EL AJUSTE

Era Javier Milei: gremios en alerta roja por la desregulación de las obras sociales

Resolución inminente para reformar el sistema de salud. Alarma sindical por los cambios que se vienen. El futuro de las prestaciones de seis millones de personas.

Sin tener aún el texto definitivo de la resolución inminente del Ejecutivo nacional para desregular el sistema de salud, quienes administran las obras sociales que manejan los gremios encienden alarmas ante la reforma del gobierno libertario de Javier Milei y hacen cuentas para determinar cuál será el impacto en las prestadoras sindicales.

“Durante décadas esto no pudo ser así”, expresó Adorni en la rueda de prensa habitual. La normativa que exige un año de antigüedad en una prestadora vinculada a la actividad laboral antes de poder cambiarse a otra, rige desde 1998 y fue reforzada hace tres años cuando las personas afiliadas a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) denunciaron que eran cambiados de obra social sin su consentimiento.

Referentes gremiales señalaron que la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS) les anticipó que en esta semana se publicará la resolución de ese organismo que reglamentará el capítulo de reforma del sistema de salud del DNU 70/23.

Cambios clave del Gobierno

Los gremios anticipan que los cambios que se vienen en el sistema de salud tienen "claroscuros" para las obras sociales, que ya venían golpeadas por la crisis económica y por las indecisiones de la gestión libertaria en materia sanitaria.

Un punto clave es que, hasta ahora, las prestadoras sindicales aportan el 15% de su recaudación para el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), conformando una caja bajo la órbita de la SSS que utiliza ese dinero para compensar los gastos extraordinarios que afrontan las obras sociales cuando atienden tratamientos de enfermedades raras o poco habituales, tratamientos experimentales o de alta complejidad y prótesis médicas costosas.

Durante los últimos años se agregaron también otras compensaciones para casos de discapacidad, que terminaron de sobrecargar las cuentas gremiales.

La teoría y la práctica

En teoría, el Estado utiliza esa masa de recursos para devolverle los gastos extraordinarios a quienes lo requieren y los recursos restantes se devuelven proporcionalmente a todas las prestadoras, una vez finalizado el año; pero la realidad demuestra que se redistribuye con la discrecionalidad e interés del funcionario de turno, lo que limita la proyección financiera de las obras sociales.

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Además, la diferencia de las empresas solidarias, las prepagas corren con la ventaja de que no tienen obligación de aportar al FSR; algo que se modificaría en la resolución que se conocerá en las próximas horas, aplicándoles una retención del 20% de su recaudación.

Pero hecha la ley, hecha la trampa

Si se confirma lo anticipado por Adorni, la eliminación del plazo del primer año de permanencia en la obra social del sector de origen podría convertirse en la vía de escape. No del aporte, pero sí del 5% diferencial, compensado además con la captación de una masa importante de clientela, sobre todo de quienes tienen mayores ingresos, provocando un desequilibro de las cuentas de las prestadoras gremiales.

"El riesgo real es que este tipo de cambios profundice el 'descreme' que ya viene sufriendo el sector de las prestadoras solidarias que tienen como aportantes a una diversidad de trabajadores", advirtió un dirigente y sostuvo: "Estamos frente a la posibilidad de que la potestad de las empresas prepagas que hoy admiten o rechazan el ingreso de nuevos clientes en función de sus ingresos, se profundice captando a aquellos que perciben mayores salarios y dejando a resto en las obras sociales, lo que representa un desfinanciamiento en la práctica".

Un sector de la dirigencia gremial considera que, más allá de este retroceso, el cambio cumpliría también una demanda histórica de los sindicatos más importantes, porque dejaría fuera de juego a una serie de prestadoras sindicales "fantasmas", que son aquellas que no brindan servicios de salud pero sí son funcionales al negocio de la triangulación de las empresas prepagas que evaden cotizar al Fondo Solidario de Redistribución.

Reclamo puntual

El secretario de Acción Social de la Confederación General del Trabajo (CGT) y titular del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (Sgbatos), José Luis Lingeri reclamó en este sentido un replanteo del Programa Médico Obligatorio, a fin de definir reglas claras de cobertura y acceso a los servicios. También advirtió que, de otra manera, la judicialización de la salud seguirá "siendo distorsiva tanto para el financiamiento del sistema como para los resultados sanitarios”.

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José Luis Lingeri reclamó 'por el recorte que quiere realizar Javier Milei

José Luis Lingeri reclamó 'por el recorte que quiere realizar Javier Milei

"Si el Gobierno cree que el problema de salud se soluciona dejando que esos seis millones de personas opten por un prepago, no han dimensionado el estado actual", señaló el máximo referente en temas sanitarios de la CGT.

Entre quienes administran las obras sociales sindicales, también está latente la preocupación de que la apertura del mercado redunde en el desembarco de empresas internacionales que profundicen la concentración mediante la compra de clínicas y prestadores locales que en la actualidad son parte del entramado del sistema de salud.

Javier Milei en el despacho presidencial
El cántico más oído fue la patria no se vende. (Foto: Télam)

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