Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, la Argentina asiste a un proceso en el que se pretende dotar de institucionalidad a la retracción de un sinnúmero de derechos de las mayorías en pos de un nuevo orden social donde los poderes fácticos y concentrados no encuentren límites en el ejercicio de sus voluntades. Entre todas las conquistas sociales y derechos plasmados en legislaciones y políticas públicas que el Gobierno pretende borrar de un plumazo, como si ganar una elección lo facultara a desterrar décadas de historia y construcción de convivencia ciudadana, la comunicación social es un campo que aparece especialmente afectado. No es casual: la construcción discursiva de lo real es un territorio de tensión permanente en el que se sustentan las disputas de poder. La batalla cultural de la ultraderecha argentina y sus socios económicos precisa que ese territorio sea tierra arrasada para avanzar sin resistencias con sus intereses.
El primero de sus movimientos se dio en plena campaña y fue el anuncio de una eventual privatización de los medios públicos y educativos. El sábado nos desayunamos con un paso más en este sentido: la intervención por decreto del conjunto del sistema nacional de medios públicos que conforman Radio y Televisión Argentina, Télam, Contenidos Públicos y Educ.ar, con el correspondiente manejo discrecional de sus partidas presupuestarias, programaciones y plantas de trabajadores.
En un desconocimiento absoluto de las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia, pero también de la importancia de los robustos sistemas de medios públicos y educativos de muchos de los países a los que el Presidente dice querer emular, la consigna de campaña es un riesgo real para la pluralidad de voces de nuestro país.
El filo de la motosierra
El nimio presupuesto que el Gobierno se “ahorraría” al trasladar el sistema a una gestión privada no justifica ni en la más radical visión fiscalista los miles de puestos de trabajo, directos e indirectos, que entrarán en riesgo, así como tampoco la pérdida de una herramienta fundamental para la formación de infancias y juventudes con pensamiento crítico, para la construcción de cultura y soberanía nacional y para llegar con ellas a todos los rincones de la patria que el mercado siempre despreció con su único criterio de rentabilidad.
A esto, ya de por sí gravísimo para la democracia de una sociedad, se sumó recientemente el agregado al proyecto aprobado en general en Diputados de ley ómnibus de la eliminación de dos instrumentos claves en el ejercicio del pluralismo y el derecho a la comunicación: la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y el Fondo de Fomento Concursable para Medios Audiovisuales (Fomeca). Por si fuera poco, Milei decretó también la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), asegurándose el control regulatorio sobre un sector estratégico.
La reacción
La avanzada del Gobierno sobre el sector de las comunicaciones y el derecho de la sociedad a una comunicación pluralista y democrática generó la enfática respuesta de las principales redes de articulación académica y universitaria en ese campo. La Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la Argentina (Redcom) y la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (Fadeccos) presentaron ante los legisladores una carta en la que calificaron las modificaciones incorporadas por el Ejecutivo como “un grave retroceso para nuestra democracia, en general, y una mayor regresividad en materia de derecho a la comunicación y políticas audiovisuales, en particular”.
El texto lleva la firma de César Arrueta, presidente de Fadeccos y decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, y de Aixa Boeykens, presidenta de Recom y decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y recibió el apoyo masivo de las más de 50 carreras representadas, tanto públicas como privadas. El rechazo federal recorre las universidades de todo el país, desde donde se articulan medidas y esfuerzos múltiples para denunciar e intentar frenar este atropello del Gobierno al derecho a la comunicación de la sociedad argentina.
Contra la propaganda oficialista que tildó falsamente a la Defensoría como un órgano de control ideológico, Redcom y Fadeccos advirtieron que “es un organismo del Poder Legislativo que defiende la libertad de expresión, el derecho a la información y a una comunicación plural y democrática. Para ello, atiende reclamos de las audiencias por mensajes discriminatorios o violentos. Nunca tuvo poder de sanción y su labor se centró en lo formativo. Desde su creación, las carreras de comunicación y periodismo de todo el país se nutrieron de su formación de calidad y su aporte a la alfabetización mediática con sentido federal”.
DNU Intervención Enacom.pdf
A los ataques oficialistas al Fomeca, que lo muestran como un financiamiento a organizaciones partidarias, las redes de carreras de comunicación respondieron que “presuponer algún tipo de sesgo político en las entidades que se presentan en una convocatoria abierta, pública y una selección por jurados demuestra un concepto de anteojeras ideológicas que ven con desprecio y estigmatizan a las clases populares”.
Entre 2013 y 2023, resultaron ganadoras 724 entidades con 56 líneas y 3.139 proyectos. Durante la gestión del Frente de Todos, fueron 367 las entidades ganadoras, 167 de las cuales lo fueron por primera vez y 69 (18,8%) correspondieron a comunidades de pueblos originarios. Los medios cooperativos y comunitarios, que a partir del Fomeca pudieron equiparse para producir y nutrir la pluralidad de voces del sistema mediático argentino, son un músculo imprescindible para nuestra democracia que el Gobierno solo pretende atrofiar.
“El Fondo surge de un impuesto que pagan todos los medios de comunicación”, explicó en estos días Juan Delú, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), quien resaltó el carácter de “concursados, auditados con jurados independientes y que pasó por todos los gobiernos porque está desde el 2013”, en relación a los Fomeca.
El campo académico y de la comunicación alerta enfáticamente sobre estos atropellos al derecho a la comunicación, que ya pasaron la votación general en Diputados.
Con la intervención y la posterior privatización de los medios públicos y la eliminación del Fomeca, las voces que narren y construyan el día a día del país se concentrarán mucho más en los grandes grupos privados y porteños. Con la disolución de la Defensoría se terminan los derechos de las audiencias y las minorías frente a esos emisores todopoderosos. Con la intervención del Enacom, el propio sector privado toma por asalto a través de un gobierno dócil la autoridad estatal que debe regularlo. De fondo, una preocupante pérdida de vigor para la democracia argentina, por una comunicación entregada a los intereses económicos.
El ómnibus viene de frente y a toda velocidad. El atropello parece inevitable. Habría que evitarlo.
