El bloque del PRO en la Cámara de Diputados se niega a tratar cualquier proyecto de ley que implique o sugiera algún costo fiscal y no tenga identificado el origen de los fondos. La postura, por lo dogmática, fractura a Juntos por el Cambio y complica las gestiones del Frente de Todos para retomar las sesiones.
El jefe del bloque del oficialismo, Germán Martínez, intentó sin éxito abrir el recinto el 17 de mayo y gestiona con sus colegas para realizar una sesión el 31, pero no la tiene fácil. Si bien hay 6 carillas de órdenes del día para tratar firmadas por todas las bancadas, algunas no cuentan con unanimidad de la oposición por el debate interno que implica en JxC cada ley que incluya partidas presupuestarias.
Las diferencias se expresan en público durante los debates en comisiones y se documentan en los dictámenes, cuando el PRO nunca cede: si hay un gasto extra, ninguno de sus diputados firma. Según explican en charlas privadas, fue una orden de Mauricio Macri para evitar que el sucesor o sucesora de Alberto Fernández tenga que ajustar las cuentas de golpe. El expresidente dice que él vivió esa situación en 2015 y por eso se endeudó.
En los bloques radicales nunca hay una postura homogénea sobre si acompañar al PRO o mirar mejor el impacto real del gasto púbico. Por esta interna, el año pasado estuvo por caerse la ley de asignaciones específicas a industrias culturales, pero finalmente los distintos bloques de JxC acordaron abstenerse para no exhibir la fractura y escuchar abucheos desde las gradas.
En esa ocasión fue clave la postura a favor de los ocho diputados del interbloque federal (socialista santafesinos, cordobeses y peronistas bonaerenses) y de los cuatro de la izquierda, que garantizaban cuórum sin importar lo que hiciera el resto de la oposición. Cuando estas bancadas no se pronuncian, el FdT necesita de JxC para no quedar en minoría y negociar es cada vez más complejo.
Otra proyecto que se complicó por la interna del JxC es el régimen previsional para brigadistas forestales, aprobado en el recinto del Senado, pero cajoneado en Diputados por resistencia del PRO. En la Cámara alta, la macrista Gladys González había firmado el dictamen de la comisión de medio ambiente y desarrollo sustentable, que preside, pero en el recinto votó en contra por disciplina partidaria.
En Diputados la ley no avanzó, pese a que un informe de la oficina de presupuesto identificó un costo inicial ínfimo (18 millones de pesos), porque sólo habría dos personas en condición de jubilarse y 389 de los 894 potenciales trabajan en las provincias. Para el oficialismo no es un gasto, sino un incentivo a que haya más bomberos dispuestos a combatir el fuego y evitar las pérdidas económicas mayores que provocan los incendios.
Más proyectos sin consenso
Entre los proyectos listos para votar en la próxima sesión hay varios que no tienen consenso unánime en JxC, como la promoción a productos orgánicos y la refinanciación de deudas a provincias y municipios con el Ente nacional de obras hídricas de saneamiento (ENOHSA), contraídas a través de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los dictámenes no tuvieron la firma del PRO y sí la de algunos radicales, aunque otros se sumaron al rechazo durante el debate en comisiones.
La refinanciación a ENOHSA la suscribieron en disidencia parcial tres diputados de la UCR (Víctor Romero, Miguel Bazze y Pedro Galimberti) y hubo algunos radicales que lo cuestionaron durante el debate en comisión de presupuesto como Martín Tetaz, del bloque Evolución. "No vaya ser que se termine de pagar sueldos para una actividad política en cada municipio", especuló y se fue sin firmar.
Los pasivos fueron generados por préstamos en dólares contraídos por la Nación a un plazo de 12 a 15 años, que luego eran derivados a provincias y municipios. Con el fin de la convertibilidad, se dejaron de pagar: ahora ENOHSA los reclama y está habilitada a ejecutar la coparticipación que llega a cada gobernador.
La deuda total es de 85 millones de dólares, afecta a 13 provincias y a una decena de municipios de Córdoba y es por eso que la ley para refinanciar los pasivos la promueve el diputado del FdT Eduardo Fernández, oriundo de esa provincia. Y tiene el respaldo de sus colegas cercanos al gobernador Juan Schiaretti, que alcanzarían para llegar a una mayoría con el Frente de Todos.
En JxC no hay una postura unánime y cuando llegue al recinto, una vez más, votarán divididos. Lo mismo ocurrirá con la promoción a orgánicos, que tuvo respaldo del presidente de la comisión de agricultura, el radical Ricardo Buryaile. La convocó para dictaminar y dejar el proyecto listo para su tratamiento en el recinto, pese a que sus compañeros de interbloque lo habían cuestionado durante el debate en la comisión de presupuesto.
Fisuras a flor de piel
En la de Agricultura, JxC exhibió sus fisuras cuando la diputada Germana Figueroa Casas, del PRO, anticipó que no la votará y la cruzaron sus colegas de regiones con producción orgánica, beneficiadas en esta ley con un bono fiscal del 70% de los aportes patronales y una reducción del 60% del impuesto a las ganancias. “Es contradictorio que vivimos aumentando impuestos y después lo vamos bajando grupito por grupito. Estamos generando erogaciones y gastos, que es lo que tenemos que cambiar con la inflación y el déficit fiscal que tenemos”, planteó la rosarina.
“Cerca del 70% del costo de la fruticultura es mano de obra que queda en las localidades. La producción tiene una función social que es importante”, la cruzó el neuquino Pablo Cervi, de Evolución radical. El debate se reeditará en el recito, donde el JxC siempre exhibe su interna.
El otro tema que podría trabarse por la persistencia del PRO en pedir números es la de aumento de licencias parentales, una extracción del proyecto para un nuevo régimen de cuidados enviado por el Gobierno. Silvia Lospennato anticipó que sólo pasará el filtro de su bancada si se define cómo se financiarán las retribuciones a los monotributistas. El debate pasó a asesores. Y no avanzó.