El Caputazo, una verdadera economía de guerra con pocos precedentes en democracia, estaba a la espera de que la guerra se declarara. Llegó el día.
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El Caputazo, una verdadera economía de guerra con pocos precedentes en democracia, estaba a la espera de que la guerra se declarara. Llegó el día.
Si Patricia Bullrich había dado avisos al anticipar que sería "implacable" contra el delito y al pergeñar un protocolo antipiquetes 2.0, faltaba la formalización del inicio de las hostilidades, la que llegó este lunes de una vocera acaso inesperada. Se trató de Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, supuestamente encargada de contener los estragos sociales que provocará el hiperajuste.
"Si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente", señaló la funcionaria, encargada de un superministerio que, dijo en su momento, la sorprendió por su tamaño. "Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el Presidente, 'el que corta no cobra'", agregó.
De pronto, la especialista en Ciencias de la Familia recordó que su rol es más recoger heridos que amenazar con rematarlos y matizó: "Tengan la tranquilidad de que vamos a acompañar en esta difícil situación que nos dejó el gobierno que se acaba de ir. Por eso decidimos duplicar la AUH y aumentar un 50% la Tarjeta Alimentar".
Otra de las definiciones de la superministra apuntó directamente a la Unidad Piquetera, la que pretende movilizar a su gente este miércoles a las 16 desde el Congreso a Plaza de Mayo. Ese será el primer campo de prueba del protocolo de Bullrich y de la declaración de guerra de Pettovello.
"Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con amenaza de dar de baja el plan", interpeló la funcionaria a los manifestantes. "Por esta razón suspenderemos el control de presencialidad que dan las organizaciones sociales", cerró en su mensaje grabado.
Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero –una de las diez organizaciones que forman la Unidad Piquetera–, recogió el guante e interpretó que "los anuncios de la ministra Pettovello siguen el mismo camino que los de Javier Milei en su asunción, los de Toto Caputo y las recientes amenazas de Patricia Bullrich cuando anunció el protocolo de seguridad. Van en un camino de ataque, de amenaza a los trabajadores desocupados, aquellos que cobran un programa social, porque saben que vamos a encabezar una movilización el próximo 20 de diciembre, donde vamos a ser miles y miles de trabajadores y trabajadoras que vamos a salir a la calle en Buenos Aires y en todo el país”, desafió.
Mucha atención a lo que ocurra este miércoles en las calles del centro porteño, en las que las partes establecerán la frontera entre la protesta social inevitable y la decisión oficial, enancada en un cierto estado de opinión predominante, de reprimirla ni bien deje de resultar herbívora.
Los sectores del trabajo informal y formal, los jubilados y la clase media son los escudos humanos del modelo: debido a la inflación de 25 a 30% esperada para este mes, se espera una caída de más del 8%, de los ingresos formales, hecho sin precedentes desde abril de 2002. Y después de diciembre vienen enero, febrero…
A la megadevaluación, a la suelta de remarcaciones, derogación de la movilidad, al ahorro en jubilaciones, a los recortes del gasto, al impuestazo en perjuicio de 800.000 personas asalariadas y a los previstos aumentos tarifarios, lo que viene ahora es un decreto ómnibus de sesgo otra vez lesivo para los intereses populares. Una novedad especialmente revulsiva del mismo vendría por el lado de una draconiana reforma laboral que incluiría una reducción de las indemnizaciones, una baja de aportes y contribuciones –desfinanciamiento del sistema de seguridad social– y un retorno resonante del empleo temporal.
Toto Caputollegó al Palacio de Hacienda por la expectativa de que, en tanto "Messi de las finanzas" y especialista en hiperendeudamiento, podía conseguir dólares para cancelar de una sola vez "la bomba de las Leliq". Se sabe que no lo consiguió, lo que no impide que la solución a ese problema sobredimensionado no se busque por otros medios.
Así, el Banco Central conducido por su ladero Santiago Bausili decidió terminar con las licitaciones de las Letras de Liquidez (Leliq), instrumentos de deuda a 28 días que la autoridad monetaria coloca entre los bancos comerciales, quien ponen en ellas el dinero de sus depositantes. Ahora, la tasa de referencia del mercado estará dada por la de los pases, instrumentos a apenas 24 horas que se vinculan con la liquidez inmediata de las entidades.
Eso, sumado a la reducción de la tasa de los pases, hará que el monto de aquellos pasivos remunerados se licúe con el fogonazo inflacionario en ciernes.
Como, además, la tasa mínima para los plazos fijos caerá del 133% a 110%, y las entidades podrían escamotear la oferta de colocaciones UVA a 90 días, a los ahorristas podría caberles una disyuntiva de hierro para evitar ser el pato de la boda de la licuación: desarmar sus colocaciones y pasarse a dólares o deshacerse de esos pesos anticipando decisiones de consumo.
Lo primero podría llevar a una suba de los tipos de cambio paralelos después de que pase el mes del aguinaldo y las fiestas, o a una disparada todavía mayor del IPC.
¿Será que la dolarización sigue dando vueltas en la imaginación florida del Presidente?
Ante esta Argentina llena de interrogantes es que unen fuerzas el ministerio del ajuste y el ministerio de la represión. Este último, conformado por las carteras que conducen Bullrich y el camuflado Luis Petri, se dispone a darles a las Fuerzas Armadas un rol "logístico" en la lucha contra el narcotráfico en Rosario. Tal cosa es lo único que permite la ley de Seguridad Interior, la que podría ser modificada para que la implicación de esos uniformados resulte todavía más plena.
El "apoyo logístico" es un subterfugio para "mostrar" de modo disuasivo a los militares en el terreno, pero eso puede resultar en hechos graves si se desataran actos violentos en torno de ellos. En esto, además de la competencia personal, difieren la ministra de Seguridad y Victoria Villarruel. Parte de la familia militar, la vicepresidenta entiende que los miembros de las Fuerzas Armadas no quieren ser arrastrados a conflictos domésticos, algo que derivó en "guerras" desastrosas, sangrientas y corruptoras de sus estructuras en México y Colombia.
Que alguien le avise a Bullrich, por favor. Es urgente.