El Frente de Todos trató este miércoles, en comisiones de la Cámara de Diputados, distintas iniciativas sobre temas que el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, utiliza en la campaña para polarizar con su rival, el libertario Javier Milei. Se trata de propuestas para penar conductas negacionistas o apologistas de las dictaduras militares y un proyecto del Gobierno para aumentar el financiamiento educativo de seis a ocho puntos del PBI.
Como parte de esta estrategia, en el oficialismo evalúan convocar a una sesión el miércoles próximo o el martes 14, a pocos días del ballotage, en la que Milei debería ocupar su banca para votar. Juntos por el Cambio exhibió su grieta: el sector del PRO que apoya al libertario ignoró las reuniones y logró boicotear el dictamen sobre negacionismo, al no convocar a la comisión de Legislación Penal, presidida por María Luján Rey. Fue una orden del jefe de la bancada, Cristian Ritondo, encargado de reunir los respaldos para el economista en el bloque identificado con Mauricio Macri.
El debate fue en la comisión de Derechos Humanos, presidida por el oficialista Hugo Yaksy, quien deberá consensuar un dictamen que no contemple modificaciones al Código Penal. No podrían incluirse los aspectos centrales del proyecto de Eduardo Fernández, del Frente de Todos, que establece condenas de tres meses a dos años de prisión (excarcelables) por realizar apología "públicamente" del negacionismo. También contempla multas hasta de $ 100 mil a quien, además, participe de la organización de manifestaciones públicas para reivindicar el golpe militar.
Hay otras iniciativas similares presentadas por oficialistas como Carolina Moisés, Gisela Marziotta, Estela Hernández y Blanca Osuna. Mientras que Mónica Litza, también del FdT y cercana a Massa, propone crear un Observatorio de Convivencia Democrática. La convocatoria incluyó un proyecto de Mariana Stilman, de la Coalición Cívica, para incorporar el antisemitismo a la ley de actos discriminatorios. Fue la única presencia opositora de la reunión.
La idea de las autoridades de la bancada es lograr un dictamen unificado la semana que viene y llevarlo al recinto, pero antes deben asegurarse de no tener ausencias. La Comisión de Derechos Humanos volverá a reunirse el martes y Yasky anunció que asistirá el diputado del PRO, Alejandro Finochiaro, quien hace un mes cuestionó a Milei por negar la cifra de 30 mil desaparecidos durante la última dictadura. El escenario del ballotage lo obligará a tener más cautela.
El debate tuvo como invitados a representantes de organizaciones de derechos humanos, quienes refrescaron la legislación internacional vigente para penalizar el negacionismo. Los referentes del Frente de Todos apuntaron a Milei y a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel. “Necesitamos de este tipo de herramientas, como la penalización de los discursos de odio y negacionistas, en defensa de la democracia. Necesitamos que la democracia genere sus propios resortes de defensa”, sostuvo Marziotta.
En clave electoral, el jefe del oficialismo, Germán Martínez, destacó la ausencia de los representantes del PRO que acompañan a Milei. "Tenemos 35, 36 ó 40 diputados nacionales que están detrás de una propuesta que va al ballotage y se encuentran más cerca de acompañar posturas negacionistas como las que expresan Milei y Villarruel", destacó.
"La pregunta es si podemos garantizar que en este tiempo que viene los movimientos de la opinión pública sean los que tuvimos en los primeros años de democracia. O es tiempo para preparar otro tipo de anticuerpos", se interrogó el santafesino.
Grieta educativa
La otra iniciativa que impulsa Massa para exponer a Milei es la que aumenta de seis a ocho puntos del PBI la inversión mínima en educación; 6,5 para los niveles iniciales y 1,5 para el universitario. La idea es más que suficiente para increpar al libertario por su propuesta de mutar de la gratuidad al sistema de vouchers.
El proyecto contiene obligaciones para los establecimientos educativos. En el caso de los colegios primarios y secundarios se les requiere garantizar un mínimo de 190 días de clases y 25 horas semanales, duplicar la matrícula de educación técnica y cumplir con el derecho a la Educación Sexual Integral (ESI), que La Libertad Avanza, en su plataforma electoral, propone eliminar.
Las universidades, que financia íntegramente la Nación, para acceder a un incremento de la inversión deberían cumplir requisitos, como revisar la duración de las carreras, incorporar aquellas que puedan comprometer el interés público y sumar tecnología.
Este miércoles fue la tercera reunión informativa y expusieron funcionarios de las provincias y referentes de organizaciones estudiantiles. Participaron la ministra de Educación de Catamarca, Andrea Centurión; la vicejefa de Gobierno porteña electa, Clara Muzzio; la vicegobernadora electa de Entre Ríos, Alicia Aluani; y el jefe de gabinete de la dirección de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires, Pablo Urquiza.
Asistieron además Germán Pinazzo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento; Arnaldo Medina, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche; y Hugo Andrade, de la Universidad Nacional de Moreno. También estuvieron funcionarios del Ministerio de Educación y referentes estudiantiles, como Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y Sofía Yalj Harteker, presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N° 39 de Vicente López.
Fernández fue el hueso contra Milei: “No hay lugar para los vouchers, la educación arancelada y los ataques a la educación pública”, señaló. Harteker sostuvo que actualmente se incumple el financiamiento del 6% en educación. “No contamos con edificios propios y compartimos otros niveles. Tenemos problemas edilicios, no tenemos luz, hay goteras", describió la situación. El oficialismo intentará dictaminar el proyecto la semana que viene para llevarlo al recinto.
También en el Senado
Aunque no hay una sesión prevista en el corto plazo, en la Cámara alta también avanzó un proyecto que incomoda a Milei: la declaración como actividad esencial del desarrollo de la ciencia y la tecnología, presentado por la senadora oficialista, Silvina García Larraburu.
La iniciativa se aprobó en la comisión de ciencia y tecnología, sin ninguna voz en contra.
