Las autoridades de Río Cuarto, con el diputado Carlos Gutiérrez en la mesa, se reunieron el lunes para analizar la situación provocada por la ola de robos en la ciudad. Foto: Diario Puntal.
Claudio Stampalija, secretario de Seguridad de Córdoba.
Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación.
La sucesión de hechos delictivos que tuvieron lugar en Córdoba y Río Cuarto durante el fin de semana largo marcaron el comienzo de un nuevo round entre el gobierno de la provincia y la Casa Rosada. Funcionarios volvieron a cruzar declaraciones y acusaciones, aunque coincidieron en una lectura: no hubo saqueos.
La noticia sobre los asaltos organizados a supermercados se empezaron a viralizar el domingo por la noche. El primer escenario fue la ciudad de Río Cuarto, donde la policía informó robos en unos 15 comercios y la detención de 17 personas. El lunes, un grupo de personas, todas menores de edad, intentaron ingresar a otra cadena mayorista. Todas fueron detenidas. En la capital alterna ya se hablaba de “hordas” y la preocupación se extendía a todo el equipo del intendente Juan Manuel Llamosas, que analizaba el minuto a minuto de la situación. Horas después, la situación se vivía en la capital provincial. Según se detalló, fueron 12 los comercios que sufrieron ataques y robos de diferentes dimensiones.
La escalada ocupó rápidamente la agenda política local y, como era de esperarse, copó la minuta electoral. De hecho, el primer referente provincial que se refirió al tema y pidió modificar el Código de Convivencia para dotar a la policía y la Justicia de mayores herramientas fue el diputado Carlos Gutiérrez, uno de los principales voceros del gobernador Juan Schiaretti y candidato a renovar su banca en la Cámara baja. “La ley debe ser lo suficientemente flexible para incorporar situaciones que la actualidad va imponiendo. No hablo de aplicar mano dura o mano blanda, sino ajustarse a la ley, a una ley que se adapte a los fenómenos y que preserve a la comunidad”, dijo en una entrevista con el riocuartense diario Puntal.
Con la policía y las autoridades en alerta máxima, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, habló de lo sucedido en tierras mediterráneas y afirmó que no hubo saqueos sino hechos delictivos que buscan “llamar la atención”.
“No hay en ello ni una problemática social que cuidar ni prestarle atención, que de hecho se cuida y se presta atención, sino ver lo que va resultando. Yo insisto entonces con eso, si hay una pretensión de generar confusión y no es por hambre, hay una segunda intención detrás”, agregó.
La lectura en Córdoba es similar e incluso es compartida por comerciantes y cámaras empresarias, que apuntan sus miradas al reclamo por mayor seguridad. Aunque detrás de las declaraciones del ministro un hecho particular caldeó los ánimos en la dirigencia provincial: Aníbal Fernández, primero, y el presidente Alberto Fernández, después, se comunicaron con una comerciante que había sido víctima de los hechos delictivos y, según la mujer oriunda de Río Cuarto, le dijeron que “la responsabilidad era del gobierno de Córdoba”.
Alejandra Sempé había sido protagonista de uno de los testimonios que Jorge Lanata puso al aire en su programa del lunes por la mañana en Radio Mitre. A raíz de esa entrevista, el ministro de Seguridad se comunicó con ella, le hizo una videollamada y se puso “a disposición para solucionar lo que había pasado”. Inmediatamente después, llamó el Presidente.
“Él había anotado todo lo que yo había dicho con Lanata y me fue respondiendo a cada cosa diciendo que no era como yo pensaba”, contó Sempé en una entrevista con Radio Suquía. En ese momento, fue que la comerciante afirmó que el Presidente le dijo que lo sucedido “era responsabilidad del gobierno de Córdoba”.
En la provincia estallaron. “Cuando me enteré, me amargué y me enojé mucho porque esto es la hipocresía en su máxima expresión. Es lamentable esta actitud por parte de quienes por omisión, por negligencia, por desconocimiento o por lo que fuera nos han sumergido en una crisis que tiene doliente al cuerpo social”, dijo el secretario de seguridad provincial, Claudio Stampalija, al ser consultado al respecto en una rueda de prensa que tuvo lugar en la mañana del martes.
El funcionario provincial calificó el hecho como “profundamente demagógico” y aseguró que, hasta el mediodía, ninguna autoridad nacional se había comunicado con el gobierno cordobés.
La historia reciente de la provincia de Córdoba y el peronismo local tiene una relación traumática con los saqueos y sus consecuencias políticas. Si el conflicto por las retenciones agropecuarias, en 2008, habían marcado el quiebre de la relación provincial con el kirchnerismo, las acusaciones cruzadas por la falta de efectivos nacionales participando de los operativos para prevenir los saqueos luego del levantamiento policial generaron, en diciembre de 2013, el punto de no retorno.
Las acusaciones cordobesas, incluso, llegaron hasta la Justicia, que investigó las responsabilidades de la por entonces ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez; el secretario de Seguridad, Sergio Berni; y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Todos fueron sobreseídos.
Hoy, con una situación social y económica mucho más crítica, los fantasmas empiezan a dar vueltas una vez más. Sobre todo en medio de un escenario político marcado por un clima electoral que tiene como principal característica un trasfondo de crisis de representatividad que fue una de las bases para la victoria de Javier Milei en las primarias del 13 de agosto.