La legisladora, que tiene un monobloque, incluyó a condenados por todos los delitos del Código Penal. Una diputada de Lule Menem tiene la llave del debate.
Karina Banfi, autora del nuevo proyecto de ley para aplicar Ficha Limpia.
A casi un año de ser rechazado en el Senado, el proyecto Ficha Limpia, que prohíbe candidaturas de personas condenadas por corrupción, podrá tratarse otra vez: la radical Karina Banfi, quien tiene un monobloque desde diciembre, presentó un proyecto en Diputados: en La Libertad Avanza (LLA) no se muestran entusiasmados.
En 2025, el proyecto no alcanzó los 37 votos en la cámara Alta por el rechazo de la dupla misionera que responde al líder local Carlos Rovira (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut). Es que, si bien el oficialismo siempre mantuvo el discurso de respaldo a la iniciativa, el fracaso del último trámite legislativo dejó sospechas sobre un boicot oculto empujado desde la Casa Rosada.
Banfi presentó una iniciativa espejo a la que propuso el año pasado la senadora radical Carolina Losada. Plantea prohibir candidaturas de quienes hayan sido condenados en segunda instancia por los delitos incluidos en el Código Penal. El proyecto rechazado, presentado por la exdiputada del PRO, Silvia Lospennato, incluía únicamente a los que enfrentaban condenas por casos de corrupción.
Una curiosidad es que, en los fundamentos del texto de Losada, se recuerda que en 2019 una mayoría peronista emitió un dictamen en Diputados muy similar y no fue aceptado por el entonces interbloque de Cambiemos, que insistió con reducir la prescripción a los condenados por corrupción.
Ficha Limpia es una propuesta original de una ONG que Lospennato incorporó a su agenda y trató de llevar al recinto durante una década. Parecía que el cambio de Gobierno hace tres años le daba una oportunidad, pero no fue así. En 2024, la actual legisladora porteña fracasó dos veces en su intento de reunir cuórum para iniciar el debate.
La última fue la más sugestiva, porque se ausentaron diez representantes de LLA. Javier Milei siempre defendió el proyecto y lo promovió para las sesiones extraordinarias de 2025. Fue aprobado en Diputados y en el Senado se rechazó por un voto, con la sorpresa misionera.
En realidad, el bloque del gobierno litoraleño ya había dado señales: en Diputados, firmaron en disidencia en dictamen. La excusa fue que no se incluían delitos informáticos como causal de proscripción. El planteo fue soslayado y resultó la excusa perfecta para que Rovira frustre la ley con su dupla del Senado.
Entre los motivos que podrían incentivar a LLA a cajonear Ficha Limpia está que, de aplicarse, un puñado de camaristas federales tendrían en sus manos las chances de habilitar o no candidaturas. Los resortes de Comodoro Py siguen siendo lejanos para el Gobierno, que recién en los próximos meses intentará cubrir vacantes judiciales para empezar a tener poder.
El PRO, que tras la última elección quedó con 12 miembros en Diputados y tres en el Senado, por ahora no levantó el perfil con Ficha Limpia. En la Cámara baja sigue vigente el último proyecto presentado por Lospennato, con su propuesta de excluir de las listas únicamente a quienes tengan condenas por corrupción.
La legisladora siempre se opuso a ampliar la lista de delitos a considerar, como ahora proponen Banfi y Losada. La diputada es una histórica dirigente radical, con base en la provincia de Buenos Aires. En diciembre abandonó el bloque, molesta por el reparto de poder. Lo llamó Adelante Buenos Aires.
Si el Gobierno mantiene sus alianzas habituales, el proyecto Ficha Limpia debería ser ley. Le alcanza con mantenerse unido a la UCR, el PRO y los partidos provinciales. Provincias Unidas, que evita apoyar al Gobierno, siempre estuvo a favor de esta iniciativa.
La llave para definir si vuelve a debatirse este tema la tiene la diputada libertaria Giselle Castelnuovo, presidenta de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. La otra que interviene es la de Asuntos Constitucionales, a cargo de su compañero Nicolás Mayoraz. Castelnuovo es cercana a Lule Menem, asesor de Karina Milei y a cargo de proteger al Gobierno de embates judiciales. Es quien debe saber cuándo conviene o no darle más poder a los jueces para definir candidaturas.