad interior, cuya presidenta será Florencia De Censi.
En este clima de internas y acusaciones, la Semana Santa sumó escándalos mediáticos que arruinarán la sesión del miércoles en Diputados, que será convocada para sancionar la reforma de la ley de glaciares.
Milei tiene los votos para modificar la norma sancionada hace 16 años, que habilita explotaciones mineras en áreas adyacentes a los glaciares y que pasarán a estar controladas por las provincias. La Nación sólo deberá cuidar el recurso hídrico que aportan los glaciares. Los gobernadores que piden la reforma enviarán a sus emisarios a exponer al plenario de comisiones, que será el martes.
El desafío del Gobierno será en la Justicia, dónde abogados de asociaciones ambientalistas se tienen confianza de repetir el triunfo de sus colegas laboralistas.
La sesión tendrá un sinfín de acusaciones y cuestiones de privilegio. De a ratos, los glaciares quedarán en el olvido. En Unión por la Patria hay una interna feroz, porque los más duros quieren juntar los votos y buscar un emplazamiento a comisiones para tratar los proyectos que proponen interpelar a Adorni. Sería una carnicería para el ministro coordinador.
Hay peronistas confiados en quebrar a los aliados del Gobierno y conseguir mayoría. “Sólo falta el PRO, que es enemigo del jefe de Gabinete”, se entusiasman. Por su protocolo, la interpelación es más efectiva para acorralar a un funcionario que el informe de gestión que Adorni enviará a fin de mes.
No será el único escándalo que explotará en el recinto. Mónica Frade, de la Coalición Cívica, presentó una denuncia para que se investigue el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación a dirigentes, funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo. La cartera de la entidad financiera se filtró en redes y aparecieron miembros de cada rama interna del Gobierno y hasta legisladores aliados.
La polémica por los créditos dejó una pregunta clave: ¿Quién tenía realmente dinero como para calificar para un empréstito? La polémica la abrió el exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, a quien Sandra Pettovello echó tras conocerse que se compró una casa con plata del Banco Nación.
El hijo del excandidato presidencial de la UCR hizo su descargo por redes. Está seguro de salir ileso porque es planta permanente de la Auditoría General de la Nación (AGN), donde llegó a la categoría más alta cuando era director su coterráneo Miguel Pichetto.
La estabilidad de la AGN, junto a los ingresos de su esposa, le permitirían a Massaccesi acceder al crédito completando la documentación por página web. El resto de los beneficiarios deberán explicar pronto si tenían el mismo respaldo para ser propietarios.
Como dato de color en la interna, el Banco Nación está presidido por Darío Wasserman, cercano a Karina Milei. Asumió en diciembre, aunque previamente se desempeñaba como vicepresidente y, según fuentes del sector, tenía control sobre la entidad en las sombras. Es, además, el marido de Pilar Ramírez, legisladora porteña alineada con la hermana del Presidente.
En el ámbito libertario sostienen que, el año pasado, Caputo intentó acercarse a Darío Wasserman para debilitar a los Menem y, de ese modo, tender un puente con Karina Milei. Filtraciones basadas en datos del Banco Central indicaron que el banquero estatal habría facilitado el acceso a viviendas a sectores de las llamadas Fuerzas del Cielo, vinculadas al principal asesor del Presidente. ¿Será por eso que Wasserman nunca fue maltratado por los medios?
Para ensuciar estás denuncias, en La Libertad Avanza no quieren dejar pasar el escándalo por la supuesta operación rusa con medios locales. En la bancada que conduce Gabriel Bornoroni están a la espera de una orden de la Casa Rosada para abrir la comisión de Libertad de Expresión para citar a periodistas.
La presidencia quedó a cargo de Guillermo Montenegro, el diputado libertario recordado por haber organizado en 2024 una visita a Ezeiza para entrevistarse con exrepresores, como Alfredo Astiz. Tenía la misión de escribir un proyecto de ley para liberarlos. No será un ámbito fácil para poner a periodistas en el banquillo.
