A menos de 24 horas de la marcha convocada por las organizaciones sociales agrupadas en el colectivo Unidad Piquetera, en un nuevo aniversario del trágico 20 de diciembre de 2001 y en medio de un clima social tenso por el Caputazo, el gobierno de Javier Milei no puede explicar con precisión cómo aplicará el protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ni el sustento legal de su plan para evitar manifestaciones. “Va a ser muy complejo evitar los cortes mañana, pero vamos a dar inicio a un cambio de paradigma”, se atajan en Casa Rosada.
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A 22 años de la trágica jornada que dejó 39 muertos, cientos de heridos y la silla presidencial vacía con la renuncia de Fernando de la Rúa y en el amanecer del nuevo gobierno, hay mucha expectativa sobre el volumen de la movilización, que comenzará en el Congreso y terminará en Plaza de Mayo. Algunos líderes piqueteros estiman que la “jornada nacional de asambleas y ollas populares” reunirá a unas 50 mil personas en el centro porteño.
Las respuestas vagas o directamente el silencio ante una serie de preguntas que Letra P les hizo a diversos funcionarios del gobierno generan dudas sobre el verdadero alcance que esperan del plan anti manifestaciones callejeras. ¿El protocolo es, efectivamente, la base de un próximo proyecto de ley o sólo es un texto declarativo con el que se intenta amedrentar a los manifestantes, tal como fue el original que la ministra intentó instaurar fallidamente en 2016? ¿Es sólo una iniciativa dirigida a la tribuna rabiosa?
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Letra P preguntó al gobierno: ¿Cómo piensa identificar a 50 mil personas para, eventualmente, quitarles el beneficio del plan social? ¿Cómo procederá si se corta la instancia del diálogo? ¿Va a utilizar camiones hidrantes? Dado el volumen de la convocatoria esperado, ¿de qué manera evitará el gobierno que la gente baje a la calle? Si lo hace, ¿reprimirá? ¿De qué manera? Más allá de la marcha de este miércoles, ¿se puede aplicar el protocolo sin el respaldo de las jurisdicciones provinciales? (El gobierno bonaerense ya avisó que no aplicará el protocolo “porque criminaliza la protesta” y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo que correr a la vereda a los manifestantes “generaría un problema mayor” y “el gobierno no puede reprimir” una manifestación de 50 mil personas).
Pese a la insistencia de este medio, nadie en el gobierno dio respuestas puntuales a esos interrogantes. Las fuentes reiteraron el speech de la ministra Bullrich y su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, quienes en las últimas horas reiteraron que serán “implacables” al aplicar el concepto de “orden” y evitar el corte del tránsito. “Como dijo el Presidente, el que corta no cobra”, reiteró la titular de la cartera encargada de sostener el tejido social en medio de la crisis derivada de la devaluación y el Caputazo.
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Fuentes al tanto de las gestiones de Seguridad bajaron las expectativas sobre el funcionamiento del protocolo y aclararon que este miércoles sólo plantarán una suerte de bandera antipiquete que incluirá un megaoperativo de Gendarmería, de efectivos de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, pero que, de ninguna manera, resolverán “el problema” en esta próxima jornada. “Mañana ponemos en marcha la primera etapa y después aplicamos un procedimiento que está estipulado en el protocolo”, insistió una voz relevante de la mesa bullrichista sin dar precisión alguna.
Además, indicaron que el operativo incluirá el uso de carros hidrantes, vallas de contención y cientos de efectivos de las distintas fuerzas de seguridad, además del uso de drones y cámaras de seguridad para identificar manifestantes. Se prevé también la coordinación entre Seguridad y Capital Humano para dar de baja planes sociales y, eventualmente, iniciar denuncias contra quienes “transportan, organizan y financian” las marchas.
El vocero presidencial Manuel Adorni anunció la puesta en marcha de la línea 134 para “recibir denuncias de aquellos que se sientan amenazados por un intermediario”, en referencia a las organizaciones políticas y sociales que convocan a la movilización. Al cierre de esta nota, ese número telefónico indicaba una línea “fuera de servicio”.
Nombres detrás del operativo
Trabajan a contrarreloj en el operativo Vicente Ventura Barreiro, secretario de Seguridad de Bullrich; Waldo Wolff, secretario de Seguridad de Jorge Macri; y Diego Kravetz, jefe de la Policía porteña, quienes incluso tienen previsto reunirse en la tarde de este martes. Se estima que de ahí saldrá también parte del proyecto que la presidenta del PRO enviará al Congreso para convertir en ley el protocolo que se inaugurará mañana.
Con todo, personas que ya intentaron aplicar el mismo protocolo en 2016, cuando Bullrich era ministra de Seguridad de Mauricio Macri, sostuvieron que es imprescindible no sólo el respaldo de la Justicia para despejar las vías de acceso o iniciar una represión, sino también la colaboración de la provincia de Buenos Aires. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó horas antes que la provincia no aplicará ningún protocolo porque “criminaliza la protesta”.