Hacen equilibrio entre la pasión epocal por la motosierra y la política pública del día a día. Bancos al auxilio, cajas cuidadas y construcción política.
“Un Estado tan chico como sea posible, pero tan grande como sea necesario”, marcó alguna vez desde la Patagonia, como guía de su gestión el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, que este jueves festejó la confirmación legislativa del posible pase a planta permanente de 4200 trabajadores estatales.
Esa fórmula discursiva, que tiene antecedentes, ya admite una reformulación a la sureña, una irónica traducción en la Patagonia de estos tiempo, donde la mayoría de los jefes provinciales sostiene acuerdos estratégicos con la Casa Rosada, pero puertas adentro ponen al Estado como parte sustancial de la construcción política de sus fuerzas locales.
Los jefes territoriales aceptan buena parte del relato de la era y defienden el equilibrio fiscal, la eficiencia administrativa, la reducción del déficit y el control del gasto. Pero se apartan del libreto cuando el impacto del ajuste nacional llega al recibo de sueldo, a las jubilaciones, al hospital, a la ruta, o al crédito. Aparecen entonces los bancos provinciales, las cajas previsionales, los presupuestos propios y las estructuras gubernamentales funcionando como una red salvadora. Eso que en algún momento fue “el Estado presente” y que el presidente Javier Milei, explícitamente, detesta.
En la Patagonia, la pasión por la motosierra que la ola instala como políticamente correcta, encuentra su contrapeso en un Estado que no es feo, ni sucio ni malo, sino que te salva a la hora de los bifes.
A grandes rasgos, lo que resalta en la región no es una rebeldía a los mandatos nacionales, sino una suerte de doble mano. Negociación siempre, a veces manos alzadas en el Congreso, y adaptación pragmática a la agenda violeta dominante. Pero en convivencia con una versión provincializada de un Estado protector y la construcción de poder en el territorio.
La mayoría de los gobernadores de la Patagonia entablaron alguna alianza con el gobierno de Milei de modo coyuntural o más sistemático, ayudaron con votos para aprobar algunas de las leyes centrales para la adminitración libertaria. Aceptaron sugerencias, recortes y hasta algunas banderas programáticas. Frente a procesos electorales o con recursos en juego, la necesidad tiene color violeta. Pero esos mismos líderes territoriales, a la vuelta de la esquina, mecharon tanto Estado como les fue posible para contener a sus poblaciones, sostener programas y obras, o construir sus espacios de acción.
Los gobernadores de la Patagonia y el Estado no son asuntos tan separados como le gustaría al Presidente. Mientras la gestión nacional se golpea el pecho con la reducción de la planta estatal, el sur hace lugar en sus gobiernos para la estabilidad laboral. Mientras La Libertad Avanza celebra la avanzada fanática de la motosierra, la región pone parches y frenos. Mientras Milei cree que los deudores morosos tienen que pagar por sus "malas decisiones", la dirigencia patagónica aborda políticas públicas como salvavidas de ese sector.
Hay ejemplos que están frescos, pero no son los únicos, quizá ni siquiera los más potentes. Esta semana la Legislatura de Río Negro sancionó el régimen que permitirá el ingreso a planta de personal temporario del Ejecutivo. No crea nuevos puestos ni incorpora personas ajenas a la administración: regulariza vínculos existentes y les reconoce estabilidad, previa evaluación de idoneidad, examen médico e informes administrativos.
El día previo, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, había anunciado la eliminación de los códigos con los que financieras, mutuales y cooperativas descuentan préstamos directamente de los salarios públicos.
El mes pasado, la Santa Cruz de Claudio Vidal prorrogó hasta fin de año su programa de alivio financiero para estatales endeudados. Ya había alcanzado a 3500 trabajadores y refinanciado compromisos por cerca de 43.000 millones de pesos.
Antes, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, creó un régimen especial para aproximadamente 1600 trabajadores que, después de años bajo programas precarios o modalidades sin aportes completos, llegaron a una edad avanzada sin poder jubilarse. “Durante años el Estado falló”, admitió el gobernador de La Neuquinidad. La reparación consiste en pagarles una asignación equivalente a su remuneración y mantener los aportes hasta que puedan acceder al beneficio previsional.
“Estado presente y eficiente” es la fórmula que elige el pampeano Sergio Ziliotto, el único gobernador peronista de la Patagonia. Ejerce desde su provincia una resistencia firme ante el ajuste libertario, pero que se jacta de su histórico equilibrio fiscal y desendeudamiento.
Diría la historia compañera: todo en su medida y armoniosamente. En algún sentido el PJ pampeano es, por tradición e identidad, un poco provincialista. Es el caso más estructural de la puesta en práctica de una conducta estatal que va a contramano de la moda y el relato. El gobierno tiene paritarias que acuerdan incrementos salariales por encima de la inflación y determinó en marzo el pase a planta de más de 800 agentes provinciales.
El modelo pampeano ya utiliza al Banco de La Pampa para ofrecer líneas de financiamiento. Este año, sumó una política específica para clientes endeudados. A fines de julio había refinanciado unos $2.200 millones en saldos de tarjetas de 407 personas, con planes de hasta 72 meses y tasas fijas del 40% al 48%, sin anticipo ni tope de monto.
