Presentación en Comodoro Py. Una oficial destapó el esquema de falsos viáticos. Medio centenar de marinos involucrados en una maniobra por $1500 millones.
Una denuncia por una presunta estafa de $1500 millones volvió a poner a las Fuerzas Armadas bajo la lupa de la Justicia. La causa investiga un esquema de falsos viáticos dentro de la Armada que habría involucrado a unos 50 oficiales, mientras el Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti, mantiene silencio.
La presentación ya ingresó en los tribunales federales de Comodoro Py y quedó radicada en el juzgado del juez Sebastián Ramos. Según contaron a Letra P fuentes castrenses, el expediente apunta a una supuesta asociación ilícita integrada por oficiales de la Armada Argentina que habría montado un circuito de adulteración de recibos de sueldo y liquidaciones irregulares por viajes al exterior.
El monto bajo investigación asciende a unos $1500 millones, una cifra que convirtió el caso en uno de los episodios más delicados que enfrenta la fuerza en los últimos años.
Según la denuncia, el mecanismo era sencillo: se liquidaban viáticos por gastos que nunca se realizaban y, una vez que el personal regresaba al país, esos pagos continuaban como si la comisión en el exterior siguiera vigente.
El dinero no quedaba íntegramente en manos del beneficiario formal. Siempre de acuerdo con la presentación judicial, el esquema contemplaba un reparto del dinero entre quien figuraba como receptor y el resto de la organización, en una distribución equivalente al 50% para cada parte.
La maniobra habría funcionado durante un tiempo hasta que habría aparecido una fisura inesperada.
El punto de inflexión fue la decisión de una teniente de fragata, identificada en la denuncia como Acuña, de rechazar su incorporación al circuito y comunicar las irregularidades a la cadena de mando.
Ese paso terminó activando una investigación interna que derivó en la denuncia presentada por el jefe del servicio contable de la Armada, el capitán de navío Castro Maggio, quien llevó el caso ante la Justicia Federal.
Ahora el juzgado de Ramos deberá determinar si existió una organización destinada a desviar fondos públicos y establecer las responsabilidades individuales de los oficiales involucrados.
Mientras la causa empieza a tomar volumen en Comodoro Py, el Ministerio de Defensa no difundió una posición oficial sobre el caso ni informó la adopción de medidas administrativas respecto del personal alcanzado por la investigación.
Tampoco hubo declaraciones públicas de Presti, quien en los últimos días ganó visibilidad después del giro discursivo de Javier Milei sobre Malvinas y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.
El silencio contrasta con la magnitud de una investigación que vuelve a exponer problemas de control interno dentro del sistema castrense.
La causa se suma a antecedentes recientes que mantuvieron bajo observación a las Fuerzas Armadas, desde investigaciones por presuntos sobreprecios en compras de aeronaves hasta auditorías por deudas y problemas de gestión en organismos vinculados al sector.
Ahora, el foco quedó puesto sobre la administración de fondos dentro de la Armada. Si la Justicia confirma la existencia del circuito de falsos viáticos, el expediente podría convertirse en uno de los casos de corrupción interna más relevantes que haya enfrentado la fuerza en los últimos años.
