Como explicó Letra P, el martes próximo la comisión, en la que el oficialismo tiene mayoría propia, se reunirá para evaluar los cargos y definir si avanza con las acusaciones. Rosatti y Rosenkrantz son los dos jueces que más elementos en su contra acumulan y después de las elecciones quedaron complicados, porque la nueva conformación del Congreso a partir del 10 de diciembre les dejó un dato preocupante: una eventual alianza parlamentaria en torno a este asunto entre Unión Por la Patria, sus aliados de partidos provinciales, la izquierda y La Libertad Avanza quedaría cerca de alcanzar los dos tercios de cada Cámara, la mayoría necesaria para destituir a un juez de la Corte. Un número al que se llegaría sin problemas si se suma algún sector de la UCR.
También se necesita esa proporción de votos en el Senado para cubrir la vacante existente en el máximo Tribunal, a la que podría sumarse otra el año que viene, porque Maqueda cumple 75 años, la edad límite para ejercer el cargo. En la nueva composición de la Cámara alta pueden reunirse dos tercios sin la participación de alguna de las fuerzas que hoy integran Juntos por el Cambio, que difícilmente continúen unidas.
Rosatti, quien además es presidente de la Corte, rompió todo vínculo posible con Javier Milei cuando, después del triunfo del economista en las elecciones primarias, sostuvo que el proyecto de dolarizar que tiene La Libertad Avanza es inconstitucional. “Se ve que está a favor del robo”, le respondió el diputado.
Las elecciones del 22 de octubre cambiaron los ánimos en la Corte. Dos días después, Rosatti se autoinvitó a un evento en la Universidad de Lomas de Zamora organizado por el rector, Diego Molea, quien fue miembro del Consejo de la Magistratura en representación de los académicos, un cargo que ahora ocupa la decana de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios, María Fernanda Vázquez. En ese ámbito, Rosatti sostuvo que espera que el próximo gobierno “marque un camino de unidad y unión nacional”, tal como pide Massa. Un gesto explícito de acercamiento.
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Las gestiones del santafesino con el ministro tuvieron su primer capítulo en enero, cuando se inició el proceso de acusación contra los jueces de la Corte, pero no dieron resultado. Los dos miembros del Frente Renovador que la integran, Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán, avalaron cada uno de los cargos contra los magistrados.
Después del 22 de octubre, Rosatti retomó sus intentos de acercarse a Massa, para pedirle que no se emitieran los dictámenes de acusación, un trámite que debe hacerse antes del 20 de noviembre, o sea, previo al ballotage presidencial.
Como la semana anterior a la votación no es fácil que se reúna el cuórum, en el oficialismo evalúan que el Poder Ejecutivo solicite una prórroga de las sesiones ordinarias para firmar los despachos durante las semanas siguientes. Una vez emitidos, tienen tres años para ser tratados.
En su última entrevista televisiva, Massa dio señales de estar dispuesto a dejar el terreno allanado para avanzar en esa dirección. Anunció que, en caso de ser elegido presidente, buscará iniciar el tratamiento de una agenda legislativa de su gobierno con la actual composición de la Cámara baja, una decisión que se explica en que después del 10 de diciembre perderá la mayoría en las comisiones. El juicio político podría formar parte de ese programa, aunque los jueces buscan evitarlo. Fuentes de la comisión señalaron a Letra P que no creen que sea viable dar de baja las acusaciones: “Si lo hacemos así, Massa quedará como empleado de la Corte. No va querer eso”, especulan.
Los cargos
Como describió Letra P, Rosatti y Rosenkrantz fueron acusados de mal desempeño por su participación en tres medidas de la Corte: la cautelar que incrementó los fondos que recibe la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, el fallo que permitió la salida anticipada del represor Luis Muiña, con la aplicación del cálculo 2x1; y el que cambió la composición del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y sancionar a integrantes de la justicia federal.
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Maqueda también fue responsabilizado por los casos de la coparticipación y el Consejo de la Magistratura, pero arrastra además la acusación por su rol en la administración de la obra social del Poder Judicial. Como debe jubilarse el año que viene, en la Comisión de Juicio Político creen que ignorará el proceso, porque sabe que se extinguirá con su salida.
Lorenzetti fue el juez que salió mejor parado de la investigación: sólo fue acusado por la causa de la coparticipación y la Magistratura, aunque en este caso votó en disidencia. No recibió cargos por la administración de la obra social, aun cuando fue presidente del Tribunal durante los años en los que se detectaron irregularidades. Consiguió ese resultado a partir de su buena relación con sectores del oficialismo, a la que le agrega un vínculo iniciado con Milei, que le permite vaticinar un final mejor que el de sus colegas, con los que mantiene un feroz enfrentamiento.
Rosatti y Rosenkrantz rechazaron las acusaciones y advirtieron sobre anomalías en las audiencias de la comisión. “Una vez neutralizado el capricho y la arbitrariedad en la interpretación de los hechos, la única explicación plausible de la existencia de este juicio político es la disconformidad con algunas sentencias adoptadas por el tribunal”, sostiene el primero de ellos en su descargo.
El juez porteño negó cualquier incidencia en la actividad legislativa en el caso Magistratura y se defendió de su participación en la liberación de Muiña, un fallo que fue trabajado en detalle por sus asesores. “No hubo un ‘desacople' del sistema interamericano de derechos humanos, sino la aplicación de la correcta regla de derecho constitucional argentino e internacional ante un exceso de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso concreto”, alegó Rosenkrantz. Justificó además no haber consultado a la comisión Interpoderes, creada para acelerar casos sobre lesa humanidad. “No se fija ninguna periodicidad para las convocatorias, ni tiene facultades ejecutivas”, la menospreció.
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Rosatti hizo hincapié en las presuntas irregularidades de la Comisión, como la de tomar como elemento probatorio supuestas escuchas entre el director de su vocalía, Silvio Robles, y el ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’ Alessandro, en las que conversan sobre la cautelar que benefició al gobierno porteño.
“Es increíble, porque (el jefe de Gobierno) Horacio Rodríguez Larreta, a partir de esas escuchas, echó a D’Alesandro. Y creen que nosotros no podemos evaluar a un juez”, se indignó en diálogo con Letra P al leer el descargo un oficialista que integra la comisión.
Rosatti justificó además haber aumentado a 2,95 puntos el porcentaje de la coparticipación que recibe la Ciudad, que para el oficialismo no se basó en ningún cálculo previo. “La parte actora (la Ciudad) reclamó un 3,5 y el Código Procesal Civil y Comercial atribuye a los jueces la facultad de morigerar las medidas cautelares”, fue su explicación.
En el oficialismo también se sorprendieron con la defensa de Rosatti ante la acusación que recibió por elegirse a sí mismo como presidente de la Corte y, dos meses después, firmar el fallo que, por tener ese cargo, le permite ser además el titular del Consejo de la Magistratura.
“Cualquier otra decisión hubiera puesto a esta Corte en el rol de legislador”, argumentó su no excusación. La definición la tendrá la Comisión de Juicio Político. Con su mayoría oficialista.