El gobierno provincial apelará la decisión de la jueza Pozzer Penzo. Denuncias, frases altisonantes y un juego político que se aleja del reclamo social.
Gustavo Valdés gobernador de Corrientes.
El caso Loan sigue complicando la gestión del gobernador Gustavo Valdés, que deberá insistir para que la jueza Cristina Pozzer Penzo acepte a la provincia de Corrientes como querellante. Mientras la oposición arremete con la mira en Diego Pellegrini, el senador radical sigue sin declarar en un contexto de crisis general del sistema que cruza denuncias y acusaciones de modo cotidiano.
Por pedido del gobernador, el Ejecutivo correntino había pedido constituirse como querellante, pero la jueza federal entendió que los argumentos para hacerlo “no resultan atendibles”. En su mirada, no hay elementos para que se considere a la provincia como un “particular ofendido aún en un concepto amplio del término”.
La respuesta llegó este miércoles de parte del fiscal de Estado, Horacio Ortega, que anticipó que la provincia apelará la decisión. "Vamos a articular todas las instancias que la ley nos permite para poder consolidar una situación y un Estado de derecho dentro de la causa y esto es la participación como querellante", dijo Ortega que eligió no entrar en “especulaciones” respecto de las razones por las que Pozzer Penzo rechazó ese pedido puntual, pero admitió una serie de incorporaciones a la causa que también había solicitado la provincia.
El gobierno provincial tiene hasta el viernes para presentar su apelación e insistir con la necesidad de sumarse a la causa como querellante. Más allá del apoyo público, en el entorno provincial no están del todo cómodos con Pozzer Penzo, cuya investigación tocó algunas fibras sensibles del poder político correntino. Por eso, la corrección del fiscal de Estado suena, al menos, impostada. La semana pasada, el abogado Sebastián Pardo presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura en la que acusa a la jueza por mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el escrito, Pardo dice que la jueza federal es “incapaz de continuar al frente de la investigación, debiendo ser sometida al proceso político de destitución de su cargo, debiendo asumir el Juez Federal subrogante que en turno corresponda”. La denuncia generó un nuevo revuelo a partir de las acusaciones públicas que señalaron a Pardo como un "hombre de Valdés", marcando un supuesto parentesco con Eduardo Pardo, el secretario privado de Valdés, que el abogado desmintió a través de su canal de streaming, desde donde sigue y analiza el devenir de la investigación y hace rato que apunta al accionar de la jueza.
Sin embargo, no todo termina allí. Con un pasado de militancia en el peronismo, Pardo llegó a ser secretario de Seguridad en Paso de los Libres, pero se alejó marcando distancias con el intendente Martín Ascúa, uno de los anotados para pelear la gobernación en 2025. Tras su renuncia, se acercó a Valdés, a quien acompañó durante una parte de la campaña 2023 proyectando una eventual participación más activa en las filas del oficialismo pensando en las ejecutivas del año que viene.
Este martes, la jueza federal de Goya levantó el secreto de sumario en la investigación que busca saber qué pasó con el niño de 5 años que desapareció el 13 de junio de la localidad de 9 de julio. Hay siete detenidos que esperan ahora que se defina su procesamiento.
Mientras eso sucede, el mundo político sigue mirando hacia la banca del senador radical que trasladó a Laudelina, la tía de Loan, acompañado del abogado José Codazzi y fue citado a declarar en calidad de testigo hace dos semanas.
En línea con los tres peronistas en el Senado provincial que habían emitido un comunicado para que el cuerpo arbitrara las medidas para colaborar con la Justicia en caso de que resultase necesario, este lunes los diputados Germán Braillard Poccard y César Lezcano y su par Adriana Vidal Domínguez avanzaron en la cámara baja provincial para sumar presiones al radical del riñon valdesista que sigue sin presentarse ante la Justicia.
Se trata de una “declaración de preocupación” en la que se asegura que la declaración de Pellegrini “es un paso necesario para garantizar el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la Justicia”. “Necesitamos que declare lo que sabe y que Loan regrese para que esto nunca más vuelva a pasar en Corrientes”, aseguró Braillard, que acude a la Legislatura ante la necesidad de que “la política también se ponga a disposición de la justicia”.
En esa pelea, la oposición también empieza a apuntar hacia otros funcionarios provinciales que, con declaraciones altisonantes, vuelven a meterse en la batalla política mientras la resolución del caso se dilata en los márgenes de la discusión electoral.
Uno de ellos es el ministro de Gobierno, Carlos Vignolo, que desde hace rato viene señalando la existencia de “miserables” que “tratan de llevar adelante una movida política para tratar de llevar agua para el molino”. “Nosotros tenemos identificado con mucha claridad quiénes son, qué hacen", dijo a comienzos de esta semana el ladero de Valdés y armador político del radicalismo alejado de Ricardo Colombi.
"Entendemos que hoy la prioridad es la búsqueda de la verdad respecto del caso Loan. En su momento nos vamos a hacer cargo de cada uno de ellos, en el sentido de poder comentarles a la sociedad con claridad quiénes son esos actores, por qué lo han hecho y qué es lo que buscan”, advirtió el funcionario que también fue titular del Plan Belgrano durante el gobierno de Mauricio Macri.
“Cuando el régimen se pone en riesgo, aparecen estas declaraciones”, lanzó el senador peronista Martín Barrionuevo en las redes sociales.