Todos los bloques acompañarán el convenio que Weretilneck firmó con Southern Energy y San Matías Pipeline. Se estiman ingresos por 36 millones de dólares.
La Legislatura de Río Negro se encamina a una semana decisiva con una agenda cargada de temas estratégicos que combinan desarrollo económico, reformas estructurales y propuestas en materia de seguridad pública. El eje estará puesto en el tratamiento del acuerdo millonario para la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) y la desregulación de farmacias.
El temario comenzará a definirse este martes en el plenario de comisiones y en Labor Parlamentaria, mientras que el jueves se realizará la sesión en el recinto, donde se tratarán los principales proyectos enviados por el Poder Ejecutivo junto con otras iniciativas legislativas que buscan abrir nuevas discusiones en la provincia.
A un año de las elecciones, las inversiones en torno al GNL en Río Negro dejan a un costado las diferencias políticas y proyectan un futuro común para la provincia. Aunque existirán cuestionamientos, todos los bloques acompañarán el proyecto del oficialismo y avalarán los convenios rubricados por el gobernador Alberto Weretilneck.
El acuerdo firmado por Weretilneck con los consorcios Southern Energy (SESA) y San Matías Pipeline (SMP) constituye uno de los proyectos energéticos más ambiciosos de Río Negro. El convenio establece las bases para desarrollar infraestructura destinada a exportar GNL desde el Golfo San Matías, con proyección de inicio operativo hacia 2027.
La iniciativa incluye la instalación de dos plantas flotantes de licuefacción, la construcción de un gasoducto desde Vaca Muerta, una planta compresora, ductos terrestres y submarinos, y una base logística en San Antonio Este. Se trata de una obra de gran escala que posiciona a la provincia como un actor clave en el mercado energético internacional.
En términos económicos, el acuerdo prevé ingresos directos iniciales por 36 millones de dólares. Un primer desembolso de 18 millones se concretaría dentro de los 90 días posteriores a la ratificación legislativa, mientras que el resto estará atado a la puesta en marcha del proyecto, incluyendo la operación del buque Hilli Episeyo y el futuro gasoducto dedicado.
El convenio también establece un esquema de aportes anuales variables, vinculados al precio internacional del GNL, con un tope de hasta 20 millones de dólares por año. Estos pagos estarán sujetos a que las plantas operen al menos al 90% de su capacidad, lo que introduce un componente de eficiencia productiva en los ingresos provinciales.
A esto se suma un canon fijo anual de 1,22 millones de dólares por el uso del dominio costero y los recursos hídricos, además de tasas ambientales y cargos durante la etapa de construcción. Sin embargo, el acuerdo también contempla amplias exenciones fiscales, ya que las empresas no pagarán Ingresos Brutos ni impuesto de Sellos en actividades vinculadas al proyecto y contarán con estabilidad fiscal por 30 años.
El debate legislativo estará atravesado por la necesidad de equilibrar la atracción de inversiones con la defensa de los recursos provinciales, en un contexto donde la energía aparece como motor de desarrollo económico. Todos los bloques legislativos darían el buen visto con el acuerdo, aunque según se plantea en los pasillos de la Legislatura, algunas voces opositoras interpondrían algunas objeciones apuntadas a generar más valor agregado y puestos trabajos registrados en el sector energético.
Otro de los puntos centrales de la semana será la reforma del sistema farmacéutico, que propone una actualización integral de la Ley Nº 4.438 del 2009 de Río Negro. El proyecto impulsa la desregulación del sector, habilitando la instalación de farmacias sin restricciones de distancia y permitiendo que cualquier persona física o jurídica pueda ser propietaria, siempre con un director técnico farmacéutico.
Además, incorpora herramientas como la receta electrónica obligatoria, la telefarmacia y la entrega de medicamentos a domicilio, con el objetivo, según pregona el gobierno provincial, de mejorar el acceso y modernizar el sistema de salud.
Sin embargo, durante el tratamiento en la comisión de Asuntos Sociales, presidida por Fabián Zgaib, surgieron fuertes cuestionamientos por parte del sector. Con la presencia del ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, y representantes de farmacias de toda la provincia, se plantearon reparos sobre el impacto de la desregulación.
La presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Alejandra Fanloo, advirtió que la eliminación de límites geográficos podría favorecer la concentración del mercado y poner en riesgo la continuidad de farmacias con la posibilidad del cierre de cientos de ellas. También cuestionó que se habilite la propiedad de farmacias a personas sin formación específica. Tras el debate, el Ejecutivo anticipó que podría introducir cambios en el proyecto este martes.
En este contexto, también comienza a tomar relevancia una iniciativa vinculada a la seguridad pública. La legisladora Yolanda Mansilla, del bloque Primero Río Negro, presentó un proyecto de ley para autorizar y regular el uso de armas no letales por parte de la Policía provincial.
La propuesta busca incorporar herramientas intermedias que permitan un uso gradual de la fuerza, evitando recurrir directamente a armas de fuego en situaciones que no impliquen riesgo extremo de vida. Entre los dispositivos contemplados se incluyen pistolas de incapacitación neuromuscular tipo Taser, aerosoles irritantes, proyectiles de goma y granadas de distracción.
El proyecto establece que solo podrán utilizar estos dispositivos los agentes que cuenten con capacitación específica y exige que cada intervención sea registrada mediante sistemas de audio y video, como mecanismo de y transparencia. Además, delimita su uso a escenarios de “peligro inminente”, como ataques con armas blancas o situaciones de desventaja operativa.
