La Casa Gris profundizará la disputa judicial y habló de un "debilitamiento" de la vieja guardia de la Corte: “Ya no hay mayorías automáticas”.
El gobierno de Santa Fe confirmó que apelará el fallo de la Corte Suprema provincial que declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones de privilegio. La vocera Virginia Coudannes anunció la decisión en redes y el ministro de Economía, Pablo Olivares, la ratificó luego con un dardo a la vieja guardia de jueces: dijo que se acabaron las “mayorías automáticas”.
Esta semana, el máximo tribunal de la bota se expidió en contra del tope equivalente a 20 haberes previsionales mínimos que la reforma de 2024 fijó para las jubilaciones más altas, al hacer lugar a los planteos de beneficiarios que habían recurrido a la Justicia.
La resolución representó un revés para una de las banderas con las que Maximiliano Pullaro defendió el saneamiento de una caja de Jubilaciones que, según el gobierno provincial, estaba al borde de la quiebra por el crecimiento del déficit.
Tras el traspié judicial, la primera respuesta oficial llegó por boca de Coudannes. En un video publicado en sus redes, la vocera sostuvo que la resolución beneficia a “un grupo muy reducido” y ubicó el conflicto en el terreno de los privilegios.
“Al fallo lo vamos a apelar porque nosotros elegimos una caja de Jubilaciones que sea para todos los santafesinos”, afirmó.
Horas después, Olivares ratificó la decisión durante la presentación de los resultados del primer semestre de la Ley Tributaria 2026.
El ministro de Economía evitó discutir en detalle los fundamentos jurídicos, pero dejó en claro que la Casa Gris no da la pelea por perdida. “Ya hemos definido que iremos por las instancias superiores para presentar el recurso, a nivel federal o nacional”, sostuvo.
Para Olivares, el eje no es el impacto económico sobre las cuentas provinciales sino, fundamentalmente, preservar el criterio solidario con el que se repartieron los esfuerzos para sanear la caja.
Con alrededor de 50 casos alcanzados —y cerca del 90% de los beneficios extraordinarios vinculados al Poder Judicial—, el impacto presupuestario es exiguo. Para la Casa Gris, sin embargo, el problema es otro: que quienes perciben los haberes más altos queden al margen del aporte exigido al resto de la sociedad santafesina.
Por ese motivo, el ministro eligió correr la discusión hacia el plano político y moral: “El mayor impacto está en el reparto ético de cómo se hacen los esfuerzos”.
Con esa definición, Olivares apuntó contra algunos encumbrados del único poder que no pasa por las urnas. De todos modos, evitó meter en la misma bolsa a todo el sistema judicial.
"No quiero involucrar a todo un poder que se compone de magistrados pero también de personal administrativo", aclaró.
El ministro también se refirió al otro frente judicial abierto por la reforma previsional: el aporte solidario aplicado a los haberes más altos. En ese caso, la Corte entendió que el planteo no podía resolverse mediante un amparo y debía continuar por la vía ordinaria.
Para la administración santafesina, de todos modos, la discusión tiene una fecha de vencimiento. Olivares recordó que el aporte dejará de cobrarse el próximo mes, tal como Pullaro había anticipado durante la apertura de sesiones ordinarias. “Estamos hablando de un asunto que en menos de 45 días va a dejar de tener efecto”, afirmó.
El fallo fue adverso para la Casa Gris, pero Olivares eligió poner el foco en cómo se construyó la mayoría. La vieja guardia de magistrados logró imponer su criterio por apenas cuatro votos contra tres y dejó expuesto públicamente algo que ya se daba por descontado puertas adentro: su histórica estructura de poder empezó a resquebrajarse.
“Ya no hay mayorías automáticas”, lanzó el ministro, picante, pero como al pasar. La frase fungió como un dardo contra los supremos que todavía resisten el recambio impulsado por Pullaro, pero también como una reivindicación de la transformación que atravesó el tribunal desde el inicio de su gestión.
La declaración de inconstitucionalidad fue sostenida por Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rubén Weder, el único de los cuatro que no supera los 75 años. Del otro lado quedaron Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Daniel Erbetta, una minoría que dejó a la vieja Corte con el margen mínimo indispensable para imponerse.
Para el gobierno provincial, el resultado convierte la aparente muestra de fuerza de los magistrados en un triunfo apenas parcial. Lograron golpear una de las banderas de la reforma previsional, pero con una mayoría mínima y mientras avanza un proceso de renovación que los corre, de a uno, del juego de la silla.
El próximo movimiento será la salida de Spuler, prevista para el 1 de septiembre. Su reemplazo volverá a modificar el equilibrio interno de un tribunal en el que Falistocco y Gutiérrez todavía deben confirmar cuándo dejarán sus cargos.
