Presentaron un proyecto con firmas de Unión por la Patria, PU y la Coalición Cívica. Quieren usar los aportes del Tesoro, que van a las provincias, para dar aumentos.
El Gobierno recibió este miércoles el primer mensaje de la oposición en la Cámara de Diputados en vísperas de las sesiones ordinarias, que empiezan el lunes: con firmas de diferentes bloques enfrentados a Javier Milei, presentó un proyecto para declarar la emergencia salarial docente en todo el país, que consiste en usar fondos de los ATN para mejorar el sueldo de maestros.
La iniciativa se denomina “Ley de Fortalecimiento Salarial Educativo” y fue firmada por Nicolás Trotta de Unión por la Patria; la monobloquista cordobesa Natalia de la Sota; Miguel Pichetto, de Encuentro Federal; Marcela Pagano, de Coherencia; Esteban Paulón, de Provincias Unidas; y Mónica Frade, de la Coalición Cívica.
Suscribieron, además, integrantes del peronismo que representan a Formosa, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Jujuy, La Pampa y San Juan, entre otras provincias. Con este nivel de respaldo, como mucho, la oposición queda a poco más de diez votos para aprobar el texto, aunque el debate presionará a la UCR, el PRO y a gobernadores aliados de la Casa Rosada, que tienen en los ATN una forma de garantizar su fidelidad.
Es por eso que difícilmente el oficialismo habilite el debate, aunque deberá juntar los votos para que no avancen intentos de convocar a comisiones cuando vuelva a abrir el recinto. El Gobierno tiene otro debate educativo en carpeta: el financiamiento universitario, un proyecto con el que busca aminorar las obligaciones que impone la ley de emergencia sancionada el año pasado.
La discusión por los salarios de los docentes es incómoda para el Gobierno, porque si bien no paga esos haberes, alimenta el reclamo de las provincias por fondos atrasados. Además, los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) son la prenda de cambio de la administración libertaria para sostener sus vínculos con las provincias. Con esta ley tendrán otro destino.
El proyecto de la oposición se enmarca en una pérdida de poder adquisitivo del 19% de los docentes desde la asunción de Milei, y de una caída de la inversión educativa real del 47,7%, y 37,6% en relación al PBI (0,82% en 2025 frente a 1,4% en 2023). Los autores del proyecto sostienen que es el nivel más bajo de los últimos 20 años.
Según el diagnóstico de la oposición, esta situación se agrava por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente clave del salario que complemente los ingresos docentes en todo el país.
La oposición recuerda además que, en este contexto, el Gobierno pretende declarar a la educación servicio esencial y reducir las medidas de fuerza. La medida se encuentra en la reforma laboral, que este viernes sería convertida en ley, durante la sesión del Senado.
La propuesta que empezará a discutirse en marzo contempla un Fortalecimiento Salarial Educativo, financiado con el 1% del Fondo de ATN, con asignación específica y distribución automática. "La idea es que los recursos lleguen directamente al recibo de sueldo docente, sin discrecionalidad ni intermediaciones. Sólo así podemos garantizar un federalismo real", señalan.
El proyecto incluye un complemento federal para docentes, directivos y no docentes de la educación obligatoria estatal. Sería de $52.269 por mes, sumado a una Compensación Federal adicional de $67.204 para quienes se desempeñan en escuelas de alta vulnerabilidad.
El nuevo incentivo representa cerca de $119.473 adicionales por cargo entre marzo y diciembre, con prioridad a quienes se desempeñan en contextos de mayor vulnerabilidad.
Además del impacto salarial, el proyecto se dispone a financiar la infraestructura escolar. Propone destinar los recursos del Fondo de ATN correspondientes a 2025 que no fueron ejecutados, por un total de $740.500 millones, para obras, reparaciones y mantenimiento en todo el país. Se trata de una inversión clave para sostener a 44.460 escuelas, 7.458.411 estudiantes y 916.674 trabajadores de la educación que hoy se ven afectados por el recorte.
Además, el 75% del remanente del Fondo de 2025 será destinado a la mejora de la infraestructura edilicia educativa de gestión estatal de nivel inicial, primario y secundario, mientras que el restante 25% será específicamente destinado para establecimientos de educación técnica de nivel secundario de gestión estatal.
"La situación actual no responde a un hecho fortuito, sino a una determinación política del gobierno. El poder ejecutivo nacional ha optado por desestimar su responsabilidad en la materia, transfiriendo el costo de la crisis a las provincias”, señalaron los autores del proyecto.
