La Casa Rosada argumenta que la Corte le terminaría dando la razón a Magnetto y se iba a quedar con el 75% del mercado. El daño posible y el rol de Caputo.
Atravesado por múltiples problemas internos y desprovisto de la retórica disruptiva contra los medios de otros tiempos, el gobierno de Javier Milei le puso un freno a medias a la concentración económica del Grupo Clarín, a quien le autorizó expandir su negocio a cambio del desprendimiento de unos seis millones de usuarios. En la cúpula libertaria argumentan que aplicaron una suerte de "mal menor" ante el poderío del holding de Héctor Magnetto.
El Presidente mantiene, al menos al cierre de esta nota, el tuit fijado titulado "Clarín: la gran estafa argentina", en el que prometía que "no vamos a dejar que eso suceda", en referencia a que el holding pretendía "quedarse con el 70% de las telecomunicaciones argentinas".
Con algo, al final, se quedó: según pudo saber Letra P, el objetivo principal que el jefe de Estado le planteó a los encargados de negociar y elaborar esta medida que lleva la firma de Autoridad de Defensa de la Competencia fue evitar a toda costa que la empresa de medios y telecomunicaciones se quedara con ese porcentaje del mercado.
¿Por qué, aducen las fuentes, Milei dio el brazo a torcer? Para el oficialismo, que estudió el tema a través de un amplio equipo de abogados, economistas y especialistas en normativa de competencia y medidas antimonopolio, era inevitable que el Grupo Clarín recurra a la Justicia y logre un fallo a su favor. "No había forma de bloquearlos arbitrariamente, tarde o temprano iban a llegar a la Corte Suprema y se iban a llevar el 75%", comentó una fuente de primera línea de la Casa Rosada.
La mención hace referencia a que en el estado de debilidad actual de la administración libertaria, sólo alcanzaron a frenar a medias la mayor operación de concentración económica en la historia reciente del país. En otras palabras, para el primer mandatario fue una suerte triunfo haber "topeado" la expansión en un 50%. Quien ahora estuvo detrás de la estrategia que obliga al Grupo a desinvertir en el Área Metropolitana de Buenos Aires, lo que significaría desprenderse de unos seis millones de usuarios, fue Santiago Caputo.
Como contó Letra P en su newsletter Los Perfiles del Poder, Clarín esperaba el resultado de la fusión porque el 95% de la facturación del holding depende de los servicios de telecomunicaciones que brinda a través de las compañías fusionadas. La producción de contenidos apenas representaba el 5% restante, antes de la venta de TyC Sports al Grupo Werthein.
Este esperado desenlace por parte de la empresa era compartido también por Caputo y el resto de los asesores legales, no sólo por las cuestiones técnicas que Clarín iba a llevar a la Justicia de ser necesario, sino también por un razón política que ningún integrante de la mesa política de Balcarce 50 se anima a pronunciar en voz alta: que el conglomerado de medios tiene un ascendente influencia sobre los tres integrantes del máximo tribunal, sobre todo en Carlos Rosenkrantz.
En el ecosistema violeta se recuerda que antes de ser designado ministro de la Corte en 2016, Rosenkrantz había sido socio fundador del estudio jurídico Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, el cual tuvo como cliente a importantes empresas privadas, incluyendo al Grupo Clarín. Paradójicamente la misma lectura y asociación del mileísmo es compartida por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
A partir de estos argumentos, en los pasillos de la Casa Rosada intentaron despejar los rumores de un acuerdo entre Milei y Héctor Magnetto para que las empresas de medios alrededor del Grupo blinden la imagen del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es duramente cuestionado por una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. De hecho, los avances del caso que podría derivar, incluso en una moción de censura en el Congreso, suelen ser temas centrales en el prime time de Todo Noticias y en varias de las tapas del diario Clarín.
"Definitivamente no hay ningún tipo de acuerdo político", sumó a este medio un funcionario con libre acceso a la Quinta de Olivos.
El enfrentamiento de Milei, amparado en parte en su autodenominada "batalla cultural", con varios grupos de medios, explicaría también el reciente posteo de la Oficina de Respuestas Oficial. La cuenta que maneja en los papeles Juan Pablo Carreira, más conocido en redes sociales como Juan Doe, desmintió este jueves una noticia del portal web de Clarín que indicaba que se habían robado una cápsula de material radioactivo usado en medicina nuclear.
Esa cuenta también es manejada en las sombras por el estratega presidencial, a tal punto que Carreira ocupa una oficina dentro del Salón de los Próceres, que está pegado al Salón Martín Fierro donde trabaja Caputo.
