Elimina el paso judicial si hay acuerdo de las partes. Dudas de especialistas. La iniciativa fue eliminada de la ley ómnibus por lobby de colegios de abogacía.
El Gobierno impulsa un proyecto para habilitar el divorcio expres
El gobierno de Javier Milei envió un proyecto al Congreso para habilitar el divorcio exprés, sin pasar por Tribunales si hay acuerdo entre las partes. Lo hace al modificar el artículo 437 del Código Civil y Comercial, que hasta ahora establece que la ruptura de un vínculo se concreta judicialmente “a petición de ambos cónyuges o de uno de ellos”.
El proyecto promovido por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, permite hacer el trámite “en sede administrativa, exclusivamente a petición conjunta de ambos cónyuges, ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al último domicilio conyugal”.
Con el Código Civil actual, modificado en 2015, el vínculo se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges, sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento y divorcio declarado judicialmente. Se sumará como cuarta opción el divorcio en sede administrativa. De esta forma, se podrían concretar los divorcios evitando ir a la Justicia y hacerlo directamente en el Registro Civil.
La medida formó parte de la ley ómnibus y fue excluida por pedido de la oposición. Influyó en la decisión el lobby de los colegios de abogados, molestos porque habrá menos litigios.
En el texto de la iniciativa enviada al Congreso se indica que “se propone implementar un divorcio simplificado con mayor libertad y menos oneroso, permitiendo de esta manera a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, más rápida y más económica”.
Se argumenta que “los divorcios judiciales demandan tiempo y dinero”, ya que “un divorcio por vía judicial conlleva el gasto de sumas de dinero sustanciales por el costo del proceso y todo lo que ello implica”.
“Además, el tiempo que insume el referido proceso implica para las partes que durante ese período de tiempo no podrán disponer de algunos de sus bienes con entera libertad. Sumado a ello, los divorcios judiciales generan un incremento del número de causas en el sistema judicial. Procesos que podrían tramitarse por medio de una vía administrativa inundan los tribunales, generando lentitud en el sistema y costos que recaen indirectamente sobre los contribuyentes”, critica la administración libertaria.
Con todo, hay dos miradas sobre el tema, como lo expuesto por Sergio Duarte, director del Registro Civil de Santa Fe.
“Por un lado, puede ser cierto que contribuya a facilitarle la vida a la gente porque se esquiva la parte judicial, que muchas veces demora. Pero también hay una cuestión que no es menor, que es la seguridad jurídica. Siempre los procesos judiciales garantizan protección a la parte más débil”, enfatizó el funcionario al sitio UNO Santa Fe.
Aseguró que las oficinas están en condiciones de implementarlo “sin ningún problema, porque sería un trámite más”. Sin embargo, admitió complejidades a la hora del tráfico de actas entre provincias en situaciones en las que un matrimonio consumado en otra jurisdicción quiera divorciarse en Santa Fe, o viceversa.
La cordobesa Luciana Ulla, especialista en derecho de familia, opinó sobre el posible impacto de esta reforma. En diálogo con el Canal C, manifestó su preocupación sobre este proyecto: “No se conocen los detalles, no sabemos cómo van a instrumentar, qué va a pasar con los bienes de la sociedad conyugal, qué va a pasar con los hijos que se encuentran en edad alimentaria”. La letrada explicó que su inquietud se debe a la falta de claridad sobre cómo se implementarán los nuevos procedimientos y qué implicaciones tendrá para las familias.
Además, Ulla criticó la idea de que este nuevo enfoque proporciona mayor libertad a los cónyuges. “Para mí es sólo un eslogan decir que tiene más libertad divorciarse administrativamente. Con la misma libertad con la que me caso, me puedo divorciar. En Córdoba capital, las personas se pueden divorciar en 14 días llegando a un acuerdo”, comentó.
Ulla también se refirió a las cuestiones económicas relacionadas con el nuevo marco legal, señalando que “el Código ya prevé que cuando son deudas que hacen al desarrollo familiar, le corresponden a ambos. Pero los gastos superfluos le corresponden a cada cónyuge por separado”.