Los senadores por Formosa, José Mayans y María Teresa González, salieron al cruce del proyecto con el que Francisco Paoltroni insistirá en su pedido para que el Congreso defina la intervención de Formosa y ponga fin al mandato de Gildo Insfrán. Es un “ataque al federalismo” para “disciplinar políticamente a una autonomía provincial”, dijeron.
Como lo ha expresado en reiteradas oportunidades, Paoltroni quiere impulsar la intervención de todos los poderes de la provincia y disponer, además, la caducidad de los mandatos de las autoridades vigentes. Dice que Formosa vive una situación de “gravedad institucional” y define el modelo de gestión provincial como “un feudo”. A Insfrán lo acusa directamente de "dictador disfrazaado dentro de una República".
Para sostener “la forma republicana de gobierno” en la provincia que Gildo Insfrán gobierna desde 1995, el senador libertario propone que sea el Poder Ejecutivo Nacional el encargado de designar a un interventor federal para tomar el control político y administrativo del distrito.
“Es imperativo recordar que la intervención federal es un mecanismo de "última ratio", el último remedio excepcional que prevé nuestra Carta Magna para restablecer el sistema republicano únicamente ante situaciones extremas de sedición o invasión que hoy no se verifican en Formosa”, sostienen los representantes provinciales peronistas que expresaron su “preocupación” y “rechazo” ante el Senado.
Paoltroni, Insfrán y Villarruel
La nueva avanzada de Paoltroni en el Senado contempla que, en el lapso de un año, el Ejecutivo nacional debería elaborar un plan para normalizar institucionalmente los tres poderes del Estado. Es decir que la intervención debería hacerse cargo del gobierno provincial como así también de la Legislatura y la Justicia formoseña. Contando 365 días desde el momento en que eventualmente de promulgaría la intervención, eso sí, debería convocarse a elecciones para elegir representantes.
“Cuando no se puede obtener un lugar por el apoyo y el voto popular, se pretende utilizar el atajo de la intervención”, dijo el gobernador que definió la iniciativa de Paoltroni como “una barbaridad”.
“Después dicen que yo discrimino, pero no, aquí hay un pueblo que los recibe con los brazos abiertos a quienes vienen de afuera; pero no podemos aceptar nunca es que quieran venir aquí a contarnos la historia de cómo desarrollar esta provincia”, lanzó el gobernador para referirse al senador que nació en el partido bonaerense de General Alvear y se radicó en Formosa durante la primera década del nuevo siglo.
La presentación del proyecto iba a realizarse en el Salón Azul del Senado pero a horas de su realización fue trasladado al Auditorio del edificio Alfredo Palacios, es decir, en el anexo de la cámara. La decisión fue comunicada por la Secretaría Parlamentaria, argumentando “razones de agenda”. Para sumar condimentos a la polémica respecto a la intervención, en el mundo libertario apuntaron a la siempre observada relación entre Mayans y la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La institucionalidad en Formosa
Según la declaración de Mayans y González, “la pretensión de utilizar al Congreso de la Nación para "disciplinar políticamente" a una autonomía provincial, ante la incapacidad de ganar en las urnas, es una actitud antidemocrática que vulnera la soberanía popular y los votos de la mayoría”.
Los representantes provinciales en la cámara alta aseguran que “Formosa ha demostrado su voluntad y capacidad de avance institucional” y citan la reciente reforma constitucional con la que Insfrán se adelantó al fallo de la Corte Suprema que solicitaba poner límites a las reelecciones en el distrito.
“Un senador tiene el deber constitucional de defender los intereses de su provincia, no de promover su aniquilación institucional”, dicen apuntando a Paoltroni pero también envían un mensaje a todo el Congreso. “Permitir que estas herramientas excepcionales sean utilizadas como mecanismos de control político partidario sentaría un precedente gravísimo para la estabilidad del federalismo argentino”, asegura el texto.
En el texto dirigido a la vicepresidenta en su rol de titular del Senado, Mayans y González, piden que se “arbitren los medios necesarios para preservar la dignidad de esta Cámara y garantizar que el Congreso de la Nación siga siendo el garante de la unión nacional y el respeto a las autonomías provinciales, rechazando cualquier intento de desvirtuar los principios republicanos que nos rigen”.
La discusión vuelve a comenzar.