La mayoría de los mandatarios evitó pronunciarse sobre el paro general. Algunos no pagarán el día a estatales. Quiénes hablaron y el dilema de la ley ómnibus.
Los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca) y Martín Llaryora (Córdoba), junto al expresidente Adolfo Rodríguez Saá.
Con el rechazo a la ley ómnibus XS como una de las banderas principales de los gremios que convocaron al paro general, el escenario obligó a los gobernadores a bascular entre las negociaciones por los fondos nacionales con el gobierno de Javier Milei y su relación con los sindicatos provinciales, protagonistas de las movilizaciones que se dieron en algunos puntos del país.
Apenas unos pocos mandatarios se animaron a rechazar públicamente la convocatoria al paro. En la otra orilla, algunos imitaron la postura oficial que promete descontar el día a quienes trabajan en el Estado y acompañaron la convocatoria que encabezaron las centrales sindicales.
La situación se explica a partir de los intereses provinciales que se ponen en juego en el debate en el Senado y las estrategias de contención que los caciques provinciales ensayan en sus territorios, evitando que la crisis complique las gestiones locales. Es por eso que la búsqueda del equilibrio fue una norma que, salvo excepciones, primó entre los mandatarios que continuaron con sus agendas como si nada sucediera.
El primero que salió al cruce de las centrales sindicales fue el recién llegado a la escudería de aliados de La Libertad Avanza: el peronista tucumano Osvaldo Jaldo. “Estamos en una situación de crisis total y creo que parando el país, no trabajando, no produciendo, lo único que estamos haciendo es perdiendo”, lanzó el gobernador que a la salida de una reunión con su gabinete, y en modo troll, chicaneó: "Cuando la patria está en peligro, se sale trabajando, con esfuerzo y sacrificio; y los que hoy hacen paro están durmiendo”.
Otro que eligió pronunciarse fue el mandatario chaqueño, Leandro Zdero, que considero que el paro “no ayuda”. “Los chaqueños estamos haciendo un esfuerzo extraordinario como para permitirnos un paro”, sostuvo. “Los trabajadores, los docentes y todos quienes somos servidores públicos estamos trabajando seguros que salir adelante viene de la mano del esfuerzo, del trabajo, del nuevo tiempo”, dijo el gobernador norteño que ayer recibió en la Casa de Gobierno de la provincia al secretario de Prensa de la Presidencia, Eduardo Serenellini, que lo definió como “un gobernador que la vio”.
En medio de la visita y el paro general, el gobierno chaqueño enfrenta una crisis de transporte a nivel local que paralizó el servicio el miércoles y podría extender las medidas de fuerza hasta finales de la semana.
Otro de los gobernadores que enfrenta un panorama provincial complejo es el santafesino Maximiliano Pullaro. Inmerso en un conflicto que puso a docentes, estatales y al personal de la salud en la calle durante el miércoles, el gobierno de Pullaro decidió balancear: mostró los dientes y anunció el descuento del día de paro provincial, pero no la medida de fuerza contra la gestión nacional.
En el listado de papistas se destaca Martín Llaryora, el otrora enemigo predilecto del Presidente que logró recomponer la relación y ya descuenta que los tres votos de su provincia en el Senado se volcarán a favor del megaproyecto libertario. El cordobés ya anunció el descuento del día a estatales por el paro general.
Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Alfredo Cornejo (Mendoza) comparten la condición de ser mandatarios de provincias mineras fuertemente interesadas por la radicación de capitales internacionales en el sector. Ninguno eligió pronunciarse respecto de las medidas de fuerza que se replicaron en sus provincias paralizando la actividad pública en sus territorios. En el equilibrio del debate, los tres buscan convertirse en garantes de la aprobación del proyecto en el Senado.
De hecho, también en esa estrategia, se convierten en puentes que conectan a la administración nacional con cámaras y gremios del sector. En el caso del mendocino, también con su partido político, la UCR, que empieza a ocupar un rol trascendental de cara a la definición en el Congreso.
También es el caso de los gobernadores patagónicos, apuntados por el juego de seducción nacional y señalados por los gremios locales, sobre todo en lo que refiere a los artículos del proyecto libertario en materia de ganancias y recursos energéticos. Con posturas previas diferenciadas, el chubutense Ignacio Torres, el neuquino Rolando Figueroa, el santacruceño Claudio Vidal y el rionegrino Alberto Weretilneck eligieron el silencio para evitar roces.
También lo hizo el fueguino Gustavo Melella, un hombre más identificado con la oposición dura que con el espacio de las provincias dialoguistas.
La postura del bonaerense Axel Kicillof quizás sea la más representativa en materia de alineamiento político e ideológico con las centrales sindicales. No se trata sólo del posicionamiento que el gobernador comparte con todo su equipo, que también se viene manifestando abiertamente a favor de este tipo de medidas, sino también del lugar en que la gestión nacional decide ubicarlo.
En el sitio de enemigo perfecto para Milei, el diálogo de Kicillof con la gestión libertaria es prácticamente nulo y la falta de posibilidad de sentarse a negociar posiciones sobre los proyectos nacionales obliga al bonaerense a reclamar por otras vías. La calle es una y la Justicia es otra. Ambas ya están activadas.
Dentro del peronismo, también aprobaron abiertamente la convocatoria al paro el pampeano Sergio Ziliotto, con su ministro de Gobierno, Pascual Fernández como vocero, el riojano Ricardo Quintela y el formoseño Gildo Insfrán.