Ese anuncio se hizo ante empresas y sindicatos de trabajadores y es habitual que la banca pública tenga tasas subsidiadas y garantías provinciales destinadas a inversión, producción, capital de trabajo y sostenimiento del empleo.
Ziliotto también afronta obra pública con recursos propios, y señala el abandono libertario en la materia. Y continuó financiando su sistema previsional después de que Nación cortara los aportes. Sólo durante 2025, el presupuesto destinó unos $145.000 millones de pesos a cubrir ese déficit.
En algún momento La Pampa también redujo gastos. Pero el ahorro no fue presentado como un fin en sí mismo, sino como la condición para sostener jubilaciones, salud, educación y asistencia social.
En Río Negro, la sanción del pase a planta sintetiza, de algún modo, el equilibrio político de Weretilneck. El oficialismo insiste en que no aumentará la masa salarial ni se ensanchará la estructura pública, sino que los beneficiarios de esa decisión política ya trabajan en hospitales, escuelas, organismos sociales, áreas administrativas y servicios esenciales. Lo que cambia es la naturaleza del vínculo.
Sí está claro que la ley va a contramano de uno de los signos visibles del ajuste nacional: la utilización de la inestabilidad laboral como herramienta para achicar el sector público. Río Negro decidió que el ordenamiento también puede significar reconocer derechos.
En Neuquén, el Régimen de Acompañamiento por Trayectoria Laboral Vulnerable constituye uno de los casos más claros de reparación institucional. Está destinado a empleados que superaron en al menos cinco años la edad jubilatoria, tienen un mínimo de 15 años de aportes provinciales y no pueden retirarse porque pasaron parte de su vida laboral bajo formas de contratación que no aseguraban contribuciones completas.
Quienes adhieran dejarán de prestar servicios, pero cobrarán una asignación transitoria equivalente a su último haber normal. El Tesoro continuará haciendo los aportes hasta completar los requisitos jubilatorios. No es una jubilación anticipada ni un retiro convencional, sino que es la provincia haciéndose cargo de una deuda generada por años de precariedad.
Neuquén combina esa reparación con una política de expansión selectiva de servicios. Entre otras cosas, durante 2026 abrió concursos para cubrir 74 cargos médicos y continuó viviendas que habían quedado paralizadas por falta de financiamiento nacional.
Esa misma lógica aparece en otros ámbitos de Río Negro, como la obra pública. El último ejemplo data del mes pasado, en que anunció que terminaría con fondos propios otras 31 viviendas abandonadas. El Estado no crece en cantidad de oficinas, pero sí en responsabilidades asumidas.
En Chubut, Torres detectó préstamos con tasas efectivas anuales superiores al 340 por ciento y empleados a quienes los descuentos les absorbían más del 80 por ciento del salario. Su respuesta fue cortar por decreto los códigos de descuento y anunciar una regulación legislativa.
Se puso en la vereda de enfrente del gobierno libertario, que agita la idea de que la morosidad es un asunto entre privados y en boca del presidente Milei defiende las conductas usureras porque a las víctimas "nadie les puso un revólver en la cabeza" para que firmaran los préstamos.
El Banco del Chubut ofrecerá una salida a través de la unificación de deudas, tasa fija del 25 por ciento, hasta 72 cuotas, un año de gracia sobre el capital y un límite del 40 por ciento del salario para el pago mensual. La deuda no desaparece, pero cambia el acreedor y se reduce su peso.
La intervención es significativa porque el Estado provincial retira a las financieras la garantía del cobro automático y coloca a su banco como referencia. No impugna el crédito, pero sí la usura.
En Santa Cruz, el Plan de Alivio Financiero de Vidal permite consolidar préstamos personales y consumos con tarjeta en una sola cuota, con tasa subsidiada, dos meses de gracia y plazos de hasta 72 meses. Inicialmente estaba dirigido a trabajadores que tenían comprometido al menos el 75 por ciento del ingreso; en julio el límite se redujo al 60 por ciento para ampliar la cobertura.
La provincia no sólo negoció la refinanciación con el Banco Santa Cruz. También acordó que el medio aguinaldo de junio no fuera absorbido por débitos automáticos. En lugar de considerar el endeudamiento como una relación exclusivamente privada entre banco y cliente, intervino para proteger una porción del salario y devolver capacidad de consumo a los hogares.
La intervención de Gustavo Melella en Tierra del Fuego eligió una definición poco ambigua. En octubre de 2025, con la crisis golpeando de lleno la vida en la provincia más austral del país, presentó como “contra la motosierra del gobierno nacional” una línea del banco provincial para desendeudar empleados públicos. La herramienta ofreció una tasa subsidiada del 39,5 por ciento y hasta 48 meses de plazo.
Durante 2026, el banco también extendió esa función al entramado productivo. Refinanció pasivos de pequeñas y medianas empresas, redujo tasas, amplió plazos y creó mecanismos de refinanciación; a junio informaba además cerca de $15.000 millones de asistencia financiera a empresas durante el año. El banco aparece así como una institución de fomento y no solamente como una entidad comercial.
